Pedro Sánchez anuncia el reparto de una partida de alquiler joven que ya había sido aprobada
Un día después de la multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido públicamente desde el 'World in Progress Barcelona', un foro internacional organizado por el Grupo Prisa. Desde allí, Sánchez se ha referido a la movilización del domingo afirmando que el Gobierno "escucha con atención y comparte su demanda" y ha anunciado el "reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler" y el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
No obstante, el "anuncio" escenificado por Sánchez no es novedad. Cómo acostumbra el Gobierno durante la presente legislatura, el reparto de 200 millones de euros correspondientes al Bono Alquiler Joven es un "anuncio del anuncio", ya que esta medida fue acordada y notificada por el Ejecutivo y las CCAA el pasado 3 de octubre. En esta fecha, la ministra de Vivienda compareció públicamente para anunciar lo mismo que Sánchez ha pregonado este lunes: el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda para el reparto de 200 millones en ayudas para el alquiler joven. Una cuantía que, a pesar de que la ministra aseguró que aumentaría, lleva congelada desde 2022 por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
Tras la comparecencia, la declaración del presidente del Gobierno ha sido objeto de muchas críticas, no solo por anunciar algo que ya estaba confirmado, sino también porque la medida no atiende las demandas del movimiento por la vivienda e incluso lleva a ahondar el problema. Sin una limitación al precio del alquiler, las ayudas concedidas a través de los bonos de alquiler de vivienda para jóvenes surten el efecto contrario: a sabiendas de que las inquilinas recibirán esos bonos por parte del Gobierno, los rentistas aumentarán aún más los precios del alquiler y el dinero público de las ayudas acabará en sus bolsillos. En cuanto al "nuevo" reglamento para evitar los fraudes de los contratos de alquiler turístico, tampoco es algo novedoso ya que se trata de una trasposición de una directiva europea. Además, la parte sancionadora del reglamento no se aplicará ya que, para ello, la ley tendría que aprobarse en el Congreso de los Diputados. Desde Moncloa han descartado esa opción porque en estos momentos el Gobierno no tiene el apoyo consolidado de una mayoría que permita aprobarlo en la Cámara Baja y, por ello, será abordado este martes en el Consejo de Ministros.
Las reacciones a las medidas "anunciadas" por Sánchez no se han hecho esperar. Desde el Sindicato de Inquilinas afirman que tras la multitudinaria manifestación del domingo en Madrid, "el Gobierno ha escuchado a los rentistas" y señalan que "este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre". El sindicato traslada que no van a parar y que continúan trabajando en la organización de una huelga de alquileres: "queremos una bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras".