Tras deportar a 30 activistas saharauis a la dictadura marroquí, Sánchez califica la migración como una "cuestión de humanidad"
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles 9 de octubre, el presidente Pedro Sánchez ha abordado la cuestión migratoria, defendiendo la importancia de los migrantes cualificados para soportar la economía española. Haciendo referencia a que “aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y usan los servicios públicos un 40% menos”, ha defendido ante el Congreso los cambios propuestos en la ley de extranjería, que declara se centrarán en una “inmigración legal, segura y ordenada”.
Según el jefe del Ejecutivo, la inmigración se volverá un pilar fundamental para la pirámide poblacional española y europea, la cuál se prevé que llegará a su pico en 2025 y después iniciará un proceso de envejecimiento y disminución. Sánchez ha anunciado que presionará a la Comisión Europea para que se involucre a nivel regional en este tema, el cuál ha calificado como una “cuestión de humanidad”.
Más allá de la corrupción ética de valorar la migración como un beneficio económico y social para los nacionales blancos, y no como un derecho fundamental al que necesitan ampararse las víctimas de una economía global imperialista, la posición del partido socialista dista mucho de las acciones que su Gobierno ha tomado recientemente contra poblaciones migrantes.
Todavía recordamos a los más de 30 solicitantes de asilo saharauis que se encontraban varados en el aeropuerto de Barajas, 16 de los cuáles fueron deportados recientemente de vuelta al régimen dictatorial de Marruecos, ante el cuál mostraron no querer volver por miedo a la represión y las consecuencias para sus seguridad que tendrían sus lazos políticos y activistas. Entre los recientemente deportados se encontraba notoriamente Ali Hammou, una persona sorda y enferma en el momento de la deportación. La secretaría de Estado de Interior impidió, además, que las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra pudieran reunirse con los saharauis en el aeropuerto, desde el cual habían denunciado la situación de hacinamiento y falta de salubridad en la que se encontraban.
Por otra parte, pudimos observar hace una semana las modificaciones a la Ley Mordaza que han acordado el PSOE, Sumar y Bildu, donde se dejó en evidencia la falta de voluntad de derogar las disposiciones de la Ley Orgánica 4/2000 que hacen referencia a las devoluciones en caliente, anunciando que se daría con “detenimiento, estudio y rigor”, y dejando como requisito para su reforma la mayoría absoluta que el gobierno ha demostrado tener dificultades de conseguir.
En este clima, que se comparte con una Europa que también está normalizando las devoluciones en caliente o que arremete contra las lanchas de refugiados africanos, podemos ver el contraste entre distintos tipos de inmigrantes: Por un lado, los 200.000 refugiados ucranianos que son recibidos con brazos abiertos; por otro, los inmigrantes “productivos y cualificados” que son necesarios para el funcionamiento de la economía europea; y finalmente, los refugiados provenientes del norte de África, que son denegados el asilo y devueltos a sus países de origen en tiempo récord.