Un jefe policial chileno acusado por represión en el estallido social de 2019 irá a juicio

Su salida de la jefatura de Carabineros estaba prevista para mayo pasado, pero el asesinato de tres policías en un sector rural de la sureña zona de la Araucanía obligó al gobierno a gestionar la postergación del inicio de la investigación de la justicia, el tribunal fijó como nueva fecha de formalización del imputado el próximo 1 de octubre, tiempo que aprovechó el alto oficial para buscar que la justicia acoja recursos de su defensa y evitar o al menos volver a postergar el trámite que lo lleva a la silla de los acusados. El general ha buscado permanecer al mando de su institución hasta el 19 de noviembre, fecha en que se cumple el plazo legal de su cargo y pasaría a retiro.

“El general Yáñez no ha colaborado con la justicia” acusa una de las abogadas querellantes, Karina Fernández, especialista en derechos humanos y representante de las víctimas de la represión policial

El último intento del general Yáñez por evitar la comparecencia del martes 1 se produjo este martes, cuando presentó un escrito ante el Juzgado de Santiago informando de un cambio de su defensa, su abogado principal enfermó repentinamente y el nuevo jurista no ha tenido tiempo de conocer el proceso, argumentó. El tribunal rechazó la petición; pero aún tiene una oportunidad el día de su formalización si hace una solicitud similar apenas comience la audiencia.

“El general Yáñez no ha colaborado con la justicia” acusa una de las abogadas querellantes, Karina Fernández, especialista en derechos humanos y representante de las víctimas de la represión policial. El jefe policial y otros dos altos oficiales -estos ya en retiro- afrontan cargos “omisión ante apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y de homicidio”, durante las protestas de 2019 que dejaron una treintena de muertos, más de 12.500 personas heridas según registros hospitalarios, más de 400 víctimas de traumas oculares y casi medio millar de denuncias por torturas, violencia sexual y golpizas, todo consignado además por informes de organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, la oficina local de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.

La abogada Fernández subraya que el jefe policial desde que se inició la investigación, al menos en ocho ocasiones “no ha concurrido a declarar” y, cuando asistió en calidad de imputado, recurrió al derecho a guardar silencio, “generando un fuerte obstáculo a la investigación”.

Cuando la formalización de Yáñez fue diferida de mayo a octubre, en el gobierno del presidente Gabriel Boric pesó el hecho de que el crimen de los tres carabineros en la Araucanía debilitaría a niveles extremos a la institución policial, en momentos en que aumentaban los delitos de alta connotación, principalmente asesinatos atribuidos al crimen organizado. Una debilidad institucional que tenía una historia de arrastre.

A fines de 2015 un funcionario el Banco Estado en la austral ciudad de Punta Arenas alertó de movimientos irregulares en la cuenta de Carabineros. Días después otro banco reportó transferencias millonarias de un capitán de la policía. La investigación de las irregularidades arrojó que en diez años un grupo de policías desvió fondos públicos por más de 35 millones de euros. La justicia investigó a más de 130 carabineros involucrados, entre los cuales estaba el ex director general Eduardo Gordon. El entonces presidente Sebastián Piñera dio de baja a casi la mitad del cuerpo de generales de Carabineros, mientras la adhesión ciudadana a la policía cayó a mínimos históricos.

Al escándalo, luego se sumó una fallida operación de inteligencia policial en sus acciones de represión a sectores movilizados del pueblo mapuche. Los carabineros arrestaron una decena de dirigentes indígenas y los “cargaron” con pruebas falsas. A este hecho se sumó el 2018 el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, baleado por la espalda y en la cabeza por una patrulla policial que intentó ocultar el crimen, con la complicidad de los mandos policiales. Después vino la revuelta de octubre de 2019, que hizo bajar aun más la adhesión a Carabineros.

El general Yáñez ya a la cabeza de la institución se abocó a combatir los delitos del crimen organizado, principalmente el narcotráfico, el sicariato y los delitos más violentos, en sintonía con los requerimientos del gobierno. Ello permitió recuperar adhesión ciudadana a la institución que vivía crisis tras crisis.

Los cargos que pesan sobre el general Yáñez están próximos a cumplir cinco años, los mismos años desde la revuelta popular que comenzó el 18 de octubre de 2019 y el jefe policial estaba a cargo de las fuerzas operativas de Carabineros que reprimían a los manifestantes en las calles

Como una forma de colocar un límite a los espacios de movimiento del jefe policial, el gobierno determinó que ningún alto funcionario del Estado puede permanecer en su cargo si es formalizado por la justicia. Y considera que el general Yáñez debe llegar a la audiencia del 1 de octubre vestido de civil.

“Yo trabajaré hasta el último segundo y último minuto del último día, semana y mes en el cual tenga que estar”, ha dicho Yáñez, sin aclarar si acaso buscará de nuevo postergar su juicio. Desde el gobierno le reiteran: “No hay ningún cambio ni innovación en el criterio que hemos fijado frente a autoridades que son formalizadas. Frente a las formalizaciones la solicitud es la renuncia, es el criterio que se ha establecido desde el primer momento”, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Los cargos que pesan sobre el general Yáñez están próximos a cumplir cinco años, los mismos años desde la revuelta popular que comenzó el 18 de octubre de 2019 y el jefe policial estaba a cargo de las fuerzas operativas de Carabineros que reprimían a los manifestantes en las calles. “El Estado perpetró estos delitos (…) que dolorosamente quedan en impunidad y que afectan la vida y la existencia de muchas personas para siempre”, dice la abogada de las víctimas.