Sumar propone que se pueda trabajar con una incapacidad permanente total, absoluta y de gran invalidez

Sumar ha registrado recientemente una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que pretende modificar la normativa hasta ahora vigente sobre la compatibilidad entre el trabajo y las prestaciones económicas por incapacidad en los grados total, absoluta y gran invalidez. La iniciativa, que ha tomado la forma de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, ha sido impulsada por la portavoz adjunta de Sumar y líder de Catalunya en Comú Aina Vidal.

Como indica el diario, la iniciativa busca modificar los artículos 194 y 198 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), así como su disposición transitoria vigésimo sexta, para permitir la compatibilidad entre la prestación por incapacidad y el trabajo. El documento detalla que desde 2008 y hasta abril de 2024, la jurisprudencia permitía a los trabajadores con incapacidad permanente (en los grados total, absoluta y de gran invalidez) realizar actividades laborales, porque la Constitución Española, en su artículo 35 recoge que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. Impedir que estas personas trabajasen se entendía hasta entonces como una forma de actuar contraria a la Constitución.

El cambio de criterio se produjo cuando la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo dictó la sentencia STS 544/2024 el 11 de abril, que terminó prohibiendo esa compatibilidad, limitando el trabajo que pudieran realizar dichas personas a actividades “de tipo marginal e intrascendente”. Este giro de la jurisprudencia se basaba en la interpretación que hacía el Tribunal Supremo de los artículos 194 y 198 de la LGSS, que ahora Sumar trata de reformar. Según el artículo 194, la incapacidad permanente absoluta es “aquella que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio” y la de gran invalidez, además de inhabilitar al trabajador, añade que “necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos”. Por lo tanto, el Tribunal Supremo estimaba que la imposibilidad de trabajar era un requisito necesario para recibir esta prestación económica.

Respecto al artículo 198 de la LGSS, la ley establece que los beneficiarios de esta prestación por incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez “no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, […] compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión”. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Supremo limita actualmente estas actividades a trabajos marginales, bloqueando que se puedan realizar otro tipo de trabajos estables o regulares. Como indica la sentencia, si el objetivo básico de la prestación por incapacidad permanente es paliar la falta de ingresos debido a la imposibilidad de trabajar, aquellas personas con este tipo de incapacidad que empezaran a trabajar y cobrar un salario no tendrían justificación para cobrar esta prestación.

Según Europa Press, Sumar justificaba la necesidad de modificar esta norma siguiendo la recomendación número 18 del Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo (acuerdo suscrito en 1995 por un parlamento en el que el PP y el PSOE ocupaban juntos el 85% de los escaños), que, entre otras indicaciones, propone flexibilizar “el régimen jurídico de las pensiones por incapacidad permanente, para moderar la incompatibilidad existente que obliga a elegir entre pensión o trabajo” en aras de lograr “la plena inclusión de las personas con discapacidad”.

Este tipo de reformas flexibilizadoras que podrían suponer un grave retroceso para los derechos de los trabajadores han sido frecuentes estos últimos meses. A comienzos de verano, el Gobierno de PSOE y Sumar planteaba incentivos para aquellas personas que “voluntariamente decidieran retrasar su edad de jubilación, pudiendo compatibilizar la pensión contributiva y trabajo después de la edad ordinaria de jubilación. Hace pocas semanas, también sorprendía el Gobierno con la propuesta Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social, de reformar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores para convertirlas en una suerte de “bajas flexibles” en las que los trabajadores podrían regresar a su puesto de trabajo, a pesar de su condición de enfermos, medida que algunos miembros de Sumar estaban dispuestos a estudiar.