Ayuso deroga su propia ley anti-trans para evitar un varapalo del Constitucional
Este viernes 11 el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha registrado este viernes un proyecto legislativo para enmendar la reforma de las leyes trans y LGTBI+ que aprobaron hace casi un año en la Asamblea de Madrid. Esta ley, tramitada con urgencia para evitar el debate en la Asamblea, despertó amplias críticas por parte de colectivos activistas, manifestaciones en la capital y partidos políticos de la oposición, los cuáles denunciaban que esta reforma derogaba disposiciones fundamentales de la ley trans estatal.
Entre los aspectos clave que la ley trans madrileña derogaba, fue criticada la inclusión de exámenes psicológicos como requisito para que menores de edad transicionen, la imposibilidad de cambiar documentos administrativos antes de cambiar el DNI, la eliminación de lenguaje como “identidad de género” por otro como “condición sexual” y “transexualidad”, y la eliminación de programas educativos contra la discriminación en colegios e institutos. Esto fue criticado por asociaciones LGTBI+ como un retroceso en derechos comparado con otras comunidades, criticando que “ahora mismo, una persona trans madrileña tiene menos derechos que en comunidades sin ley trans autonómica”.
La evaluación psiquiátrica como prerrequisito a la hormonación, además, presentaba una barrera más grande de lo común cuando se tiene en cuenta la situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, en la que cada especialista al que se debe referir puede añadir más de 6 meses de espera adicionales antes de recibir una terapia de hormonación, barreras que pueden significar la vida o la muerte para las personas trans.
La reforma de esta ley, además de la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia, fueron recurridas por inconstitucionalidad primero por el Defensor del Pueblo y posteriormente por el Gobierno de España, que derogó temporalmente las modificaciones que consideraban discriminatorias. Ahora, días antes del fallo del Tribunal Constitucional, el mismo Partido Popular autonómico ha presentado la enmienda a su propia ley, en la que modifica los artículos criticados por los recursos, como manera de “adelantarse” al veredicto de los juzgados.
Esta actuación se encuentra dentro de una racha de derrotas jurídicas para la derecha, como la archivación del caso Neurona contra Podemos o la querella por prevaricación contra el juez peinado. Uno puede imaginar que una “victoria” del Gobierno estatal sobre el PP de Ayuso, especialmente en materia de derechos LGTBI+, no daría una buena imagen al Partido Popular, que ahora se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias y cohecho contra Pedro Sánchez.