Los recortes sociales y la política económica de Cospedal y Page lastran los salarios en Castilla-La Mancha
El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este lunes los resultados definitivos de la Encuesta de Estructura Salarial, que evidencian la precarización de los salarios en Castilla-La Mancha que, junto a Extremadura y Canarias, registra uno de los peores datos en cuanto a salarios medios, que se sitúa en los 23.751,71€. Ello supone que de media un trabajador castellanomanchego gana un 36% menos que, por ejemplo, una persona asalariada en Euskadi, cuyo salario medio anual alcanza los 32.313,73€.
Además, la comunidad autónoma gobernada por Emiliano García-Page se posiciona a la cola con el menor incremento salarial respecto a 2021, con tan solo un 2,2%. En este sentido, hay que destacar que dicho incremento no ha repercutido de manera uniforme para todos los trabajadores. De este modo, aquellas personas que ganan menos, las incluidas en el percentil 10, han visto reducidas sus retribuciones en más de 683€ desde 2021, hasta quedarse en los 9.513,04€ anuales, por debajo de la media nacional. Contrariamente, aquellos que obtienen un salario más elevado, los comprendidos dentro del percentil 90, han registrado un aumento de más de 1.200€ hasta alcanzar los 41.187,76€ anuales.
Se agranda la brecha de género
Por otro lado, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha visto también incrementada en todos los tramos salariales, aunque esta brecha es mucho mayor entre los salarios más bajos, para los que en 2021 había una diferencia por género del 68% y en 2022 supera el 100%. Este fuerte aumento de la brecha salarial en los tramos más bajos se debe a que, mientras los salarios de los hombres del percentil 10 han crecido desde los 13.370,00€ hasta los 14.127,24€, los de las mujeres se han reducido un 12% desde los 7.974,93€ anuales en 2021 a los 7.038,68€ en 2022.
Todos estos datos apuntan a una precarización de los salarios, especialmente de las mujeres castellanomanchegas, que no repercute de la misma forma en los hombres, que escalan posiciones colocándose, hacia mitad de la tabla, como los octavos de todas las comunidades con una mayor subida.
Precariedad y exclusión social
Castilla-La Mancha, de acuerdo con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, contaba en 2022 con unas 640.000 personas, aproximadamente un tercio de la población, en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo cual está directamente relacionado con los bajos salarios. De hecho, los datos aquí analizados explican en parte que esta comunidad autónoma sea una de las regiones que prioritariamente requiere de avances hacia un mejor reparto de la riqueza, tanto en función de clase como de género.
Como ya se ha apuntado, las trabajadoras más precarias de entre las precarias han visto empeorada su situación con un descenso salarial del 12%, en un año en el que hay que recordar que los precios subieron un 6,8% en Castilla-La Mancha y, en concreto, el precio de los alimentos aumentó un 16,5%, que es el principal gasto de aquellos que tienen menos ingresos.
Gran parte del enriquecimiento de las empresas recae sobre la precarización de las vidas de las mujeres y estos datos vienen determinados por decisiones de una administración autonómica que las vuelven más vulnerables y débiles ante la voracidad de un sistema que no proporciona los servicios públicos suficientes en cantidad y calidad para atender a las necesidades de cuidados, que recaen en ellas por la ausencia de políticas efectivas de corresponsabilidad.
Sin duda, los recortes sociales llevados a cabo entre 2011 y 2015 por el Partido Popular de María Dolores de Cospedal, y que, en buena parte, Page aún no ha revertido, han ahondado en la precarización de los salarios y de las vidas de las trabajadoras de Castilla-La Mancha. En este sentido, también ha sido determinante la apuesta de PP y PSOE por ampliar el peso en el empleo regional de sectores como la hostelería o la agricultura, que acumulan salarios más bajos y peores condiciones laborales; además de tratarse de empresas de menor tamaño promocionadas institucionalmente en base a teorías individualistas de emprendimiento, que traen consigo consecuencias negativas para la economía, los salarios y las esperanzas de la ciudadanía.
