La marcha de Evo Morales llega a La Paz y profundiza la división de la izquierda boliviana
Sigue la tensión política en Bolivia. El expresidente Evo Morales llegó marchando hasta La Paz desde Caracollo, una localidad ubicada a 189 kilómetros de la sede del gobierno boliviano. Durante todo el trayecto, que tardó siete días en recorrer, antagonizó con el presidente Luis Arce, sus ministros y sus seguidores. La violencia no estuvo ausente, aunque no fue tan grave como algunos anticipaban. Al final, en un discurso en la asamblea que dio fin a la marcha, conminó al presidente a despedir a sus “ministros narcos y drogos” por haber contratado un grupo de choque para que ataque a la marcha y por sus ataques “racistas y fascistas” contra sus excompañeros del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, olvidó mencionar a los tres campesinos que, en un conflicto aparte, fueron condenados por bloquear la carretera entre La Paz y Copacabana. Esta condena se dio en el marco de una sentencia constitucional promovida por la derecha boliviana, y admitida por el Gobierno, que penaliza los cortes de ruta, en contra de la tradición histórica nacional.
Pero el tema que verdaderamente importa a los actores no es este ni tampoco la crisis económica que sirvió de móvil público de la movilización, sino la candidatura de Morales en 2025. La marcha buscó potenciar el prestigio y la influencia de este líder sobre las organizaciones sociales y, al mismo tiempo, debilitar a Arce todo lo posible, con la esperanza, remota, de que este caiga y el poder quede en manos de Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado.
Morales no ha mostrado hasta ahora todas sus cartas, se ha concentrado en acumular fuerza política respecto a su enemigo personal y político, que, simétricamente, se ha desgastado en los últimos tiempos
Si no se toman en cuenta los factores simbólicos ni las especulaciones sobre una improbable renuncia del presidente, la relación entre la movilización y sus verdaderos objetivos no aparece muy visible. La inhabilitación de Morales es resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que también está a cargo de un recurso legal que le podría quitar a Morales el partido con el que quiere participar en las elecciones de 2025. La sentencia prohíbe cualquier clase de reelección, continua o discontinua, de cualquier boliviano que ya hubiera sido reelecto una vez.
Morales no ha mostrado hasta ahora todas sus cartas, se ha concentrado en acumular fuerza política respecto a su enemigo personal y político, que, simétricamente, se ha desgastado en los últimos tiempos, sobre todo por las urgencias de la crisis económica. Por otra parte, Arce no quiso poner toda la fuerza que tenía para enfrentar la marcha de su enemigo político. En un discurso la noche previa de la llegada de la marcha a La Paz, señaló en la televisión dirigiéndose a este: “Guerra civil, dijo uno de tus operadores. Es precisamente lo que quisieran enemigos internos y externos del Estado Plurinacional, para entregarlo al imperialismo. Para que haya una guerra civil se necesita al menos dos frentes antagónicos y ese es un gusto que no te daremos”.
Este discurso coincidió con el hecho de que, pese al deseo de políticos oficialistas y opositores de “sentarle la mano” a Evo Morales, la orden de proceder contra él no se produjo. La pregunta es si ocurrirá lo mismo en el futuro si se cumple la amenaza de los marchistas de un “bloqueo de caminos nacional e indefinido”.
Trayectoria de una marcha
La “Marcha para Salvar Bolivia” comenzó el 17 de septiembre en el pueblo de Caracollo con destino a la ciudad de La Paz. Planteó un pliego petitorio de varios puntos, entre los que insta al Gobierno a dar solución a la crisis económica actual. Desde este denunciaron que tenía el propósito de imponer la candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones.
A medida que la marcha avanzaba hacia la ciudad de La Paz, las fuerzas enfrentadas arcistas y evistas crearon varios picos de tensión. El primer enfrentamiento se dio el segundo día de la movilización, en la localidad de Vila Vila, donde funcionarios públicos y mineros que respaldan al gobierno de Arce intentaron impedir el paso de la marcha.
Los adherentes de Evo Morales lograron, con violencia, seguir adelante. Horas más tarde, Evo Morales anunció que abandonaría la movilización con el argumento de que el gobierno usaba su presencia para señalar que se trataba de “una marcha de Evo y no una marcha del pueblo”. Luego de recibir agudas críticas por esta decisión, críticas que asemejaban el anuncio con su salida de Bolivia durante la crisis de 2019, los dirigentes presentes en la marcha “le instruyeron” que retomara la medida.
El Gobierno denunció que Morales pretendía propiciar “un golpe de Estado” en su contra. Por su parte, el expresidente denunció al Gobierno de intentar detenerlo
La decisión de Morales de irse probablemente estuvo ligada al siguiente hecho. Poco antes, una sala constitucional lo había conminado a evitar bloqueos a la circulación vial, basándose en la Resolución Constitucional 040/24, que, por primera vez en la historia democrática boliviana, penaliza los bloqueos. Gabriela Montaño, expresidenta de la cámara de Senadores, señaló al respecto en X que “ir en contra de las medidas de presión históricas no es de izquierda”; más tarde, otros analistas señalaron que este hecho marcaba la ruptura del ala arcista con el movimiento popular. Los “bloqueos de caminos” han sido parte de los métodos de acción política del movimiento popular boliviano. Sirvieron para la recuperación de la democracia a inicios de los años 80; para derrocar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 luego de que ordenara masacrar a 67 personas; para presionar a la expresidenta de facto Jeanine Añez en 2020 para que autorizara la realización de las elecciones en las que salió victorioso Luis Arce Catacora. En un fallo sobre un conflicto diferente pero simultáneo, la Resolución 040/24 sirvió para condenar a tres bloqueadores del sindicato aymara Tupac Katari en un juicio abreviado que los condenó a tres años de prisión.
La lluvia de acusaciones no se detuvo ahí. El Gobierno denunció que Morales pretendía propiciar “un golpe de Estado” en su contra. Por su parte, el expresidente denunció al Gobierno de intentar detenerlo. Varias voces comenzaron a defender “la necesidad” de la detención de Morales. Por ejemplo, Grover García, presidente del MAS del ala arcista dijo: “Denunciamos al mundo que un expresidente está gestando un golpe de Estado. Pedimos a las autoridades competentes que este señor debe ir a la cárcel por terrorismo y sedición”. La oposición tradicional también se pronunció por ver a Morales tras las rejas.
El ala evista negó estar interesada en derrocar a Arce. Andrónico Rodríguez, el tercer hombre del país que fue sindicado de buscar suceder al presidente, señaló “con profunda vehemencia que no soy parte de un plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado o la renuncia del Presidente o vicepresidente como afirma el gobierno”.
En el tercer día de marcha, el viernes 20, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, invitó a Morales a un diálogo con el presidente Arce. Morales no apareció donde fue convocado porque, dijo, la invitación no le llegó a tiempo. Luego se denunció que el emisario encargado de llevar la nota de invitación a la marcha fue atacado físicamente por los afines al expresidente. El evismo respondió el sábado 21 convocando a Arce a un diálogo en la carretera, a lo que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respondió que era imposible por razones de seguridad.
La tensión siguió creciendo. Eva Copa, alcaldesa oficialista de El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, declaró que Morales “tendría que pedir permiso” para entrar en el territorio de su municipio. El domingo 22 de septiembre, el Pacto de Unidad (alianza de los sindicatos fundadores del MAS) afín a Arce convocó a un “cabildo” (concentración) en Ventilla, un barrio de El Alto, para preparar el rechazo alteño a la marcha. Cuando el mitin se desarrollaba, fue atacado por activistas evistas. En este cabildo había funcionarios públicos y, según una denuncia evista, “barras bravas” de equipos de fútbol de Santa Cruz, región situada en el otro extremo del país. Los enfrentamientos dejaron un saldo de ocho heridos y los vecinos de la zona echaron del lugar a unos y otros.
Esta misma tarde, el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, convocó a guardar la calma e instó al gobierno a no enviar funcionarios públicos a encontrarse con la marcha; además se ofreció a ser mediador de un diálogo entre las partes. La noche del domingo 22 de septiembre, el presidente Arce, en un inesperado mensaje, nuevamente disparó en contra de Morales por querer provocar violencia y aceptó el diálogo “sin condiciones”.
Este lunes 23, séptimo y último día de la movilización, la multitudinaria marcha evista llegó a El Alto y fue bien recibida por alteños que se dieron cita en el barrio de Senkata para “ver entrar a Evo”, según dijo un vecino. Más tarde la marcha llegó a la Zona Norte La Paz, lejos de la plaza Murillo, donde varios sectores afines al gobierno “cuidaban” el Palacio de Gobierno de un supuesto golpe de Estado propiciado por Morales para lograr la renuncia de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, a fin de dejar en el poder a Rodríguez, que desde esa posición podría habilitar a Morales.
Balance
Por un lado el ala arcista mostró que la fuerza de la democracia es poderosa y que los bolivianos tienen la disposición primera de respetar los resultados que esta otorga.
Aunque la marcha fue la primera batalla entre Morales y Arce que pasó de la retórica y los juicios a “la calle”, finalmente la violencia que se anticipaba no sucedió en las magnitudes imaginadas. Desde el ala evista, llegar a La Paz con miles de seguidores puso en evidencia la fuerza social del líder cocalero, que, por primera vez después de dos décadas, encabezó una movilización sin apoyo estatal. Fue un avance en su recuperación del campo político masista, que en el pasado estuvo divido casi milimétricamente en dos bandos.
No se trata de una cuestión definitiva, sin embargo; aún queda mucho por delante. ¿Qué definirá el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acerca del anulado Congreso evista de Lauca Ñ (octubre de 2023)? Esta pregunta es importante, porque, sin un congreso validado, el TSE podría dejar al MAS sin sigla ni posibilidad de participación en las elecciones. ¿Cuál será la definición del TSE sobre la inscripción de Evo Morales como candidato? ¿Qué opinión tendrá al respecto del nuevo Tribunal Constitucional que se elegirá en los comicios judiciales de diciembre? ¿El Gobierno insistirá en realizar un referéndum para consolidar la inhabilitación de Evo Morales? ¿Luis Arce tomará la decisión de ser candidato? Nada de esto se sabe. Aún hay muchas peleas abiertas en el campo político masista y boliviano.