Colombia tiene un plan para la transición ecológica

El principal bien exportado por Colombia es el petróleo. En la lista de los países productores de crudo, Bogotá ocupa el puesto número diecinueve. En la de exportadores de carbón, incluso el quinto. En cuanto a la política interna, el país latinoamericano sigue afectado por una gran pobreza energética y, en ocasiones, apagones. En teoría, Colombia tiene todas las características para alinearse con las naciones dispuestas a todo con tal de no renunciar a los combustibles fósiles. Sin embargo, las cosas están tomando un rumbo muy diferente.

Hace dos años, la izquierda populista de la coalición Pacto Histórico ganó las elecciones. El primer gobierno progresista e independiente de los Estados Unidos en la historia reciente. Gustavo Petro, el nuevo presidente, eligió como ministra del medio ambiente a Susana Muhamad. 48 años, ecologista de larga trayectoria, con un título en planificación del desarrollo sostenible, es miembro de Colombia Humana, el mismo partido de Petro. El mundo tomó nota de ella en la COP28 de Dubái, la última ronda de negociaciones para combatir el cambio climático promovida por las Naciones Unidas el pasado noviembre. En un contexto extremadamente difícil — el mundo distraído por las guerras, la presidencia de la cumbre en manos de un magnate petrolero emiratí —, Muhamad destacó. Colombia se alineó a favor del «phase-out», la promesa de abandonar los combustibles fósiles impulsada por la Unión Europea, y apoyó financiamientos significativos del norte al sur para la transición, una demanda del mundo no occidental. Una posición que combinaba la postura danesa sobre la mitigación de la crisis climática con la cubana en cuanto a la financiación, lo que le valió a Bogotá el título indiscutible de la delegación más radical del encuentro.

Muhamad y Petro son los arquitectos de un complejo plan de transición que aún está lleno de incertidumbres, pero que ya está despertando el interés de muchas naciones y las esperanzas de los ecologistas.

La transición a la colombiana

Hace dos años, apenas tomó posesión, el nuevo gobierno de izquierda anunció la suspensión de nuevas exploraciones en busca de petróleo, gas y carbón. Una decisión no meramente simbólica en un país que debe una parte considerable de su PIB a la venta de petróleo. En la mencionada COP28, Colombia se unió a la Beyond Oil & Gas Initiative (BOGA), una coalición liderada por Dinamarca y Costa Rica cuyo objetivo es precisamente detener nuevas perforaciones, y al grupo promotor del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Esta última propuesta busca establecer un acuerdo global jurídicamente vinculante para detener la construcción de nuevas infraestructuras para la energía sucia, siguiendo el modelo de los tratados de no proliferación de armas nucleares firmados en la segunda mitad del siglo pasado. Hasta ahora, solo pequeños estados insulares o instituciones supranacionales (Parlamento Europeo, Organización Mundial de la Salud) sin capacidad efectiva de implementar políticas se habían unido. Colombia es el primer país con cierto peso en sumarse.

Colombia promete hacer algo diferente, aprendiendo de los errores ajenos. El gobierno ya ha implementado acciones para frenar la proliferación de los combustibles fósiles incluso antes de recibir fondos, y aseguran que la gobernanza será más eficiente internamente y equitativa en la relación con los donantes. 

Junto con la pars destruens —el abandono, aún extremadamente parcial, de los combustibles fósiles— es necesaria la pars construens: las infraestructuras ecológicas. Especialmente en un país que enfrenta problemas de suministro energético y pobreza. Aquí es donde entra en juego la segunda fase del plan de Petro y su ministra. En la New York Climate Week, un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas recién concluida, Muhamad anunció la intención de obtener cuarenta mil millones de dólares para el desarrollo de energía verde, la electrificación del transporte y la protección de la biodiversidad. Los fondos serán proporcionados por naciones desarrolladas y entidades privadas, y serán gestionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la entidad financiera de la Organización de Estados Americanos, de la cual también España es contribuyente. El principal financiador serían los Estados Unidos. En una entrevista con Bloomberg, Muhamad explicó que el sistema financiero global no favorece la transición. «Tan pronto como mencionamos que íbamos a detener la exploración para poder comenzar la no proliferación de combustibles fósiles y poner un límite para hacer la transición [..] inmediatamente todos los mercados y las agencias de calificación crediticia se pusieron nerviosos hasta casi retirar nuevamente nuestra última calificación de inversión, lo que empeoraría nuestra situación». Ante esto, continuó la ministra, el plan del gobierno busca una solución: «estamos examinando treinta países con economías complementarias que efectivamente pueden negociar un régimen económico que permita una realidad para la transición, con socios clave. Queremos crear una isla, una isla de países que puedan mostrar que hay otro camino y que luego ese régimen se vuelva más atractivo que la situación actual».

Colombia ha elegido para sí misma el papel de abanderada global de la transición

El modelo propuesto por Bogotá no es completamente nuevo. En 2021, en la COP26 de Glasgow, se lanzaron las Asociaciones para la transición energética (JETP, en inglés). Estos son acuerdos entre un país en desarrollo y uno o más países ricos: los segundos se comprometen a contribuir financieramente a la transición, mientras que el primero reduce el uso de combustibles fósiles. Desde, entonces, se han firmado cuatro de estos acuerdos —Sudáfrica, Indonesia, Vietnam y Senegal—, pero el avance ha sido limitado. Tres de estos pactos siguen inactivos. El único que teóricamente está en funcionamiento, entre el Reino Unido y Sudáfrica, ha demostrado ser ineficaz hasta ahora y ha provocado acusaciones de neocolonialismo.

Colombia promete hacer algo diferente, aprendiendo de los errores ajenos. El gobierno ya ha implementado acciones para frenar la proliferación de los combustibles fósiles incluso antes de recibir fondos, y aseguran que la gobernanza será más eficiente internamente y equitativa en la relación con los donantes. Solo el tiempo dirá si estas promesas se cumplen.

Los próximos pasos

Colombia ha elegido para sí misma el papel de abanderada global de la transición. En un contexto en el que la Unión Europea parece desinteresarse del ya moderado e insuficiente Pacto Verde, los Estados Unidos se convierten en los principales productores de petróleo del mundo y China aún está lejos de ser un modelo, Bogotá, en la medida de sus posibilidades, busca ocupar un espacio vacío. «Ya no hay más tiempo, los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital», dijo Petro durante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.

El éxito del plan de financiamiento recién presentado será crucial para dar solidez a sus declaraciones. Mientras tanto, se acercan dos hitos importantes. A mediados de octubre se celebrará la COP16, la decimosexta reunión de negociaciones de las Naciones Unidas sobre la conservación de la biodiversidad. Se trata de una cumbre que normalmente pasa desapercibida para los líderes mundiales. Este año la acoge Colombia, en la ciudad de Cali, y promete atraer una atención sin precedentes. En noviembre, se llevará a cabo en Azerbaiyán la COP29, la más conocida de las reuniones ambientales promovidas por la ONU, dedicada a la crisis climática. Nadie espera grandes avances en cuanto al abandono del petróleo, el gas y el carbón — las grandes potencias no tienen planes ambiciosos y la presidencia nuevamente está en manos de una nación autoritaria y ligada a los combustibles fósiles. Pero el tema central será la financiación. El Sur Global exige, en sus partes más radicales, 1000 mil millones de dólares anuales del mundo rico para la transición. Las naciones occidentales no tienen ninguna intención de abrir sus carteras. En este contexto, el modelo colombiano podría convertirse en un ejemplo para América Latina, África y Asia.