España se estanca en el ranking europeo de derechos LGTBI+ por no desarrollar la Ley Trans y LGTBI
España repite puesto en el mapamundi anual que realiza la más importante organización europea de defensa de los derechos de las personas LGTBI. Al igual que el año pasado, nuestro país ocupa la cuarta posición en una ‘Champions League’ en la juegan muy poquitos países de Europa. Por este orden: Malta, Islandia, Bélgica, España y Dinamarca.
Sin embargo, este mapamundi señala aún campos donde España necesita mejorar como en la lucha contra los delitos y crímenes de odio o en el reconocimiento de la identidad de las personas no binarias, cuestión que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que no se avanzará en esta legislatura porque “no forma parte del acuerdo de Gobierno” entre PSOE y Sumar.
Alemania, Islandia, Estonia, Liechtenstein o Grecia han dado grandes saltos en el último año para situarse en la parte alta de esta particular clasificación sobre derechos LGTBI. Estonia y Grecia aprobaron en el último año el matrimonio igualitario con adopción incluida, mientras Grecia o Liechtenstein ampliaron los derechos de adopción a las parejas del mismo género.
Alemania, Bulgaria, Islandia y Eslovenia han legislado para proteger a las personas LGTBI de los delitos de odio, mientras que Bélgica, Chipre, Islandia, Noruega y Portugal han prohibido las terapias de conversión que en España fueron prohibidas en 2022 de la mano de la Ley Trans y LGTBI.
En el lado contrario se encuentra Italia, país cuya primera ministra es la ultraderechista Giorgia Meloni, donde se le están retirando los derechos de filiación a las parejas del mismo género. Por su parte, en Eslovaquia, Croacia, Francia o Reino Unido se intenta limitar los derechos sanitarios de las personas trans.
España podría ocupar el primer puesto en igualdad LGTBI en todo el mundo, pero no lo es al no haberse desarrollado la estrategia de la Ley LGTBI aprobada en 2022. Esta norma contempla la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos vulnerables que todavía no se ha implementado.
Así lo subraya Óscar Rodríguez, de la Federación Estatal LGTBI+, quien recuerda que, aunque “seguimos a la vanguardia, podríamos haber sido líderes”. Por su parte, Katrin Hugendubel, directora de ILGA Europa, pone el foco en el avance de los discursos de odio y el estancamiento en la protección legal en muchos países del Viejo Continente.