El acuerdo entre el PSOE y PP sobre el CGPJ
En la tarde de ayer, unos exultantes Félix Bolaños (PSOE) y Esteban González Pons (PP) firmaban un acuerdo bipartidista para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. Detrás de ellos, como si la soberanía sobre el sistema judicial español necesitase ser tutelada por poderes extranjeros, la mirada vigilante de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la checa Vera Jourová.
El pacto alcanzado es una noticia de primera magnitud para la política española, y lo es tanto por lo que supone de modificación profunda del sistema de alianzas que ha venido funcionando aproximadamente desde la moción de censura de 2018 como por el contenido material de lo acordado entre PSOE y PP.
En la primera dimensión, en el plano más político, y como ya han apuntado algunas fuerzas políticas como Podemos y ERC, este movimiento de los de Pedro Sánchez supone de facto la conformación de una mayoría de gobierno PSOE-PP. Dado que los socialistas tenían la alternativa de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías de renovación y así arrebatar al PP su minoría de bloqueo, dado que esta reforma se podría haber acometido con los votos de los socios de investidura del PSOE y dado que el propio grupo socialista llegó a firmar dicha modificación a principios de la legislatura pasada junto con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, el apretón de manos entre Bolaños y González Pons —obviamente, por mandato de sus respectivos jefes— no es otra cosa que la decisión voluntaria de Pedro Sánchez de desechar la mayoría parlamentaria que le hizo presidente y apostar por acordar los temas más importantes —los así llamados asuntos de Estado— con el PP.
Desde la irrupción de Podemos, el PSOE ha intentado llevar a cabo un cierre bipartidista de la crisis de régimen abierta tras la debacle financiera de 2008 y expresada con rotundidad en las plazas de nuestro país el 15M de 2011. Primero intentó convertir a Ciudadanos en una bisagra de derechas que pudiese darles la mayoría que no tenían. Después el PSOE se abstuvo para hacer presidente a Mariano Rajoy, estableciendo así un acuerdo de Gran Coalición por pasiva. Finalmente, cuando Pedro Sánchez consiguió recuperar la secretaría general, él mismo intentó volver a formar un gobierno con Albert Rivera en 2019 —si dicho esquema no prosperó fue simplemente porque Rivera se negó— y, de hecho, trabajó durante los primeros años de la legislatura del gobierno de coalición para articular lo que las fuentes del PSOE y la progresía mediática llamaban 'geometría variable': a saber, la utilización de los 10 diputados de los naranjas para articular acuerdos parlamentarios hacia la derecha que les evitasen depender de los votos de Bildu y ERC. Si todos estos intentos no consiguieron el cierre bipartidista fue precisamente por la presencia de Podemos como fuerza política dirigente del espacio de la izquierda, primero en el parlamento y después en el gobierno. Por el mismo motivo, ahora que la operativa conjunta de PSOE y Sumar ha conseguido debilitar a los morados y sustituirlos parcialmente por una opción mucho más dócil, Pedro Sánchez ha decidido ejecutar el movimiento que siempre había querido hacer pero hasta ahora no había podido.
Este es el significado político del acuerdo sobre el CGPJ y, en tanto que supone una Gran Coalición de facto entre el PSOE y el PP, obligará, obviamente, al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo a reposicionarse. Pedro Sánchez ha utilizado a una determinada mayoría para acceder a la Moncloa después del 23J pero ha pactado con el PP —y solamente con el PP— nada menos que el reparto y la reforma de uno de los tres poderes del Estado. Con el acuerdo de ayer, da comienzo una legislatura completamente distinta a la que se había iniciado con la investidura de Sánchez en noviembre y eso va a tener profundas consecuencias políticas.
Pedro Sánchez ha utilizado a una determinada mayoría para acceder a la Moncloa después del 23J pero ha pactado con el PP —y solamente con el PP— nada menos que el reparto y la reforma de uno de los tres poderes del Estado
Pero no solamente es importante la alteración del esquema de alianzas en el tablero político español que supone el acuerdo bipartidista escenificado por Bolaños y González Pons. El contenido del acuerdo es también enormemente preocupante.
Por un lado, el reparto de los nuevos vocales que han acordado PSOE y PP es de 10 para cada uno de ellos. Eso supone cristalizar, al menos durante cinco años, un empate inestable entre el bloque socialista y el bloque popular. Pensemos qué pasaría, por ejemplo, si uno de los vocales designados por el PSOE falleciera en los próximos meses.
En segundo lugar, PSOE y PP han acordado que todas las decisiones que tome el nuevo CGPJ, muy en particular el nombramiento de los magistrados de los altos tribunales, como el Supremo, lo tenga que hacer a partir de ahora por una mayoría de 3/5 de sus vocales. Esto significa, de facto, que los vocales del PP tienen poder de bloqueo —de veto— sobre todas las decisiones del Poder Judicial, incluyendo la composición de sus altas magistraturas.
Por último, los dos partidos dinásticos del sistema del turno del régimen del 78 acordaron ayer encargar al nuevo CGPJ la producción en un plazo no mayor de seis meses de una propuesta de reforma del sistema de renovación en la que tengan "una mayor participación los jueces". Es decir, una menor participación la sede de la soberanía popular. Además de que es inaudito conceder capacidad legisladora a un poder diferente del legislativo —porque se supone que ambos partidos harán suya la propuesta del CGPJ; si no, ¿qué sentido tiene?—, esto supone otra cesión más del PSOE a los planteamientos del bloque reaccionario: un paso más hacia una elección corporativa del CGPJ en el seno de la carrera judicial que lo convertiría, al mismo tiempo, en conservador para siempre e independiente de la voluntad popular expresada en las urnas.
Todos y cada uno de los elementos pactados avanzan objetivamente hacia las tesis del PP y ninguno de ellos lo hace en la dirección contraria. Por lo tanto, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante un acuerdo no solamente bipartidista sino, además, de derechas; es decir, un acuerdo que modifica la actual situación avanzando en la dirección de la voluntad del bloque reaccionario.
En este contexto, el hecho de que Yolanda Díaz haya celebrado el acuerdo y que, incluso, algunos portavoces destacados de Sumar, como Enrique Santiago (IU) o Ernest Urtasun (Comunes), hayan ido más lejos, calificando lo ocurrido como "una victoria para la democracia", revela hasta qué punto este espacio político ha decidido atar su destino al mástil del PSOE incluso sin tener ningún tipo de capacidad para mover el timón del barco.
En el lado negativo, este abandono de la tarea de conquista de las estructuras del Estado que Podemos había conseguido implantar en la voluntad de la izquierda supone un paso atrás de gravísimas consecuencias en la democratización de nuestro sistema institucional. Sin embargo y al mismo tiempo, estamos ante un hecho de la suficiente entidad política como para que la colocación de cada uno de los partidos de un lado o del otro del parteaguas suponga una clarificación contundente de los proyectos de cada uno de cara a la ciudadanía. El cierre bipartidista ejecutado ayer por el PSOE y el PP a la vista de todos y el alineamiento con dicha operación de una parte de lo que se denomina erróneamente "izquierda a la izquierda del PSOE" supone también una oportunidad para que la izquierda verdaderamente transformadora se desmarque de las componendas de régimen que, antes de 2014, llevaron a España al mayor estallido popular de las últimas décadas. Obviamente, una posición como esa va a contar con una respuesta de enorme violencia por parte de la gran mayoría del poder mediático. Ayer por la tarde, desde Eduardo Inda hasta El País aplaudieron el acuerdo con entusiasmo y, con el mismo entusiasmo, van a intentar destruir políticamente a cualquiera que no se sume al aplauso. Pero eso ya lo sabemos y eso también sirve para definir con toda claridad los campos políticos a partir de ahora.
