Escrivá garantizará como gobernador del Banco de España políticas neoliberales en contra de los derechos sociales

Los debates falsos son en los últimos tiempos el deporte nacional, y el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España no podía quedar fuera de la ceremonia. El PP lidera la revuelta secundada alegremente por medios y tertulianos, que asumen el ridículo argumento de que alguien que trabajó en el Servicio de Estudios de la institución, fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo y dirigió la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), no debería ocupar el cargo porque también ha sido ministro. Lo que tendría que preocupar a todos los españoles no es esto, sino que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a perder la ocasión de hacer algo de izquierdas, al poner al frente del instituto a un economista neoliberal que recomendará políticas contrarias a los derechos sociales y garantizará desde su puesto en el BCE que se pongan en práctica en toda Europa.

Aclaremos qué es el Banco de España. Desde que se convirtió en un auténtico banco central en 1921, aunque se fundó en el siglo XVIII, tenía como principal función la política monetaria, es decir, ajustar el tipo de cambio de la antigua peseta y el precio del dinero a las necesidades de la política económica del gobierno de turno. Tras la creación del euro, la soberanía española en esta materia quedó en manos del BCE, que sube y baja los tipos de interés se supone que en función de su principal objetivo, controlar la inflación en la Eurozona, lo que muchas veces está en contra de lo deseado por el Ejecutivo español. Desde entonces, el gobernador se sienta con los del resto de los países del eurosistema en el Consejo de Gobierno del BCE y participa en sus decisiones colegiadas. Al antiguo “instituto emisor” le queda solo una función importante, el control del sistema financiero, es decir, vigilar que los bancos españoles actúen conforme a la ley, algo que más de un titular del cargo descuidó durante su gestión. Según su Ley de Autonomía, además “apoyará la política económica general del Gobierno”, lo que hace por medio de estudios o recomendaciones del gobernador que no son de obligado cumplimiento. Queda demostrado que, contra lo que insinúan el PP y los medios, la institución no tiene capacidad de control sobre el Ejecutivo.

Escrivá suele presumir de que él creó el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020, olvidando que era una iniciativa de Unidas Podemos y del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030

"Muy pocos economistas tienen el conocimiento y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España”. Así defendió el nombramiento el presidente del Gobierno. Curiosamente nadie de la derecha niega la cualificación del ministro, ya gobernador, por formación o experiencia. Las críticas son sobre la “oportunidad" del mismo, como si el nombrado fuese a cambiar ideológicamente en un año apartado de cargos públicos o como si haber pasado por un gobierno fuera un estigma, casi un delito. Quizá este argumento del PP se deba a su propia experiencia con los ministros de Aznar y Rajoy, pero esa es otra historia.

Alberto Núñez Feijóo, si hubiera llegado a La Moncloa, podría haber hecho gobernador a Escrivá por la misma razón que Mariano Rajoy le designó para dirigir la AIReF: es un economista conservador, de los llamados clásicos, un neoliberal. Es cierto que tiene un curriculum impresionante y que es un hombre inteligente, lo que le hace todavía más peligroso para los intereses de los ciudadanos españoles y, en pequeña medida desde el BCE, de los europeos. Durante su paso por los gobiernos de Sánchez como titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre 2020 y 2023, en coalición con Podemos, y en la actual coalición con Sumar, como ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha demostrado con creces su capacidad para asumir un relato que podría tildarse de “progresista” en contraposición a una gestión a favor de los intereses de la derecha, la banca, las grandes empresas y los ricos.

Escrivá suele presumir de que él creó el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020, olvidando que era una iniciativa de Unidas Podemos y del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030. Entonces ambos miembros del Gobierno se fijaron el objetivo de llegar a 850.000 hogares con 2,3 millones de personas, de las que un millón estarían en pobreza extrema.

El otro “logro” del nuevo gobernador como ministro fue la reforma de las pensiones. Ya desde su paso por la AIReF se hartó de decir que el sistema de pensiones español es sostenible, en contra de los augurios catastrofistas de la derecha y sus consiguientes recomendaciones para reducirlas. El mensaje parecía de izquierdas, pero luego llegaron los hechos legales

La realidad en abril de 2024, cuando hace años que Iglesias dejó el Ejecutivo, es que solo 590.000 hogares, 1.770.000 personas, se benefician del mismo —si se suman quienes lo han recibido a lo largo de sus casi cuatro años de existencia, las cifras se acercan al objetivo—. Escrivá diseñó un sistema en el que pedir el IMV es casi imposible para las personas en situación de exclusión porque la Seguridad Social les exige documentos y capacidades que no tienen, por eso muchos de los más necesitados renuncian a pedirlo. Los requisitos para concederlo son demasiado estrictos, los trámites farragosos y lentos y, lo peor de todo, la prestación es incompatible con otras y se ha llegado a pedir la devolución a muchos perceptores sin que hubieran cambiado sus circunstancias vitales. Estamos ante un triunfo del neoliberalismo del PSOE al llevar cerca del fracaso una política igualitaria imprescindible.

El otro “logro” del nuevo gobernador como ministro fue la reforma de las pensiones. Ya desde su paso por la AIReF se hartó de decir que el sistema de pensiones español es sostenible, en contra de los augurios catastrofistas de la derecha y sus consiguientes recomendaciones para reducirlas. El mensaje parecía de izquierdas, pero luego llegaron los hechos legales. La reforma incluye el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones a 29 años —actualmente son 25— al ritmo de sumar seis meses cada año hasta 2044. Esta medida rebajará las pensiones futuras de quienes tienen menos de 50 años. Lo prueba el hecho de que la ampliación de 15 a 25, realizada en 2011 por el Gobierno de Zapatero, ha supuesto, según el Banco de España, una bajada del 5% de la pensión media desde 2022 a la actualidad.

Además, la reforma prevé un mecanismo automático que faculta al Gobierno a “tomar medidas adicionales”, lo que en neolengua significa recortar prestaciones o subir cotizaciones, si a partir de 2025, prácticamente mañana, los nuevos ingresos del sistema no cubren el aumento esperado del gasto. Estas medidas las podía haber aprobado un hipotético gobierno de Feijóo, pero llevan el sello de Escrivá, ese ministro del PSOE.

Entre todo el batiburrillo de declaraciones de políticos y afirmaciones taxativas de tertulianos, presentadores de informativos o editoriales de periódicos en contra de la elección de Sánchez, destacan por el lado contrario las felicitaciones de la banca al nuevo gobernador. Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, la primera entidad española, le ha deseado “lo mejor” y ha anunciado: “Seguiremos colaborando como siempre” con el Banco de España. El BBVA, segundo en el ranking, en un comunicado hace la misma promesa y, tras felicitar a Escrivá, destaca que su “dilatada experiencia” incluye que trabajó en esa entidad entre 2004 y 2010, como jefe del Servicio de Estudios y director de BBVA Research. Es evidente que este gobernador es para los banqueros “uno de los nuestros”. Después, recordemos que su principal función es vigilarlos a ellos. Cada lector podrá sacar fácilmente sus conclusiones.