El bulo de OKdiario contra Pablo Iglesias amplificado por Ferreras se hizo a cambio de un permiso de residencia

Eldiario.es daba a conocer la noticia de que “El juez Pedraz de la Audiencia Nacional citaba como testigo al máximo responsable de Extranjería en la Policía durante la época del PP y la brigada política en el marco de la causa sobre la guerra sucia contra Podemos”.

Según cuenta la pieza periodística, “La investigación de la guerra sucia contra Podemos, que practicó el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del Partido Popular, avanza en la Audiencia Nacional con la citación del que fuera entonces máximo responsable en la Policía de Extranjería y Documentación”.

Además, el columnista señala la citación del “comisario jubilado Emilio Baos que ha sido llamado como testigo por el juez Santiago Pedraz para que explique el próximo 11 de julio la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en un banco de Granadinas, en el Caribe”.

El medio digital informa sobre “una querella de Podemos contra quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos del Cuerpo por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban entonces el partido de la oposición”.

Por su parte, “Podemos incorporó a la causa un documento ante notario en el que el ciudadano venezolano Carlos Arias aseguraba que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario”, remarca el artículo.

Tal y como señala eldiario.es, “entre las maniobras que el juez accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.

Cabe recordar, como afirma el contenido publicado, “que otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, han descartado que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank. La publicación del citado bulo se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE”.

“El informe PISA es otra de las líneas de investigación del juez Pedraz en la Audiencia Nacional, un documento parapolicial que nunca pasó el filtro de los tribunales” concluye el medio dirigido por Ignacio Escolar que demostró que “el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego copió Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.

Como dato significativo, el diario.es subraya que “cuando fue publicada la información falsa, el número dos de Interior ya había firmado el permiso de residencia de Carlos Alberto Arias “por razones excepcionales”. En un documento con su nombre y firma, fechado el 11 de abril de 2016, Francisco Martínez “aprecia razones de colaboración con las autoridades policiales” para conceder el permiso de residencia por un año al confidente”.