Los siete manifestantes enjuiciados por la huelga del metal de Cádiz se ven obligados a llegar a un acuerdo con la Fiscalía

La mañana del jueves 19 de septiembre tuvo lugar el juicio de los siete manifestantes arrestados tras las huelgas de los trabajadores del metal en Cádiz en 2021. Esta huelga de nueve días fue convocada por el segundo sector económico más importante de la provincia, y llevó a la calle a cientos de trabajadores del metal y vecinos del barrio obrero de Río San Pedro. Las huelgas se caracterizaron por la fuerte represión policial con la que se respondió, la cuál culminó en imágenes de una tanqueta militar enviada por el ministerio de Interior, por entonces bajo el mando de Grande-Marlaska, patrullando las calles de la ciudad.

Los acusados se enfrentaban a una pena de tres años de prisión cada uno por delitos de desorden público y atentado contra la autoridad, el cuál amenazó la Fiscalía General que sería aumentado a cuatro años si no se alcanzaba un acuerdo y se llegaba a juicio. La Fiscalía emitió un documento jurídico en el que sostenía que los trabajadores lanzaron “botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, a pesar de que no añadía pruebas físicas de los supuestos actos. Además, fueron acusados de crear barricadas en las calles para dificultar la circulación de los coches policiales, y hasta de quemar un coche patrulla camuflado, lo cuál fue posteriormente desestimado.

El día del juicio se reunieron frente a la Audiencia Provincial de Cádiz decenas de personas en apoyo de los acusados, convocadas por colectivos y sindicatos como la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) de la Bahía de Cádiz. Su portavoz denunció ante los medios que la lucha de los trabajadores para defender sus derechos no puede ser objeto de la represión que han sufrido los siete procesados en este caso, y que las autoridades "pretenden frenar al movimiento obrero, pero los sindicatos alternativos estamos cada vez más organizados y no vamos a consentir este ataque brutal"

Finalmente, uno de los acusados ha sido absuelto y los seis restantes han llegado a un pacto con la Fiscalía que ha reducido su condena a un año y medio de cárcel, lo que incluye que no tendrán que ingresar en prisión si no cometen delitos en los dos años posteriores. La CTM ha comunicado que comprende que los trabajadores hayan llegado al acuerdo, pero que sin embargo esto constituye una derrota para los intereses de la lucha sindical.

La CTM ha reclamado en redes sociales la derogación de la Ley Mordaza y ha denunciado que los siete “han sido encausados por una ley que el gobierno más progresista de la historia lleva derogando desde hace no sabemos cuantos años”, y recalca que “los motivos por los que fuimos a la huelga siguen existiendo”. Tras nueve días, la huelga acabó con la firma de un nuevo convenio colectivo para los trabajadores del metal entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras. Sin embargo, los enjuiciamientos continuaron por parte de la Fiscalía General y se desestimaron las denuncias de brutalidad policial realizadas por la Coordinadora, por lo que no se ha dado ninguna toma de responsabilidad por parte del gobierno ni las autoridades policiales.