La política migratoria alabada por Feijóo: más de 30.000 desaparecidos y crímenes contra la humanidad
La política migratoria llevada a cabo por Italia durante los últimos años y elogiada por Feijóo se basa esencialmente en la violación de derechos humanos de aquellos que intentan llegar a Europa
El jueves pasado asistíamos al encuentro entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y Giorgia Meloni, primera ministra italiana, quien le recibiría en la sede del Ejecutivo de este país. Feijóo resaltó la eficiencia del modelo migratorio de la líder de Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia) diciendo que las llegadas de personas migrantes irregulares se habían reducido en un 60% mientras que a España estas habían aumentado en la misma proporción, ignorando eso sí, cuáles habían sido las medidas tomadas por la líder italiana para ocasionar este descenso.
Italia en términos migratorios es uno de los principales sitios de llegada, esencialmente por su gran exposición debido al mar Mediterráneo, pero también desde hace unos años vía terrestre mediante Trieste, ciudad más oriental del país en su mitad norte y que comparte frontera con Eslovenia desde la cual a solo 13 kilómetros se encuentra también la frontera con Croacia, uno de los principales frenadores de la llegada de personas migrantes en el continente.
Mediterráneo
En cuanto a las llegadas vía Mediterránea, se debe recalcar que no es una ruta segura. Se calcula que desde 2014 habría más de 30.000 personas desaparecidas intentando cruzarlo, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, también hay que contar con los riesgos que enfrentan las personas intentando llegar a las locaciones desde las cuales zarpan estas embarcaciones hacia el continente europeo. Este mismo proyecto de recopilación de datos cifra en más de 2.000 personas fallecidas las que han intentado cruzar el Desierto del Sahara, sin embargo, recalcan que esta cifra puede ser bastante mayor, ya que la mayoría de los incidentes que se registran suceden en zonas remotas, con lo cual las posibilidades de no conocer todos los casos son mayores. La mayoría de las muertes se producen fruto del calor extremo, falta de albergue, así como deshidratación, falta de comida, enfermedades o falta de acceso a cuidados de la salud.
Las actuaciones de Italia en este sentido han sido deficientes, ya con Mateo Salvini como Ministro del Interior y Giuseppe Conte como su Primer Ministro, este instauro una política de ‘puertos cerrados’, es decir, evitar activamente que los barcos de ONG que rescataban personas migrantes en el Mediterráneo pudiesen atracar en puertos italianos.
El ahora vicepresidente, con Meloni al mando, se enfrenta por este hecho a una acusación por parte de fiscales de Palermo, una localidad siciliana, a una pena de hasta seis años de prisión por un presunto secuestro por haber dejado varado en el mar durante 19 días en 2019 un barco de Open Arms. Este acabaría desembarcando debido a mandato judicial en Lampedusa; sin embargo, algunas de las personas migrantes, desesperadas, se arrojaron por la borda antes de este punto. Sobre esto, Meloni se pronunció de la siguiente manera: “Es increíble que un ministro de Italia se arriesgue a seis años de cárcel por hacer su trabajo defendiendo las fronteras de la nación, como exige el mandato recibido de sus ciudadanos”.
Italia tiene dos acuerdos principales: Libia y Túnez. El primer acuerdo con Libia data de 2017, cuando aún no gobernaba la ultraderecha; sin embargo, ha sido renovado tanto en 2020 como recientemente en 2022. En 2020, la renovación fue hecha sin cambios y Amnistía Internacional para Europa calculaba que al menos 40.000 personas, incluidos menores de edad, habrían sido interceptados en el Mediterráneo y devueltas a Libia desde la firma del acuerdo. Además de estas devoluciones, los sitios en los que recluyen a las personas interceptadas no cumplen ningún criterio internacional mínimo en términos de seguridad y alojamiento, acaban siendo sometidas abusos graves, incluidas violaciones o torturas y además privadas de su libertad, criterio contrario al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También, durante el seguimiento que hace de la situación, la misión de la investigación de la ONU en Libia comandada por el Consejo para los Derechos Humanos determinó que se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los migrantes en este país.
En el caso de Túnez, la cuestión adquiere una nueva dimensión, ya que aquí también está involucrada la Unión Europea, o al menos su Comisión encabezada por Úrsula von der Leyen, ya que el Parlamento Europeo, que intentó supervisar el acuerdo al que llegaron, lo tuvo difícil. En julio de 2023, Kais Saied, presidente del país norafricano se reunió tanto con la ya mencionada presidenta de la comisión, así como Giorgia Meloni y Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, todo esto acabó en un Memorándum de Acuerdo que no generaba obligaciones, pero acordaba planes conjuntos en distintas áreas, entre ellas, la migratoria. Por aquel entonces se informó de una dotación inicial de poco más de 100 millones de euros, solo se aclaró que esta se entregaría en forma de dotaciones materiales como vehículos, radares, drones y demás tecnología tanto a las autoridades tunecinas como a ONG sobre el terreno como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y aunque este desembolso no se vinculó a cifras u objetivos numéricos en términos de devoluciones o reducciones de llegadas a territorio europeo, tampoco se vinculó al respeto de los Derechos Humanos. Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior español, valoró positivamente este acuerdo, según declaraciones recogidas por Europa Press.
Este acuerdo llegó cuando ya se conocía de las repetidas violaciones a derechos humanos cometidas en el país del Magreb, de hecho, en febrero de ese mismo año el mismo presidente del país, pronunció un discurso racista contra las personas negras provenientes de zonas más australes del continente africano, asegurando que esto formaba parte de un ‘complot internacional para cambiar la identidad de Túnez’, país mayoritariamente árabe frente a una minoría negra local, esto llevó a ataques contra la población negra del país ante los cuales países como Malí o Costa de Marfil incluso organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos.
Posteriormente, ya este año conocimos de un informe, esta vez de Lighthouse Reports y porCausa, el cual revelaba cómo Europa financia persecuciones a personas negras en Marruecos, Mauritania y Túnez con el fin de evitar que estas lleguen a territorio de la UE.
Von der Leyen acabaría ignorando las críticas llegadas desde la Eurocámara, así como de la Defensora del Pueblo de la Unión Europea en aquel momento, esta última resaltó en sus declaraciones por aquel entonces que el acuerdo de la UE con Túnez no respeta la legislación en Derechos Humanos y no respetaba los valores de la UE, por otro lado, Túnez vetó la entrada de una delegación del Parlamento Europeo que pretendía monitorizar la situación del país, ya que la cámara manifestaba preocupación en el retroceso político en el ámbito de la democracia y los Derechos Humanos.
La última medida ‘estrella’ tomada por Meloni de cara a migraciones ha sido el acuerdo con Albania, bajo el cual pretende externalizar las llegadas de personas migrantes vía mediterránea a suelo albano mediante la construcción, inicialmente, de dos campos de internamiento para personas migrantes. Organizaciones internacionales de Derechos Humanos valoraron negativamente el acuerdo debido a las repercusiones que podía tener en los derechos de las personas migrantes, principalmente los riesgos para la vida e integridad física por estar a la deriva en el mar, así como el derecho a la libertad y el asilo. Otro argumento esgrimido por algunas organizaciones era la ilegalidad del acuerdo conforme al Derecho de la Unión Europea, incluso Dunja Mijatović, Comisaria para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa por aquel entonces lo puso en duda, lo cual recibió una rápida respuesta de Ylva Johansson, Comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea asegurando que el acuerdo estaba fuera del Derecho de la UE a pesar de que la misma Meloni consideró el acuerdo como de ‘alcance europeo’. Lo cierto es que este protocolo que, por ahora, está en marcha mediante la construcción de los campos donde se va a internar a estas personas, entraña dudas legales considerables sobre todo en términos de compatibilidad con los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el TEDH.
Trieste
En su otra frontera, Italia enfrenta otra situación de mucha menor envergadura en términos de llegadas, principalmente gracias a la ayuda de Eslovenia, Croacia, Serbia o Bulgaria, quienes hacen de dique de contención a los países ubicados en el interior del continente europeo.
Cabe aclarar que antes de llegar a esta porción italiana de terreno, las personas migrantes han tenido que pasar por una ruta infestada de peligros, no solamente por el medio natural al que tienen que enfrentarse debido a la exclusión que sufren en los países que constituyen esta ruta, sino esencialmente a las actuaciones de las autoridades serbias, búlgaras, croatas, bosnias, turcas o a cuerpos policiales europeos como FRONTEX quienes les maltratan, roban o intentan retener en centros sin ningún tipo de estándar de salubridad y sin garantías mínimas.
Sin embargo, la falta de presión en este caso no ha llevado a mejores respuestas en el norte. No Name Kitchen, organización que trabaja en la zona, denunció durante meses el estado de vigilancia permanente y complicaciones que ponían a las personas migrantes en los campos oficiales del gobierno italiano, además este se hallaba sobre poblado con hasta el doble de capacidad, con unas condiciones higiénicas pésimas y con comportamientos de maltrato por parte del personal del centro.
Debido a esto, muchas personas elegían vivir en asentamientos improvisados a pesar de las malas condiciones de los mismos, sin embargo, fueron desalojadas por las autoridades italianas para ser forzados a ser llevados a campos oficiales, o en otros casos, muchos directamente tuvieron que quedarse en la calle. Aquellos que fueron trasladados a campos oficiales los cuales le fueron vendidos como asentamientos cerca de Milán, en realidad estaban a cuatro horas de esta ciudad y dos horas de la ciudad más próxima, perpetuando los regímenes de semi encarcelamiento a las muchas veces se ven sometidos estas personas y a trabas burocráticas infinitas que muestran el otro rostro de las migraciones una vez llegan a un destino deseado: la burorrepresión.
En la actualidad, la situación en Trieste permanece con muchas personas en esa situación de calle y sin las autoridades italianas dispuestas a dar una respuesta real y que no implique el recorte de libertades que pretenden hacia personas solicitantes de asilo.
Italia es también protagonista de recepción de personas deportadas ilegalmente por las autoridades francesas en su frontera en Ventimiglia y Mentón, cerca del Principado de Mónaco; sin embargo, en este punto cumple una función distinta a lo mostrado en el Mediterráneo y su frontera con Eslovenia.
