La dictadura libertaria

En Argentina ha cambiado de raíz la convivencia democrática y la libre manifestación de las personas en un sistema republicano. El Gobierno de Javier Milei ejecuta una amenaza concreta al pueblo argentino, con la intención de disciplinarlo bajo un protocolo de seguridad inconstitucional, la falsa imputación de “un golpe de estado” y la mentirosa afirmación sobre el supuesto accionar de “grupos terroristas” durante el tratamiento legislativo de la Ley Bases.

Al cierre de esta edición, la jueza federal María Servini había liberado a 17 personas de las 33 detenidas en la represión del miércoles. Quedaban 16 en cárceles federales. Durante la noche del viernes 14, fuentes vinculadas a la causa no descartaban que la jueza pudiera evaluar otras liberaciones. El martes 18, la magistrada liberó a 11 personas más. Aún quedan 5 detenidos por manifestarse, a quienes acusan de incendiar bicicletas, arrojar piedras, e insultar agentes policiales. De hecho desestimó el pedido de prisión preventiva para todos los imputados que realizó el fiscal Stornelli.

A las diez de la noche circuló un documento judicial entre la prensa acreditada en los Tribunales, donde en ciertos casos se justificó la detención de personas “por saltar una valla” o por tener una presunta actitud “beligerante” con la Policía. Insólito.   

Entre los apresados por el Gobierno había estudiantes universitarios, integrantes de asambleas barriales que estaban circulando a dos kilómetros del foco represivo sobre la Avenida Rivadavia y la calle Paraná, una familia integrada por tres personas —abuelo, hija y nieta— que vendía empanadas, un vendedor ambulante de chorizos, una profesora que apenas alcanzó a dar su nombre y su número de documento en la 9 de Julio, fue brutalmente apresada por mujeres de la Policía porteña con chalecos celestes.

En la tarde del viernes 14, se realizó una conferencia de prensa de los familiares de las víctimas del Gobierno de Milei en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

“El gobierno quiere poner a todos los argentinos en un estado de excepción. La ministra Patricia Bullrich, principal responsable de llevar adelante todas estas políticas, es una mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha en la Argentina. En complicidad con el fiscal Carlos Stornelli, famoso armador de causas judiciales, están tratando de que este estado de excepción se consolide a través de un fallo judicial”, denunció el diputado Leopoldo Moreau, atacado  con gas pimienta por efectivos de la Prefectura Naval el miércoles, poco después del mediodía en el Congreso.

El diputado nacional, Eduardo Valdés, otro de legisladores de Unión por La Patria heridos en los ojos por el gas pimienta disparado por fuerzas federales, evaluó que “la represión se inició cuando el Gobierno aseguró el quórum y entonces decidió atacarnos, cuando estábamos yendo hacia los manifestantes en forma pacífica. Una decisión de la ministra Bullrich, que quiso evitar que la ciudadanía protestara libremente en democracia”.

Tal como se dijo aquí, el fiscal Stornelli pidió la prisión preventiva acusando de 15 delitos graves a los detenidos y detenidas. Simples personas que fueron apresadas como delincuentes seriales y las mantuvieron en cárceles federales alejadas de la Capital o dentro de camiones celulares como en las épocas más siniestras de Argentina.

En línea con el Gobierno y la llamada Oficina del Presidente —organismo que no existe oficialmente como parte del Estado Nacional—, el fiscal Stornelli les endilgó el delito de sedición y de incitación a la violencia. Lo cual resulta absolutamente falso. Las y los estudiantes estaban a 20 calles de distancia de los acontecimientos. La profesora de Historia estaba a 10 calles. Y el músico Santiago Adamo, integrante del colectivo Inquilinos Agrupados, solo atinó a hablar con efectivos federales, quienes se lo llevaron en andas como si fuera un asaltante de un banco.

Sin embargo, nada sucedió con los misteriosos sujetos que incendiaron un móvil radial de Cadena 3, a metros del Congreso, y quemaron otros  automóviles con combustible.

Un reportero gráfico del diario La Nación siguió el camino de un presunto infiltrado en la marcha, que logró milagrosamente pasar las vallas para refugiarse con la Policía justo después de protagonizar incidentes con piedras y palos. Otro apareció primero en la protesta con un garrote y después deteniendo a una persona. ¿Una de infiltrados policiales?

En diálogo con Diario Red, el destacado jurista Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, dijo sobre las acusaciones de Stornelli: “Me parece absurdo. No se puede avisar y que todo sea ‘terrorismo’. El fiscal se paseó por todo el Código Penal y sus adyacencias. Su dictamen es ridículo. Si alguien realizó algún acto violento que le prueben su autoría y lo encuadren típicamente con seriedad, con sobriedad, y no sobreactuando. Es un mamarracho jurídico. Desconoce conceptos elementales del Derecho Penal, como los concursos reales e ideales. Es un disparate dirigido a la prensa. Esto no es más que una advertencia para impedir cualquier protesta pública. Vamos camino de una dictadura, me recuerda a los peores años de la Argentina”.  

Según Zaffaroni todavía no existe de hecho lo que podría considerarse un estado de excepción o de sitio encubierto. “Lo que existe es un abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio Público Fiscal en un intento de amedrentamiento de la población”.

A pesar de tener una minoría parlamentaria, el Gobierno libertario logró a base de represión y dádivas la aprobación de su Ley que entrega el patrimonio nacional a las corporaciones internacionales.

El caso de la senadora neuquina Lucila Crexell es curioso: en febrero estaba totalmente en contra de Milei y sus leyes, pero luego de que fuera visitada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptó un cargo de embajadora en la UNESCO y cambió el sentido de su voto.

“Los ayer opositores y hoy dialoguistas —afirmó el diputado y dirigente gremial bancario, Sergio Palazzo—, cuando había mayorías democráticas en el parlamento decían que habían convertido al Congreso en una escribanía. Al ver lo que hicieron en estos días con la Ley Bases, podemos decir que los opositores de ayer y oficialistas y aliados de hoy convirtieron al parlamento en un mercado persa, donde todo se compra y todo se vende, y así fue cómo canjearon votos por dinero para las provincias que antes se los había quitado el gobierno central. Es decir que quien tenía la plata los compró barato porque les pagó con su mismo dinero”.

La vicepresidente, Victoria Villarruel sabía a la perfección que su voto  desempataría a última hora de la noche en el Senado y asistió vestida como una guardiana videlista. Con un largo abrigo de estilo SS y una escarapela en el pecho, hizo su show del escarnio tal como estaba previsto. Feliz por un rato, a pesar de su evidente inestabilidad emocional y psicológica, Milei partió al G7 para estrechar las manos Joe Biden y Kristalina Gueorguíeva del FMI.

Entre risas y frases inconexas mantuvo un encuentro protocolar con Giorgia Meloni y saludó eufórico al Papa Francisco. Claro que de corrido, su Gobierno adhirió peligrosamente a la posición de Ucrania en el conflicto con Rusia y desde Moscú llegó una advertencia sobre una potencial hostilidad con Argentina.

Milei se deleita chocando cosas que no tienen recambio. Goza con la crueldad dentro de sus atuendos desencajados. Defiende el uso y el abuso de la inteligencia artificial, considera familia a sus perros clonados, se visualiza Terminator y acusa a la oposición de “ratas”, mientras se autodefine “un topo” que viene a destruir el Estado desde adentro.

La locura es una enfermedad mental. La deshumanización una característica innegable de la gestión de Milei.

A tal punto que en el auge del debate en Diputados con la represión en las calles uno de sus asesores libertarios pidió “sangre”, “venganza”, y “muerte” desde las redes sociales.  

Cualquier parecido con la República de Weimar no es una casualidad.