García-Castellón demanda a Ione Belarra por vulneración a su derecho al honor

Las manifestaciones por las cuales el exjuez habría demandado a la Secretaria General de la formación morada serían las realizadas por la misma en la red social X (Twitter), en relación con la jubilación forzosa de García-Castellón de su puesto como Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

La reacción Belarra no se ha hecho esperar, pronunciándose en la red social X (Twitter), acerca del anuncio del exmagistrado a través del diario ABC.

La principal línea argumental, según ha revelado el ABC, ha sido el primer tuit mostrado, el cual la demanda lo define como lleno de multitud de vejaciones, insultos y desprecios hacia el exmagistrado, así mismo lo vincula al hecho de la posición que ocupa en la actualidad Ione Belarra como diputada y secretaria de un partido político, asegurando que “tiene una capacidad de influencia infinitamente superior a la de cualquier otro civil” y acaba esta línea argumental asegurando que esto ocasiona la enorme repercusión que ha tenido, así como la credibilidad de que García-Castellón es un juez corrupto y prevaricador, sentencia asegurando que esta aseveración sería completamente falsa.

Califican el mensaje de Belarra de completamente inaceptable e incierto, ya que no existe ni una sola sentencia que condene a García-Castellón por un delito de corrupción o de prevaricación, ya que tampoco ha sido juzgado por ello.

En otra parte de esta demanda, también resalta que la prensa se hizo eco del mensaje de la secretaria general, lo cual generó reacciones de los usuarios, siendo algunas de estas descalificaciones hacia el exmagistrado y asegura la demanda que esto vulnera el derecho al honor, afectando a su persona y su carrera profesional, la cual, es calificada por la defensa del demandante como “intachable”.

Finaliza el escrito hacia el Tribunal Supremo asegurando que esto ha ocasionado una “clara vulneración del derecho al honor” de García-Castellón. También resaltan que esto ha ocasionado “graves perjuicios” y que ha “alterado la tranquila y apacible retirada vida actual y menoscabado su salud”.

Por todo lo mencionado, defienden que las manifestaciones de Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas, por lo cual, no tendrían cobijo en la libertad de expresión, y reclama que la condenen al pago de 120.000 €, así como de las costas procesales.

La carrera del exjuez García-Castellón ha estado marcada por ambivalencias en su forma de actuar, hasta el punto de que su última causa antes de retirarse, Tsunami Democràtic, le son anulados muchos meses de instrucción por un defecto formal en los plazos en los que emitió los autos, de los cuales resultaría en que la propia Audiencia Nacional retrotrajera sus actuaciones, anulando su último auto y obligándole a enviar la causa a la misma Audiencia Nacional o en su defecto a archivarla.

Sin embargo, fue instructor también del caso Lezo después de relevar a Eloy Velasco, cumpliéndose el deseo de Eduardo Zaplana e Ignacio González, dos de los imputados y que al poco tiempo gozaron de una instrucción menos dura por parte de García-Castellón, permitiendo fianza a uno y rebajándola a otro.

En esta misma línea, instruyo la causa Púnica, donde exoneró a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González por falta de pruebas, y ligando este caso al anterior, se cuentan más de 200 exoneraciones de responsabilidad. También archivó la causa contra el Rey Emérito y Corinna Larsen.

En la causa Kitchen no consideró al Partido Popular responsable lucrativo a pesar del beneficio que obtuvo este de determinadas actuaciones de la policía patriótica y se negaba a interrogar a María Dolores de Cospedal, aunque esta apareciera hablando con Villarejo en determinados audios de la misma causa.

En el otro sentido, instruyo el caso Dina, donde no considero necesario investigar los vínculos entre Eduardo Inda y el excomisario Villarejo a pesar de que en el ordenador de este último había datos del teléfono móvil de Dina Bousselham que después serían revelados por Inda, además intentaría atribuir responsabilidad en este sentido a Pablo Iglesias a pesar de que los peritajes que el mismo exmagistrado solicitó dieron por válida la tesis del ex secretario general de Podemos de que la tarjeta SIM había sido entregada intacta.

O el falso informe PISA mediante el cual pretendía achacar al recién nacido por entonces partido morado, delitos fiscales, financiación ilegal y blanqueo de capitales, o la causa en la que investigó a Juan Carlos Monedero por una serie de testimonios de un pedido en extradición debido a delitos de narcotráfico en Estados Unidos, Hugo Carvajal, en esta última, el juez investigaba delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental; sin embargo, su único apoyo era el susodicho testigo pedido en extradición y dos “testigos protegidos”, apoyos que fueron calificados como “narraciones de terceros” por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y tuvo que archivar esta causa.

En cualquier caso, en esta nueva etapa, como demandante que abre el exmagistrado contra Ione Belarra está por verse si el Tribunal Supremo admite la demanda y, en segunda instancia, que se podría dictaminar si estos lo consideran adecuado acerca de lo alegado por el exmagistrado.