La judicatura conservadora avisa a la nueva presidenta del CGPJ que tiene que hacer los nombramientos "fifty, fifty"

Tal y como adelantábamos, una de las primeras y más esenciales labores de Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) van a ser los nombramientos de las no pocas plazas que deja el bloqueo de casi seis años del Consejo.

Si atendemos únicamente al Tribunal Supremo, por su vital importancia en cuanto a las resoluciones judiciales que de ahí emanan, estaríamos hablando de plazas en todas las salas y, por tanto, todos los órdenes jurisdiccionales se verían afectados, además, cabe recordar que estos nombramientos requieren de trece votos de los 20 totales y teniendo en cuenta que se repartieron 10 vocalías conservadoras y 10 vocalías progresistas, la polémica puede darse por servida.

Al respecto de esta situación, un vocal conservador declaraba al ABC que “en aras de perpetuar ese frágil consenso, el reparto de plazas debería ser equilibrado: 50 por ciento para los progresistas y cincuenta para los conservadores. Fifty, fifty”. Este mismo vocal también manifestaba su miedo a que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) presionara a Perelló en los nombramientos y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advertía de que el grupo progresista “ya tiene una representación en el Consejo muy superior a la que tiene en la Carrera Judicial”.

Además de la ‘sugerencia’ del vocal conservador, resulta llamativa la advertencia de la APM hecha a través, en este caso del diario ABC, ya que resalta frente a las declaraciones durante meses anteriores en las que muchos magistrados detrás de sus cuentas anónimas en redes sociales e incluso en declaraciones públicas aseguraban y pugnaban por su neutralidad política. Reconocer el tamaño de los sectores en los que ideológicamente se pueden ubicar los jueces, y la afirmación de que el sector progresista cuenta con más representación de la que tiene en la Carrera Judicial, implica asumir el sesgo presente dentro de este sector de la sociedad y en concreto de quienes tienen este oficio.

También contrastan estas filtraciones con los discursos dados tanto por la propia Isabel Perelló durante el acto de apertura del Año Judicial, como por Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, durante el acto de posesión del nuevo magistrado de este tribunal, José María Macías, donde ambos hicieron referencia a la independencia judicial y el respeto al trabajo del Poder Judicial, por un lado, y del Tribunal Constitucional por el otro.

Entre otras informaciones, algunos vocales del CGPJ también han opinado que las renovaciones más sencillas de las salas del Supremo pueden ser la Segunda y la Cuarta. De las nombradas, la primera es la encargada de lo penal y la segunda principalmente de lo laboral.

ABC en la pieza ya mencionada, confirma que Manuel Marchena no optará a un tercer mandato en la Sala de lo Penal, ni se quedaría en funciones hasta que llegara un sustituto, con lo cual, Andrés Martínez Arrieta podría coger el relevo, por lo menos, hasta que este se jubile en algunos años, y cuando eso suceda, según los informantes del ABC se abriría el debate para ocupar este puesto.

La Cuarta en estos momentos se encuentra presidida en funciones por Antonio Sempere, después de que la asumiera interinamente Rosa María Viroles después de la jubilación de la magistrada María Luisa Segoviano, quien ahora está en el Tribunal Constitucional.

Por último, sobre la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, habría tres aspirantes, el expresidente del CGPJ hasta su dimisión, Carlos Lesmes, Pilar Teso, favorita de los progresistas para la presidencia del CGPJ y Pablo Lucas, también uno de los nominados a presidir el CGPJ y ponente de una sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.