Galicia: dominio conservador sin alternativa
Después de un tiempo de interinidad en la Xunta de Galicia por la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Génova como campamento base de su deseado asalto a la Moncloa, la mayoría absoluta de Alfonso Rueda reforzó su liderazgo, que había nacido como una designación burocrática establecida por la propia jerarquía gubernamental: que el número dos de Feijóo ocupase su lugar favorecía la no siempre fácil convivencia entre las familias del PPdeG, al tiempo que cerraba las posibilidades de un Congreso en el que habían podido aparecer diferentes candidatos para liderar el partido.
Tras su victoria en las elecciones autonómicas del 18F, Rueda comenzó a actuar de forma contundente tanto en la interna del partido como en el propio Gobierno, reforzando su autoridad. Eliminó las vicepresidencias igualando por abajo a todos los miembros del Consello de la Xunta, degradando así a Diego Calvo, el ambicioso presidente del partido en la provincia de A Coruña. La anteriormente conselleira de infraestructuras Ethel Vázquez, que junto con Rueda tenía una mayor antigüedad en el Consello de la Xunta, pasó a formar parte de la mesa del Parlamento de Galicia.
Pero seguramente la operación de más calado político fue finiquitar sin apenas costes a la dinastía de los Baltar en Ourense, que controlaba desde 1990 la Diputación provincial entronizando como nuevo presidente a Luis Menor, una figura emergente en este nuevo tiempo. Estos son los movimientos más visibles, pero en la composición de los gabinetes y en la conformación de equipos este trabajo de formateo al servicio del nuevo presidente no para.
En Galicia, el Partido Popular fue capaz de construir, durante el fraguismo, su hegemonía apropiándose del capital simbólico y cultural del propio país. Al contrario de lo que pasa en el País Vasco y en Cataluña, tenemos un PPdeG que habla gallego y que incorpora dentro de su imaginario elementos de galleguismo banal. En su momento Fraga Iribarne lo utilizó para normalizar su propia figura en términos democráticos y limpiar en la medida de lo posible su pasado como ministro de la dictadura franquista. Luego el león de Vilalba quería que la Xunta de Galicia fuera la “administración única” e incluso reclamaba las competencias para el control del tráfico aéreo.
Núñez Feijóo heredó ese marco simbólico pero abandonó las demandas vinculadas al fortalecimiento del autogobierno. Alfonso Rueda, que se manifestó en su día con la entidad ultra Galicia Bilingüe en contra de las medidas normalizadoras del idioma gallego realizadas por el gobierno de Touriño y de Quintana, no parece que vaya a escoger un camino diferente. Reaparecen sólo como parte de un relato para confrontar con el gobierno de Sánchez.
Rueda frente a Sánchez
El pasado viernes 20 de septiembre tuvo lugar la primera reunión de Rueda con el presidente Sánchez desde las pasadas elecciones autonómicas. Calificada de fracaso absoluto por el BNG y el PSdeG, fue una evidencia de la subordinación de Rueda a la agenda genovesa.
Siguiendo la línea que había marcado la señora Díaz Ayuso, la financiación autómica y la quita de la deuda no estuvo presente, lo que hizo que la señora Ana Pontón pida la comparecencia de Rueda en el Parlamento de Galicia. Esta es la política de desgaste a la que se quiere someter al gobierno de coalición progresista: un frente común contra el acuerdo del PSC y de ERC. En un auténtico ejercicio de contabilidad creativa el equipo económico de la Xunta de Galicia se atrevió a calcular el “coste para los gallegos” del acuerdo, que cifran en más de 400 millones de euros al año.
El único anuncio es el desbloqueo de la Ley del Litoral, una norma autonómica que pretende flexibilizar los criterios para los usos empresariales y de promoción inmobiliaria en la costa gallega. Es curioso que sea sólo en esta cuestión en la que Rueda y Sánchez sean capaces de llegar a un acuerdo. Retóricamente, el PPdeG consideró el bloqueo de esta norma como una injerencia de Madrid en la autonomía gallega. Es necesario recordar que desde 2009, año en el que el PPdeG recuperó el gobierno de la Xunta después del bipartito PSdeG-BNG, no fueron transferidas nuevas competencias de las que quedan por desarrollar del Estatuto de 1981.
El debate que se encuentra oculto hoy es el papel que tendrá Galicia en la nueva conformación del Estado. La subordinación de la agenda institucional a la partidaria tendrá repercusiones muy graves, en un debate que no está presente hoy ni en los medios ni en la sociedad. Resulta evidente que la constitución material del Estado está siendo modificada y que serán las comunidades forales, Madrid y Cataluña las que tendrán un mayor protagonismo y también unos mayores recursos.
La oposición en sus laberintos
El BNG no termina de encontrar su lugar. Su primera iniciativa de calado en el Parlamento de Galicia consiste en aprovechar sus 25 diputados para activar de forma unilateral una comisión de investigación para elaborar una auditoría de las cuentas de la Xunta, comenzando por los sobrecostes en la edificación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que el Consello de Contas - organismo dependiente de la propia Xunta - cifra en más de 400 millones.
Esta iniciativa reforzará el marco estatal del debate. Situará en la diana a Núñez Feijóo y no tanto a Rueda, ya que se repiten las noticias entre su entorno y determinadas empresas e intereses que facturan con la administración autonómica. En ese sentido el actual gobierno gallego pasa, inexplicablemente, a un relativo segundo lugar. Ganará así protagonismo el PSOE. Es de suponer que toda la maquinaria de Ferraz se pondrá a trabajar en las conclusiones e informaciones que pueda dar.
El BNG se liberó de la presión que ofrecía el espacio del cambio en Galicia, y que en el ciclo 2012-2022 lo llevó a tener los peores resultados de su historia reciente. La ausencia de esta competencia en el espacio de la izquierda y del nacionalismo hace que transite del resistencialismo a una posición ciertamente acomodaticia, que en estos años nunca terminó de abandonar, especialmente en aquellas instituciones que gobierna, en muchos casos siendo el socio minoritario del PSdeG.
El BNG tiene tareas pendientes, como las de conseguir consolidar el electorado urbano y joven. Si en las últimas elecciones generales tuvo un 9,41% - en ellas siempre marca su suelo -, en los cuatro meses que separaron las convocatorias pasó de un 31,57% en las autonómicas a un 16,13% en las europeas. La tarea que tienen pendiente, a la que no parecen mostrar demasiada atención, es la de fidelizar un espacio de representación que tiene vasos comunicantes con el PSdeG, Sumar y Podemos.
El PSdeG más que un partido es un conglomerado de agrupaciones locales. Gómez Besteiro es el décimosegundo Secretario General que tiene desde el año 1977, lo que evidencia una falta de continuidad en los liderazgos que impide la consolidación del proyecto a nivel gallego. Vive de las inercias de sus gobiernos municipales y del reflejo de la acción política del Ejecutivo del presidente Sánchez.
En este momento Gómez Besteiro tiene que gestionar los peores resultados históricos de la formación, en un momento en el que la ausencia de recursos hace que las costuras internas salten. Han abierto un expediente interno a los ediles de Santiago de Compostela que podría conllevar la expulsión del partido por proponer un marco regulatorio para la vivienda turística como el que había elaborado la socialista Mercedes Rosón en el mandato anterior. Con independencia de otras consideraciones, muestra falta de autoridad y de control interno de la organización.
En las calles, las muestras de indignación se repiten a lo largo y ancho del país, vinculadas fundamentalmente a la situación precaria de la sanidad y al inicio del curso escolar, en el que se evidencia el deterioro de lo público. En los despachos parece que la prioridad fundamental es permitir el aterrizaje de Altri en Galicia, una transnacional portuguesa que pretende instalar una marco-celulosa en la comarca de la Ulloa, rica en explotaciones agrarias y ganaderas por la que pasa el Camino de Santiago. Mientras que el BNG se opone a su construción, el PSdeG y el gobierno de Sánchez mantienen posiciones ambiguas.
La alternativa pasaría en estos momentos por recoger las demandas de la calle y por plantear escenarios de mobilización social fuera de lo institucional, pero en estos momentos la agenda de las organizaciones con representación no parece que estén por la labor. El BNG tiene un escenario favorable con un PSdeG muy debilitado y no tiene demasiado interés en que se mueva nada. Rueda es el único que actúa conforme al papel que le toca representar.
