Rechazada en el Congreso la ley para regular los alquileres temporales en medio del debate por la vivienda

El martes 17 de septiembre se rechazaba en el Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la Proposición de Ley relativa a la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. Esta ley, originalmente propuesta por colectivos sociales como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres, fue presentada ante el parlamento por SUMAR, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG.

La propuesta nacía para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y extender su protección a los “inquilinos temporales” en materias como subida de alquileres o expulsión de arrendatarios. La temporalidad, como han explicado los movimientos de vivienda y partidos implicados, contribuye al aumento continuo de los precios y a la precarización del derecho a la vivienda al servir de laguna legal a los arrendatarios e impedir a las administraciones aplicar los instrumentos que les brinda la legislación. Sólo en Barcelona, informaba el Sindicato de Inquilinas, los contratos de alquiler por temporada aumentaron un 56% al año de la aplicación de la ley de vivienda.

Las palabras de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ofrecían propuestas más concretas al respecto: “Lo que hay que hacer en España es repartir las viviendas que ya existen, es apretarles las clavijas a los fondos buitre y a los grandes propietarios

Con 172 votos a favor y 178 en contra, la moción no contó con el apoyo ni la esperada abstención de Junts, que finalmente votó en contra junto con UPN decidiendo el resultado.

En sus intervenciones, las fuerzas que traían la propuesta coincidían en responsabilizar a los grandes propietarios, empresas y fondos buitre, de la actual crisis de vivienda a la vez que exigían al PSOE valor para cambiar su enfoque y acceder a reformas sociales más profundas. Dentro de este bloque, Podemos y EH Bildu se desmarcaban abogando por la redistribución de los 3,8 millones de pisos vacíos, según un estudio del INE en 2001 citado por Matute durante su intervención. Las palabras de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ofrecían propuestas más concretas al respecto: “Lo que hay que hacer en España (…) es repartir las viviendas que ya existen, es apretarles las clavijas a los fondos buitre y a los grandes propietarios. Verían ustedes qué rapidito empieza a subir la oferta cuando, si tienes acumuladas un montón de viviendas vacías sin ponerlas en alquiler para especular con los precios, te crujo a impuestos y te obligo a que pongas la mitad de esas viviendas en alquiler social”.

Los sindicatos de inquilinos que impulsaron la ley admitida a trámite esperaban su aprobación parlamentaria para poner “fin a un fraude de ley” que seguirá impidiendo a las administraciones públicas emplear las herramientas necesarias para la protección de las personas arrendatarias

Por otro lado, las fuerzas conservadoras traían a colación una serie de críticas sobre aspectos técnico-legales (como la propuesta de que dos plazos de 6 meses seguidos sean el máximo para la consideración de “temporalidad” del alquiler) o argumentos basados en la premisa que la figura más abundante entre los arrendadores serían pequeños propietarios, personas que no viven de las rentas sino que las necesitan para complementar sus ingresos. Consecuentemente abogaban por la desregularización del mercado y la construcción de nueva vivienda social a través de la colaboración de ayuntamientos (Junts) o la colaboración con empresas privadas vía incentivos públicos y “protección frente a los okupas” (VOX). Por su lado el PSOE, aunque reafirmaba su apoyo a la moción, evitaba referirse a las causas del problema y se sumaba a la idea de la construcción de vivienda pública.

Los sindicatos de inquilinos que impulsaron la ley admitida a trámite esperaban su aprobación parlamentaria para poner “fin a un fraude de ley” que seguirá impidiendo a las administraciones públicas emplear las herramientas necesarias para la protección de las personas arrendatarias.

Este fracaso parlamentario llega en un momento delicado en el que se cuestiona la capacidad del gobierno para actuar con efectividad sobre la vivienda. Aunque la ley ya hubiera sido promulgada estaría en mano de las Comunidades Autónomas hacer uso de la misma para combatir la especulación y la progresiva temporalización de los alquileres. Hecho este que salió a relucir en la última entrevista a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para El País, en la cual aclaraba: “Los gobiernos autonómicos, prácticamente todos en manos del Partido Popular, tienen una llave ahora mismo, que es la única que nos permite bajar con carácter inmediato el precio (del alquiler) … La llave para mejorar la vida de la gente la tiene el Partido Popular”.

A este obstáculo se suma la posición del principal partido del gobierno tal y como la describía para Público el abogado del Sindicato de Inquilinas de Madrid: "Tanto las declaraciones de Pedro Sánchez como las de la ministra (de Vivienda) siempre están dirigidas hacia la construcción de vivienda y la colaboración público-privada, lo cual coincide con el discurso de la patronal inmobiliaria, que afirma que el problema de vivienda se resuelve construyendo más. El consejero de Vivienda de Madrid del PP también decía lo mismo”.  

Tras este episodio las reivindicaciones de los sindicatos y el enfoque de las izquierdas en el parlamento sufre un nuevo revés que probablemente hará más notables sus diferencias en el diagnóstico del problema y en el pronóstico de las soluciones. Lo que está claro, es que ningún color político osa negar hoy en la cámara de los diputados la gravedad y urgencia del problema de la vivienda y el creciente drama vital que supone para la ciudadanía más vulnerable.