La nueva presidenta del CGPJ, 39 años de Carrera Judicial y un bajo perfil mediático

Como anunciábamos ayer, Isabel Perelló fue elegida presidenta de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por 16 votos a 12, es decir, con un respaldo mayor del mínimo exigido legalmente de tres quintos, es decir, 12, con lo cual el sector que no le convencía esta propuesta, fue minoritario.

Además de ser presidenta del CGPJ, al mismo tiempo lo será del órgano en el que ya venía ejerciendo, el Tribunal Supremo. También ostentará el voto de calidad del CGPJ, es decir, en caso de empate, su voto será el que incline la balanza de un lado u otro.

Las reacciones al nombramiento de los medios de comunicación y de las asociaciones de los jueces no tardaron en llegar.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), declaraban al Confilegal: “lo más positivo es que es la primera vez que se elige por los vocales al presidente del Consejo y del Supremo. O presidenta, en este caso”, y recalcaban que la elección se hacía sin presiones políticas, destacando su importancia y refiriéndose a que por primera vez la elección de este no ha venido de la mano con la propia renovación por parte de los partidos políticos, situación que se daba en las anteriores ocasiones.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), consideraban hito histórico que sea una mujer la que ocupe la presidencia, pero matiza que no solo coincide que sea una mujer, sino que cumple con los principios de excelencia, mérito y capacidad.

Jueces y Juezas para la Democracia lo calificaba de un paso más hacia la igualdad y como un representante del cambio de tendencia respecto de anteriores políticas del CGPJ.

El Foro Judicial Independiente le congratula saber que se ha elegido a una persona que no había sido señalada, al menos de manera pública, por ningún partido político. También señalaban como remarcable que sea la primera mujer presidenta de una Carrera Judicial compuesta mayormente por mujeres.

Todas las asociaciones coincidían en la profesionalidad, curriculum y capacidad de Perelló para desempeñar las labores que ahora le esperan en su nuevo cargo dentro del Poder Judicial.

En cuanto a sus casos más célebres, la realidad es que es una magistrada que ha estado alejada del mundo mediático, sin embargo, se pueden destacar tres momentos en los que sus decisiones estuvieron en la lupa del país.

En primer lugar, fue la ponente del auto en el que el Tribunal Supremo rechazo la revisión de los votos nulos que solicitó el PSOE durante las elecciones generales del 23 de julio. La Magistrada argumentó que la diferencia numérica no era base suficiente como para la revisión de unos 30.000 votos nulos, ya que no se acreditaba una probabilidad razonable de que esto tuviera incidencia en el resultado final del escrutinio. Puntualizó también que el PSOE no había aportado los elementos suficientes que permitieran verificar la relevancia de la revisión de estos votos.

Otra situación fue que, en 2014, firmo una carta acusando a Carlos Lesmes de utilizar lenguaje sexista, ya que este firmó una en una misiva de bienvenida “queridos compañeros”. La magistrada junto a Margarita Robles y Celsa Picó, compañeras de tribunal en aquel momento, le recriminaron a Lesmes excluir a las mujeres y no tener en cuenta lo dispuesto en la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el cual señala la necesidad de implantar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.

Por último, al estar la Magistrada especializada en lo Contencioso-Administrativo y precisamente estar en la Sala del Supremo encargada de estos asuntos, tuvo que ser ponente de un recurso venido de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el cual se sancionaba con 48 millones de euros a Renault, Peugeot y Citroën. La Magistrada confirmó la sanción, ya que esta presentaba interés para aportar claridad acerca de los criterios bajo los cuales compartir información estratégica con otras empresas, en este caso del sector de fabricantes e importadores de vehículos a motor en el país, y sin ser esta información de precios o cantidades a futuro, podía ser calificada como cártel, cuestión ilegal en el ordenamiento jurídico español. La magistrada sentenció que conforme la jurisprudencia de la sala y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos intercambios de información tienden a hacer desaparecer la incertidumbre del mercado y tiene aptitud para homogeneizar los comportamientos comerciales, con lo cual se trataba de una falta muy grave y encajaba en la definición de cartel conforme la normativa vigente.

En otra actuación, en la cual la Comunidad de Madrid planteo un recurso pidiendo la nulidad de la concesión directa de subvenciones a País Vasco, Extremadura, la Comunitat Valenciana y Navarra en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, la Magistrada concedió parcialmente la anulación por no haber justificado la Administración acudir al procedimiento excepcional de concesión directa de estas subvenciones, ya que entendía que no había motivos en los alegados por el gobierno para usar este procedimiento. El Gobierno esgrimió razones genéricas como: “el interés público, económico y social”, sin embargo, la Magistrada aclaro que debían subyacer especiales motivos detrás para poder usar este método, a pesar de ello, no anulo la concesión a Navarra, ya que está si la encontró ajustada a derecho, si no la del resto de comunidades.

Por último, y en términos de vivienda encontramos que fue ponente en una sentencia que anuló una venta por parte de la administración madrileña de casi 3.000 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid a un fondo de inversión, argumentando que el cambio de propietario de la vivienda, en este caso, conllevaba un empeoramiento de las condiciones de protección social que tenían estas viviendas bajo el ala de la administración.

Estos son solo algunos de sus casos más conocidos en el Tribunal Supremo, sin embargo, ya antes estuvo destinada en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Mahón en Menorca, la Audiencia Provincial de Barcelona, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la Audiencia Nacional o incluso fue letrada del Tribunal Constitucional, con lo cual cuenta con una dilatada carrera en los tribunales del país que le han servido de antesala a la labor que ahora le espera como rectora del órgano de gobierno de los magistrados.