¿México prohibirá la minería a cielo abierto?

En las primeras dos décadas de este siglo, las compañías mineras extrajeron del territorio mexicano cinco veces más oro que todo el que el reino de España extrajo en tres siglos de Colonia.

El 80 por ciento de ese oro se fue a Estados Unidos, como piedra angular del crecimiento de su industria tecnológica y de comunicaciones, y las rentas fueron capitalizadas por empresas canadienses, que son el sostén del desarrollo económico de ese país, y los cuatro multimillonarios mexicanos más poderosos, que fincaron sus fortunas en las concesiones de bienes públicos al sector privado.

El otro gran destino que tiene el oro extraído en México es la especulación financiera que sostiene el sistema bursátil, como moneda refugio y reservas de los bancos.

El ejemplo del oro puede aplicarse también al grafito (mineral necesario para los autos eléctricos), el cobre, que va a China, el carbón, la plata, plomo, zinc, sal, barita, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio y molibdeno, que son los 16 minerales en los que México es “líder productor” en el mundo.

¿Qué ganamos los 129 millones de mexicanos con eso?

Muy poco. La minería aporta a México apenas el 0,82 por ciento de la recaudación total del Gobierno Federal y 0,58 por ciento del empleo con seguridad social.

En cambio, el costo social y ambiental de la expansión minera de las últimas décadas ha sido muy alto. En un cuarto de siglo, la minería ha dejado una estela de muerte y destrucción de comunidades que no tiene precedentes en otra industria en el país.

En febrero de este año, el presidente López Obrador envío al Congreso mexicano 20 reformas constitucionales. Entre ellas, un ambicioso paquete en materia ambiental que prohíbe la minería a cielo abierto y el fracking (una técnica de extracción de gas altamente agresiva con el ambiente), la importación de maíz transgénico, para garantizar la soberanía alimentaria, y también reconoce los organismos comunitarios de agua.

La propuesta no logró entonces la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se requiere para una reforma constitucional. Pero ahora, con la nueva composición de las cámaras legislativas, las iniciativas están en la lista de la batería de leyes que el Congreso pretende aprobar en los 15 días que le quedan al gobierno de López Obrador.

En agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 30 votos a favor y 7 en contra, una versión modificada y matizada de esa iniciativa que, sin embargo, mantiene la prohibición de la minería a cielo abierto y de la minería submarina. La reforma debe pasar ahora al pleno y de ahí al Senado, para conseguir su aprobación.

Es quizá, la iniciativa que más obstáculos enfrenta, después de la reforma al poder judicial. El lobby minero en México representa los intereses de los cuatro millonarios más poderosos del país —Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Baillères y Ricardo Salinas Pliego —, cuyas fortunas suman casi 200 mil millones de dólares y que construyeron sus imperios a partir de sectores privados concesionados y/o regulados por el sector público y negocios en la expansiva industria energética y extractiva.

Si eso no fuera suficiente, el lobby minero también representa los intereses de los dos socios comerciales de México en el tratado comercial entre los países de Norteamérica (T-MEC, que sustituyó al TLCAN): Estados Unidos y Canadá. Y en menor medida, también de China, país a donde se lleva el 70 por ciento del cobre que se extrae en México y que recientemente ha invertido en la extracción del litio.

No es un tema menor. El gobierno mexicano enfrenta al menos una decena de demandas de empresas mineras en tribunales comerciales internacionales por la aplicación de sus leyes ambientales. Las demandas de amparan en la “cláusula de controversias entre inversionistas y Estado”, una cláusula que está incluida en todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60 y que fue diseñada para proteger las inversiones. A diferencia de las cortes de derechos humanos, las sentencias de estos tribunales comerciales son vinculantes, lo que significa que los Estados están obligados a cumplirlas.

Las empresas que más usan este instrumento están asentadas en Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México T-MEC, aunque en los últimos años se han multiplicado en todo el mundo, según documentó el informe “Casino del extractivismo”, elaborado en conjunto por Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Enviromental Law.

Hasta junio de 2019, México había pagado 242 millones de dólares en juicios perdidos contra empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la norteamericana Cargill.

La demanda más grande que enfrenta actualmente es la de Odyssey Marine, una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el fondo del mar y que hace años se asoció con Altos Hornos de México para explotar una mina subacuática en Baja California Sur y extraer fósforo. La empresa reclama una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por sus pérdidas, debido a que la secretaría (ministerio) de Medio Ambiente le negó el permiso por el riesgo que genera para la biodiversidad. Alegando una violación a las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa reclamó una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por sus pérdidas. Este martes 17, luego de cuatro años de litigio, Odyssey notificó a sus inversionistas la resolución del laudo arbitral que ordena al gobierno de México pagar 37.1 millones de dólares más intereses anuales.

La última es la de Ganfeng Lithium, una empresa china que, junto con otras dos empresas británicas, promovió un arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, debido a que el gobierno mexicano canceló nueve concesiones de explotación de litio, entre ellas la del mayor yacimiento de este material del país, localizado en Sonora, al norte de México.

Vayamos por partes. El punto de origen de esta historia puede ubicarse en 1992 (aunque el saqueo de los minerales en México data de la Colonia). La reforma constitucional al artículo 27 promovida por el expresidente Carlos Salinas de Gortari derivó en la promulgación de tres leyes secundarias que han sido inamovibles: la ley agraria, la ley de aguas y la ley de minas.

Esas tres leyes constituyen el entramado jurídico que ha permitido, de facto, la privatización de la tierra y la legalización del despojo. México pasó a ser uno de los países con mayores facilidades para la extracción de minerales. La minería fue definida como actividad de “interés público” y “preferente” sobre cualquier otra actividad, por encima de la agricultura o la conservación de la biodiversidad. Además, la ley dio la posibilidad a los titulares de concesiones de operar hasta por 100 años y permitió la especulación financiera con las concesiones. También les concedió el acceso casi irrestricto al agua, y se permitió su instalación en territorios indígenas, ejidales, sitios arqueológicos, Áreas Naturales Protegidas y en el mar.

Los gobiernos siguientes fueron desmontando la industria energética nacional. Felipe Calderón había sido secretario (ministro) de Energía con Vicente Fox, y desde ahí comenzó a construir desde ahí un entramado de relaciones que, al final de su gobierno, le permitieron ser fichado por la empresa española Iberdrola, al mismo tiempo que desbarataba el poderosos sindicato mexicano de electricistas con una campaña de desprestigio por delante.

La puntilla ocurrió en la administración de Enrique Peña Nieto, después del acuerdo cupular entre los tres principales partidos de entonces (PRI, PAN y PRD) llamado Pacto por México que dio el aval a las llamadas “reformas estructurales” para liberar el sector energético a las empresas privadas.

La expansión minera en esos años no tuvo medida. En total, entre 1992 y 2018 se otorgaron más de 46 mil concesiones mineras sobre una superficie acumulada de unas 35 millones de hectáreas; al final de la administración de Peña Nieto 21 millones de esas tierras, es decir, cerca del 11 por ciento del territorio nacional, tenía concesiones vigentes.

El crecimiento se dio, particularmente en la administración de Felipe Calderón, que casi duplicó el número de concesiones que entregaron los gobiernos de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2018, Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, anunció que su gobierno no daría más concesiones mineras. Al final de su administración redujo 20 por ciento las que ya había había, porque se cancelaron o ya no se renovaron cuando terminaban sus concesiones. Ese fue el caso de la empresa china Ganfeng Lithium, a la que el gobierno mexicano le canceló nueve concesiones.

López Obrador también renegoció contratos con empresas constructoras de gasoductos, puso freno al fracking, recuperó la rectoría de Petróleos Mexicanos (Pemex) y nacionalizó el litio.

Organizaciones sociales que han trabajado el tema medioambiental vieron en estas acciones una posibilidad de incidencia y, a través de la iniciativa CambiémoslaYa comenzaron a tocar puertas en el gobierno federal y encontraron eco en las secretarias (ministras) de Economía, Raquel Buenrostro, y Medio Ambiente, María luisa Albores. Con ellas construyeron una propuesta de ley minera que sorprendió a propios y extraños cuando el presidente envió la iniciativa a la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue modificada por los legisladores, pero finalmente se aprobó en abril de 2023. Por primera vez; desde 1992, dio un paso para revertir las reformas salinistas.

Sin embargo, un par de meses después fue suspendida por un juez y turnada a la Suprema Corte de Justicia, donde espera el turno de ser declarada inconstitucional. La misma suerte de otras 70 leyes y reformas legales promovidas por el gobierno de López Obrador que fueron detenidas por el Poder Judicial, incluida la nacionalización del litio.

La reforma constitucional al Artículo 27 promovida por el presidente López Obrador establece, explícitamente, “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto”.

La minería a cielo abierto explota yacimientos de minerales y metales que están en la superficie, a través de “explosiones controladas”. Es decir, básicamente, los mineros dinamitan los montes y hasta glaciares, como lo hizo la minera canadiense Barrick Gold en la frontera de Chile y Argentina. Parten de la premisa de que es más barato dinamitar las montañas que el tiempo y equipo que requiere la minería de pico y pala.

Los empresarios mineros aseguran que se puede regenerar. En la única entrevista que ha dado German Larrea, dueño de Grupo México y el segundo hombre más rico de México, cuya fortuna aumento 900 veces en estos años de pandemia, aseguró que loa tajos se restituyen con una súper tecnología: “usted tiene esta montaña que rellena el plato y luego vuelve a revegetar el cráter”.

Larrea es el dueño de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, que hace 10 años provocó del mayor desastre ambiental de una minera en la historia de México, con el derrame de 40 millones de litros (el equivalente a llenar 12 albercas olímpicas) de solución de sulfato de cobre acidulado derramados en más de 300 kilómetros de ríos Bacanuchi y Sonora.

También es el dueño de la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, donde el 19 de febrero de 2006 ocurrió la peor tragedia minera, con el derrumbe de la mina a causa de una explosión por acumulamiento de gases, que sepultó a 65 mineros.

La posible prohibición de la minería a cielo abierto provocó que, en agosto, la Cámara Minera de México alertara sobre un colapso económico y un boquete fiscal para el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre.

Las organizaciones sostienen que es falso. Según las cifras oficiales, el sector industrial de la minería y la extracción aportan casi 2.57 por ciento del PIB; ese sector incluye tres industrias: la de extracción de hidrocarburos, la de la minería de minerales metálicos y no metálicos y la de los servicios asociados a ambas actividades. Si se restan la de hidrocarburos y servicios, el aporte de la minería apenas rebasa el 1 por ciento.

“El aporte de la minería a cielo abierto cada vez es menor, porque es un sector que se está tecnificando para cada vez depender de menos personal humano”, aseguraba hace poco Isidro Téllez, del Instituto Nacional de Geografía.

El balón está ahora en la cancha de los legisladores mexicanos, que prevén una cascada de reformas constitucionales en los 15 días que le quedan al gobierno de López Obrador. Pero aún se están moviendo poderosos intereses.

Como dijo hace unos días la investigadora Violeta Núñez: “Hay una alineación de los astros para que pase, pero aún faltan como 20 pasos para lograrlo”.