Los vínculos de la senadora colombiana, confidente de Alvise, con Ignasi Maestre testaferro del caso Lezo

María Fernanda, confidente del eurodiputado Alvise Pérez, aparece enredada en una maraña de empresas pantalla radicadas en España y Luxemburgo, utilizadas para expoliar 41 mil hectáreas de tierra en Vichada (Colombia).

En 2012, la senadora uribista, familiares y socios, recurrieron a un testaferro con doble nacionalidad, andorrana y española, Ignasi Maestre Casanova, para montar el tinglado societario que permitió a la empresa colombiana Riopaila Castilla S.A. eludir la Ley 160 de 1994, que prohibía expresamente acaparar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), predios baldíos, destinados a restituir los derechos de la población desplazada y despojada de sus territorios a causa del conflicto colombiano.

Ignasi Maestre Casanova, viejo conocido de la justicia española, implicado en el caso Lezo, fue uno de los colaboradores, necesario e imprescindible, para perpetrar el saqueo del Canal de Isabel II junto a Ignacio González (expresidente de la comunidad madrileña) y Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal y de ATRESMEDIA.

Ignasi Maestre también está detrás de una de las sociedades de Cesar Elizaga Viana, socio de Pedro Campos Calvo Sotelo, el anfitrión del Emérito durante sus estancias en Galicia, Elizaga, otro aficionado a la vela, aparecía en los “papeles de Panamá” asociado a un domicilio de la C/ Isaac Albéniz 5 de Majadahonda y a IGMASA MANAGEMENT la base de operaciones de Maestre.

Otro de los contactos de Maestre era Beatriz García Paesa, la sobrina del espía que habilito la estructura societaria  que permitió a Eduardo Zaplana esconder el botín de sus tropelías.

El conflicto colombiano y sus repercusiones en la frontera agraria de Vichada

El departamento de Vichada, ubicado en las regiones Orinoquía y Amazonia, tiene un área de 13’632.020 hectáreas, lo que supone un 11,93% del territorio nacional; El 57% de su territorio concierne a territorios agrícolas y el 42% a bosques y áreas seminaturales (IGAC, 2015).

El caso de Vichada, ilustra de manera ejemplar el proceso de acaparamiento de tierras en Colombia, un fenómeno directamente vinculado al conflicto armado que sufre el país caribeño desde hace más de 70 años y a las políticas neoliberales de los gobiernos narco-paracos del uribismo.

Durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), se titularizaron miles de predios en el departamento de Vichada por colonos y campesinos de la región, ateniéndose en su reparto a la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), definida por la Ley 160 de 1994 como el área de terreno suficiente para ser explotada por una familia campesina para una producción estimada de 3 salarios mínimos, el tamaño depende de la productividad de la tierra, en la zona andina colombiana comprende entre 4 a 40 hectáreas mientras que en zonas de baja productividad su extensión en mayor como en el caso de la Orinoquía, entre 1200 y 1800 hectáreas.

Esta medida fue ideada como un “instrumento eficaz de reconciliación, cambio social y desarrollo económico” frente a situaciones previas de concentración de baldíos, acceso limitado a la tierra, y despojo a campesinos y colonos, como consecuencia del conflicto en la región, donde operaban diversos grupos paramilitares en disputa con las FARC.

A partir de 2004, durante el primer gobierno de “El Matarife” Álvaro Uribe Vélez, dichas tierras, tituladas inicialmente a colonos y campesinos, fueron a parar a manos de empresas nacionales y extranjeras que acumularon grandes extensiones de tierras, sorteando a través de estratagemas o vacíos legales la Ley 160 de 1994, que prohibía expresamente acaparar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Álvaro Uribe, declaraba en 2003: “Le veo a Orinoquía un futuro ya inmediato en el agro. ¿Ustedes saben lo importante que es para el mundo agropecuario tener allí 250.000 kilómetros planos, sin piedra, listicos para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que llegar con el hacha?” Marcando las líneas políticas de una colonización agroindustrial sin campesinos, que su gobierno plasmo en el proyecto denominado “El Renacimiento de la Orinoquía alta de Colombia” (MinAgricultura, 2004). En 2006 el ejecutivo de Uribe entabló conversaciones con J.P. Morgan Chase y nació Marandúa Inc, obteniendo como aporte inicial 325 millones de dólares.

El objetivo era cubrir en siete años, 100.000 hectáreas de cultivo en la zona y duplicarlos en un plazo de 12.

Pero existía un plan oculto, oculto tras las relaciones del Matarife con el Departamento de Estado de EEUU, el Plan Colombia de lucha contra la insurgencia y sus políticas para “erradicar” el cultivo de coca, en el que también participaban los paramilitares, generados por las cooperativas armadas, CONVIVIR, potenciadas por el mismo Álvaro Uribe y sus socios políticos y en el narco.

“Un factor relacionado y que tensiona el contexto, es la presencia de nuevos grupos armados ilegales como las Autodefensas del Meta y Héroes de Vichada los cuales entraron en clara disputa con las FARC por el control y el dominio del narcotráfico, las rutas internas y de conexión con Brasil y Venezuela, las zonas de cultivos de coca, y posteriormente con el desarrollo de complejos agroindustriales. Sumado a esto, la falta de formalización de los derechos de propiedad de la tierra en la región, se expresa en un alto porcentaje de tenedores que no cuentan con títulos de propiedad. Todos estos aspectos, de manera interrelacionada, generan desplazamiento forzado, abandono de tierras, desaparición, restricciones de movilidad y acciones violentas contra la población civil” (Defensoría, 2012).

“En síntesis, las ganancias dadas por la coca generaron un incremento en las áreas destinadas no solo al cultivo de coca, sino también a la actividad ganadera, estas dos actividades favorecieron la compra masiva de tierras, ya que facilitaron el lavado de dineros provenientes del narcotráfico” (Molano, 2012).

En su conjunto, el proceso parece ser simple y se puede esquematizar, según argumenta Molano (2012) de la siguiente manera: “Primero el Gobierno fumiga y erradica los cultivos de coca. Muchos predios son abandonados y el precio de la tierra cae. Aparecen entonces los intermediarios y testaferros que compran barato o exhiben títulos falsos o, por lo menos, sospechosos. Las tierras reclamadas, casi siempre con el apoyo de grupos paramilitares, son enormes extensiones que pueden ser veredas enteras en las cuales se desarrollaran cultivos agroindustriales o forestales”.

Patricia Gómez Nore. VICHADA: ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN LA ÚLTIMA FRONTERA AGRARIA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE HISTORIA y MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA. BOGOTÁ D.C. 2015.

Los resultados de estas políticas del expolio, impulsadas por los gobiernos uribistas, incluido el de su sucesor Juan Manuel Santos, quedan en evidencia tras analizar los casos de Mónica Semillas, Poligrow, Cargill, Forest First, Riopaila Castilla, Manuelita, Sarmiento Angulo, Mattos y el del primo del ex ministro de Agricultura, Pablo Valencia Iragorri, todos ellos beneficiarios de la acumulación de baldíos en zonas caracterizadas por la violencia, donde se desarrollaron violaciones de derechos humanos y había actividad de estructuras criminales paramilitares ligadas al gobierno y al narcotráfico. Todas estas empresas, a la postre, recibieron incentivos y subsidios estatales, desviando los recursos públicos destinados a los campesinos, en beneficio de las sociedades extranjeras que dominaban el capital de las filiales colombianas.

El senador Wilson Arias Castillo, en su obra ASÍ SE ROBAN LA TIERRA EN COLOMBIA, estudia este fenómeno y sus implicaciones, analizando los casos de las 9 compañías citadas anteriormente.

El que nos atañe es el de la sociedad colombiana Riopaila Castilla S. A., vinculada a la senadora uribista, confidente de Alvise, Maria Fernanda Cabal.

En su investigación sobre las actividades de la azucarera Riopaila Castilla, Wilson Arias destapo la estrategia de la compañía para eludir el cumplimiento de la Ley 160 de 1994, que prohibía expresamente acaparar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) y hacerse con 34 mil hectáreas en el departamento del Vichada para la siembra de palma de aceite y cereales.

“Para simular que no se había superado este límite de acumulación, diseñaron una compleja estructura jurídica y comercial, de la cual fue protagonista la prestigiosa firma de abogados bogotana Brigard & Urrutia.

Pero la labor de Brigard & Urrutia no se limitó a la elaboración del sustento jurídico. Lo más particular es que se involucraron directamente en la puesta en marcha del entramado empresarial diseñado por ellos mismos. En cada uno de los predios estudiados por Brigard & Urrutia, el comprador es una Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, cuyo nombre coincide con el del predio que adquieren. Luego de la compra, cada SAS lo entrega en arriendo por 30 años a Riopaila Castilla, todas el 31 de diciembre de 2010 y en una misma notaría en la ciudad de Cali. Son 28 las empresas fachada constituidas de esa manera. En algunos casos, el mismo día que se fechaba el concepto de Brigard & Urrutia, también se constituía la SAS y al día siguiente se efectuaba la compra del predio.

Todas las empresas creadas tienen el mismo capital, la misma dirección y el mismo correo electrónico. Todas tienen además los mismos nombres en su Junta Directiva y comparten un único socio: Francisco Uribe Noguera, el propio abogado de Brigard & Urrutia que diseñó y defendía esta entramada estrategia jurídica y empresarial. Los demás nombres de las Juntas Directivas correspondían a funcionarios de Riopaila Castilla.

La compra de cada predio por parte de las SAS no le garantizaba a Riopaila completamente la propiedad de la tierra. La estrategia incluía entonces un paso adicional, más intrincado que lo anterior: la constitución de sociedades en España y de un fondo de inversiones en Luxemburgo (Asturias Holding Sarl). Un informe de la época confirmaba la operación:

“En diciembre de 2011 la Compañía realizó una inversión por valor de EUR 25,000 en la sociedad Asturias Holding Sarl, con lo cual alcanzó una participación del 100%. (…) a través de esta sociedad se recibió la participación de terceros en sociedades arrendatarias de tierras vinculadas al proyecto Veracruz”

Son diversas las interpretaciones que se pueden hacer de los propósitos de las maniobras de Riopaila. Por una parte, pueden estar motivadas en la evasión de pagos de impuestos por las compras o derivados de la tenencia de la tierra. De otra parte, podrían buscar protección como si se tratara de inversión extranjera, con lo que esto implica en términos de los TLC y otras instancias internacionales, a pesar de que se trata de un emprendimiento hecho en Colombia por una empresa nacional.

Esta información fue develada por nuestras investigaciones desde el Congreso de la República. Posteriormente, se conocieron documentos provenientes del interior de Riopaila, donde se confirmaban las denuncias y donde además se hacían notar voces inconformes de socios minoritarios, quienes se mostraban preocupados por los altos riesgos del proyecto Veracruz. Este sector contrató un informe de auditoría financiera con la firma FERGON OUTSOURCING LTDA.

Allí se analizan los préstamos que Riopaila entregó a sus SAS, puesto que estas no contaban con el capital suficiente para adquirir las tierras del Vichada. La auditora emitió un concepto Desfavorable, calificando los préstamos como una “triangulación”, “colmada de ilegalidades” y de “presunto testaferrato”. Agrega:

“(…) por revestir prácticas que en mi opinión no son sanas y desbordan los procesos de legalidad en detrimento de leyes, procedimientos, procesos y normas que deben observarse y atemperarse para ofrecer confiabilidad en la actuación administrativa del negocio y fallas protuberantes de control interno admitidas por directivos y administradores”.

Entre las 28 SAS instrumentales creadas para la ocasión, Agroforestal La Pradera SAS y Agroforestal El Paraíso SAS aparecían vinculadas con Inversiones González Cabal & Cia. S. C. A., donde Maria Fernanda Cabal Molina es accionista.

González Cabal & Cia. figura en otros documentos como uno de los 20 mayores accionistas de Riopaila y su primo Santiago González Cabal es integrante suplente de la junta directiva.

El propio cuñado de Cabal, Rafael González Ulloa, denunció ante el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, estos presuntos negocios irregulares.

Maria Fernanda Cabal

Cabal, que comenzó su carrera (2005) en la Fiscalía colombiana, a la que habría llegado por el apoyo de su esposo José Félix Lafaurie al fiscal Mario Iguarán, fue expulsada en 2007 tras detectarse filtraciones, desde dicha oficina, a narcotraficantes y a miembros del ministerio de Defensa implicados en la masacre de San José de Apartadó, en la que fueron asesinados 3 niños y 5 adultos por miembros del Ejército Nacional de Colombia en compañía de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las A.U.C.

Recientemente, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, ratificó las denuncias realizadas, años antes, por el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, sobre dos reuniones de Mancuso con Lafaurie, para planificar el apoyo por parte de las A.U.C. a la elección de Iguarán como fiscal general, señalando que una parte del acuerdo recogería el nombramiento de Cabal como jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.

Tras su baja en la Fiscalía, creó la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), brazo social de la Federación Colombiana de Ganaderos dirigida por su esposo, Lafaurie; En 2013 Cabal ya encabezaba la lista del partido del Matarife, el Centro Democrático, a la Cámara en Bogotá, convirtiéndose en Miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, cargo que mantuvo hasta 2018, para pasar a ser senadora de la república por el mismo partido, cargo que ostenta en la actualidad.

El 26 de junio de 2021 aparecía fotografiada junto a Alvise Pérez, orquestando una supuesta filtración relevante sobre Dolores Delgado, entonces Fiscal general del Estado, relacionada con los famosos audios en los que Delgado cuenta cómo vio a jueces y fiscales españoles con menores durante un viaje a Cartagena de Indias.

La filtración resultó ser un montaje, que no descubría nada nuevo y se limitaba a recoger las opiniones sobre el asunto de las grabaciones del propio “Matarife” Álvaro Uribe Vélez, la senadora Cabal y un familiar de la misma que ejerce de Presidente Nacional de Comerciantes de Colombia.

En 2021, el uribismo estrechaba lazos con la ultraderecha patria y la senadora Cabal, postulándose como heredera natural del “Matarife”, expresaba su deseo de importar el modelo VOX a su país. Pero el aliado natural del uribismo siempre fue el Partido Popular y su eterno presidente José María Aznar.

Maria Fernanda Cabal-Riopaila Castilla-Caso Lezo

En algún artículo anterior les he contado que tuve el honor de colaborar en la tercera entrega de la premiada serie Matarife, del abogado y periodista colombiano Daniel Mendoza Leal, titulada “El Origen” sobre el narco-paraco expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un trabajo que me permitió completar investigaciones anteriores que apuntaban a la presunta financiación de grupos paramilitares colombianos, vinculados al narcotráfico, por parte de empresas públicas como el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid que siempre gobernó un Partido Popular estrechamente vinculado al Centro Democrático del “Matarife”.

Esta derivada de los negocios del Canal de Isabel II por tierras colombianas no puede disociarse de un “Bussines Angel” hispano-andorrano, especializado en habilitar estructuras societarias complejas y opacas, radicadas en paraísos fiscales llamado Ignasi Maestre Casanova,

Para la trama del caso Lezo, pilotada por el expresidente madrileño Ignacio González y su mano derecha el directivo del ATRESMEDIA y del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, Maestre construyo, a través de su central IGMASA MANAGEMET y su filial española IMS Sociedad de Dirección, la red de instrumentales que participaron en el saqueo de la empresa de aguas madrileña oculto tras la compra de la empresa brasileña Emissao, en 2013, a través de Inassa, la filial colombiana del Canal (Diego García Arias, exgerente de Inassa, confeso ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que dicha operación género comisiones ilegales de 5,5 millones de euros, que se repartió con Ignacio González, Edmundo Rodríguez y otros integrantes de la trama).

Por las mismas fechas (2013) Ignasi Maestre creaba una estructura similar en España para Riopaila Castilla y la luxemburguesa Asturias Holding Sarl, sociedades instrumentales que el senador Wilson Arias señala como vehiculares para la entrada de capital extranjero en las operaciones en Vichada:

La compra de cada predio por parte de las SAS no le garantizaba a Riopaila completamente la propiedad de la tierra. La estrategia incluía entonces un paso adicional, más intrincado que lo anterior: la constitución de sociedades en España y de un fondo de inversiones en Luxemburgo (Asturias Holding Sarl).

Y de los posibles propósitos de usar estas estructuras complejas vinculadas a paraísos fiscales.

Son diversas las interpretaciones que se pueden hacer de los propósitos de las maniobras de Riopaila. Por una parte, pueden estar motivadas en la evasión de pagos de impuestos por las compras o derivados de la tenencia de la tierra. De otra parte, podrían buscar protección como si se tratara de inversión extranjera, con lo que esto implica en términos de los TLC y otras instancias internacionales, a pesar de que se trata de un emprendimiento hecho en Colombia por una empresa nacional.

El rastro de Asturias Holding Sarl nos conduce a una dirección en la capital madrileña que aparece en los “Papeles de Panamá”, C/ AYALA 15 ESCALERA DERECHA 1º F (MADRID) donde ya aparece una de las sociedades de Maestre más activas en España e implicada en la trama del Canal, IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL, y que resulta ser el origen de TOCANON INVESTMENTS SL, anteriormente denominada INVERSIONES BARRIENTOS MENDOZA DUPOUY ZULOAGA HOLDING SL.

Este primer registro de agosto de 2012 confirma la compra de Riopaila, a través de Asturias Holding Sarl de TOCANON INVESTMENTS SL, que meses después volvería a cambiar de denominación para convertirse en INVERSIONES AGRÍCOLAS MÁLAGA SL.

Esta misma línea de investigación nos lleva hasta INVERSIONES AGRÍCOLAS ASTURIAS SL, también conocida como PERSEUS ENTERPRISES SL con origen en la misma dirección de los “Papeles de Panamá” y que sería la segunda adquisición del holding en 2012.

El 25 de septiembre se cerró la tercera operación por la que ITZEL INVERSIONES SL, posteriormente renombrada como INVERSIONES AGRÍCOLAS TOLEDO SL y BORACAY INVESTMENTS SL (AGROPECUARIA SEGOVIA SL) quedaron bajo la tutela de Riopaila.

La estructura se completó, al día siguiente, con la adquisición de ONTARION HOLDING SL (AGROINDUSTRIA IBIZA SL).

Estas instrumentales no solamente tenían en común a Ignasi Maestre, también compartían con la trama del Canal de Isabel II, al resto de testaferros que participaron en el asunto, para gestionar, en este caso, la operación que permitiría la entrada de capital extranjero en Riopaila.

Así podemos confirmar que CAROLINA LUQUE FRANCÉS, RAMÓN FONTANILLES PRAT y RAMÓN RULLO AMORÓS, todos ellos presentes en YAVANGO INVESTMENT INC, la instrumental panameña implicada en el saqueo del Canal, aparecen en como representantes del lote completo adquirido por Riopaila: INVERSIONES AGRÍCOLAS MÁLAGA SL, INVERSIONES AGRÍCOLAS ASTURIAS SL, INVERSIONES AGRÍCOLAS TOLEDO SL, AGROPECUARIA SEGOVIA SL y AGROINDUSTRIA IBIZA SL.

La operación de compra de Emissao Engenharia e Construçoes SA se había autorizado (20 de junio de 2013) un par de meses antes que la de Riopaila, en ambas participaban los mismos operadores y para colmo compartían una dirección que aparecía en los “Papeles de Panamá” y que conducía directamente a los intereses del magnate mejicano del petróleo Ramiro Garza Cantú, dueño del 23,9 por ciento del capital del diario “La Razón” a través de una de sus sociedades, Iberoamericana de Inversiones y Proyectos S.A.

De hecho, el testaferro confeso de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, era consejero de «La Razón» en representación de Garza y cobraba 500 euros por cada sociedad que gestionaba para este, como desvelo en una conversación intervenida por las autoridades españolas.

En 2022, ya publiqué en CronicaLibre como Mauricio Casals y Paco Marhuenda presionaron a Cristina Cifuentes para proteger a un desesperado Edmundo Rodríguez, acorralado por las informaciones que le implicaban en el caso Lezo.

Pero también estaban protegiendo los intereses del magnate mejicano en la operación.

COMPLET DRILLING INVESTMENTS, la sociedad que compartía dirección con INVERSIONES AGRÍCOLAS MÁLAGA SL e INVERSIONES AGRÍCOLAS ASTURIAS SL, formaba parte del conglomerado de empresas del Grupo R de Ramiro Garza, una de cuyas sociedades, la Uruguaya AMERICAN DRILLING, era participada por YAVANGO INVESTMENT INC, protagonista de la compra de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA por parte del Canal de Isabel II.

La senadora Cabal es una muestra de las “poco recomendables amistades” que el eurodiputado cristofascista Alvise Pérez cosechó por tierras colombianas y a la vez otro ejemplo de cómo dos tramas, urdidas a ambos lados del atlántico, convergen en elementos comunes que vinculan a miembros corruptos del Partido Popular con actores políticos del uribismo.