Se admite a trámite la denuncia de Podemos contra el gobierno de Ayuso por presunto delito en los contratos para obras en centros educativos
El Juzgado de Instrucción Nº 39 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por Podemos contra la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, por un presunto delito continuado de prevaricación en la adjudicación de contratos para obras en centros educativos. La denuncia señala que el gobierno regional, a través de dicha consejería, habría fraccionado los contratos de forma deliberada para eludir el procedimiento de licitación pública, permitiendo la adjudicación directa de contratos menores, por debajo de los 40.000 euros, y, en consecuencia, evitando los controles legales exigidos.
Podemos, en su denuncia, detalla varias obras realizadas entre 2021 y 2022 en centros como el Instituto Príncipe Felipe y la Escuela de Arte de Alcalá de Henares, entre otros. La denuncia enfatiza que no se encontraron registros de estos procesos de licitación en la plataforma de contratación pública, lo que indicaría la posible intención de evadir los procedimientos de transparencia requeridos para contratos de mayor cuantía. Además, la Fiscalía Provincial de Madrid ya tiene abierta una investigación sobre una de las obras incluidas en la denuncia.
Isabel Serra, la líder de Podemos en la región, ya anunció el pasado 17 de septiembre ya expresó el día que anunció la denuncia que los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid “destruyen nuestros servicios públicos, corrompen las instituciones y hacen negocio con nuestro derecho a la educación”.
Como ya contó Raquel Ejerique en una investigación de eldiario.es, “la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso construyó al menos ocho centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico”. Hay que recordar que como señala la periodista, para llevar a cabo una obra en un centro público que suponga un coste de más de 40.000 euros más IVA, la ley obliga a sacarla a concurso, lo cual conlleva un proceso largo y más garantista debido a los pliegos y condiciones del contrato. Para evitar esto y otorgar el contrato a dedo, la investigación detalla que lo que hizo el gobierno regional fue trocear los contratos por un valor inferior de esa cantidad y llevarlo a cabo como si fueran contratos de proyectos independientes.