Violencia sexual

Escándalo judicial en Murcia: Ninguno de los empresarios condenados por prostitución de menores pisará finalmente la cárcel

Juan Peque Álvarez, uno de los empresarios condenados por violar a menores — Edu Botella / Europa Press
Las asociaciones feministas de la Región de Murcia muestran su indignación con la decisión de los tribunales: “violar a chicas menores y pobres sale gratis si eres un hombre con poder e influencias”

Juan Castejón Ardid, Juan Peque Álvarez, Antonio Morales Nicolás, Antonio Giménez Pelegrín, José A. Arce López, Juan Martínez Fernández y José Jara Albero pagaron a una red de prostitución para abusar sexualmente de chicas menores de edad. Así queda recogido en la sentencia y en sus declaraciones ante los tribunales. Todos ellos se han declarado culpables y han reconocido los hechos. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones y de la indignación popular generada, la Audiencia Provincial de Murcia ha decidido este lunes y martes que ninguno de ellos tendrá que pisar la cárcel.

El enorme revuelo creado tras conocer la sentencia de la bautizada como “manada de empresarios” parecía indicar que, finalmente, la decisión sería anulada. No ha sido así y esta misma mañana se ha confirmado que ninguno de ellos tendrá que pasar ni un solo día entre rejas. Una decisión difícil de entender, a tenor de los delitos cometidos, reconocidos y por los que han sido condenados, si no se tiene en cuenta el hecho de que entre los implicados se encuentran importantes miembros de la esfera empresarial de la Región de Murcia. Este es el caso de Juan Castejón, expresidente de la patronal de Cartagena y exvicepresidente de la Confederación Regional de Empresarios de Murcia (CROEM).

Desde que hace tres semanas se hizo público el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los agresores sexuales, la indignación ha traspasado las fronteras de la Región de Murcia. Las puertas del Palacio de Justicia de la capital del Segura han sido testigo de concentraciones y manifestaciones en las que cientos de personas han mostrado su tajante rechazo a la resolución judicial de este caso. Las últimas convocatorias se han producido durante este lunes y martes, cuando los agresores sexuales condenados han acudido a los juzgados a recibir la decisión definitiva de la Audiencia Provincial. Una decisión que ha supuesto, en todos los casos, que todo queda en una reprimenda en sede judicial y una leve multa que no excede los 2.000 euros por implicado.

La alarma social que ha generado la sentencia de los tribunales murcianos puede verse desde el pasado jueves también en farolas, marquesinas de autobús y muros de la ciudad, gracias a la iniciativa de la asociación juvenil Rebeldía. Este colectivo, formado por jóvenes de Podemos, ha puesto en marcha la campaña #SeAcabóLaImpunidad, que incluye carteles en redes sociales y pegatinas por las calles con los nombres de los agresores condenados. Desde Rebeldía Región de Murcia consideran que la manada de empresarios “está gozando de un silencio social y mediático que protege a los verdugos y deja completamente solas a las víctimas”. Tras conocer la resolución final de la Audiencia Provincial, los jóvenes han anunciado que redoblarán sus esfuerzos por dar a conocer a toda la sociedad los nombres y apellidos de los implicados. “Ya que la atrocidad cometida por estos hombres mayores que buscaban expresamente niñas de entre 14 y 17 años para abusar de ellas queda impune judicialmente, que al menos exista una severa condena social y que todo el mundo sepa quiénes son y qué han hecho”, señalan.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, ha considerado que la decisión de los juzgados murcianos es una “infamia a la altura de la manada de San Fermín”. La diputada autonómica ha asegurado que, igual que en aquel caso “si no hay justicia, habrá rebelión feminista” y ha considerado que estamos ante “una justicia machista, patriarcal y clasista”. Se da la circunstancia de que Marín fue objeto de un duro comunicado por parte de las 6 asociaciones de jueces presentes en la Región de Murcia, cuando acusó a la judicatura de estar aplicando la Ley del “Sólo sí es sí” de forma torticera y beneficiosa para los agresores sexuales. “Hoy estas asociaciones están completamente calladas, sin pronunciarse por una sentencia que ha indignado a toda la sociedad y que pone de manifiesto que violar a chicas menores y pobres sale gratis si eres un hombre con poder e influencias”, denuncia.

Desde las asociaciones feministas muestran también su indignación por la resolución del caso, aunque aseguran que no “pilla por sorpresa”. La portavoz de la Asociación de Mujeres Diversa, María José Durán, recuerda que la excusa esgrimida para librar de la cárcel a los condenados es la dilación del proceso. “Los retrasos a la hora de juzgar los hechos han beneficiado claramente a los siete agresores, frente a unas víctimas para lo que lo principal 10 años después es pasar página”, señala. Para la activista feminista, queda claro que estamos ante “hombres con dinero y poder que se libran de ir a prisión, a pesar de haber cometido un delito sangrante contra niñas”.

El próximo lunes está previsto que la Audiencia Provincial decida si finalmente también entran en la cárcel los organizadores de la red de prostitución de menores. Se trata de las tres condenadas por captar a las chicas para prostituirlas, Ruth Dorado, Yesenia Mercedes Balladares, Nelly Paola Céspedes, para quienes la Fiscalía sí ha pedido el ingreso en prisión. Además de estas tres mujeres, la vista del lunes también tendrá que decidir sobre el futuro de Walter Domínguez, condenado por participar en la red de trata de menores y que acumula penas de 12 años de prisión en total por ser quien transportaba a las chicas a los domicilios particulares de los agresores o a los pisos propiedad de la trama delictiva en los que iban a ser prostituidas.