México no puede permitirse la deuda de verdad y justicia con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
Han pasado ya diez años desde la trágica noche de Iguala, Guerrero, en el sur de México. La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio fueron desaparecidos, 6 personas ejecutadas y más de 40 lesionadas a manos de una muy usual alianza entre el crimen organizado y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
A pesar de la masiva movilización que suscitó el caso, que incluso precipitó la caída del priismo y concitó la promesa de AMLO de resolver el caso, todavía no se ha esclarecido plenamente lo que sucedió esa noche ni el destino final de esos jóvenes, provenientes de los sectores más empobrecidos del país. Y esto debería ser inaceptable para todos. No es posible hablar de un país más justo si permitimos que en los cimientos se fragüe la impunidad en crímenes tan inhumanos.
Ayotzinapa, espejos y espejismos
El estallido del caso Ayotzinapa rompió el espejismo del México moderno y democrático -es decir, felizmente neoliberal- que el último presidente priista buscaba encarnar. Un ataque tan brutal, prolongado en el tiempo, en una extensión territorial considerable y con masividad de víctimas, demostró que amplias franjas del territorio mexicano se encontraban bajo el mando del crimen organizado y que, para que esto sucediera, era indispensable la imbricación de distintos niveles de gobierno.
Luego, la manipulación de las investigaciones -usando la tortura y la manipulación de evidencia para “acomodar” confesiones a versiones útiles para el gobierno en turno- y las campañas sucias contra víctimas y sus defensores demostraron la podredumbre y la manipulación del aparato de procuración de justicia y de muchos medios de comunicación masiva.
Ayotzinapa también sacó a flote lo mejor del país. Las madres y los padres de las víctimas -no solo de Ayotzinapa, sino de personas desaparecidas en todos los rincones de la geografía mexicana- se constituyeron en lo que algunos intelectuales han dado por llamar la reserva moral del país. Los colectivos de madres buscadoras, que ya habían comenzado a surgir, fortalecieron su presencia pública y se atrevieron a salir, pico y pala en mano, a buscar a sus familiares desaparecidos. Muchos y variados sectores sociales se lanzaron a las calles para apoyar la demanda de verdad y justicia y para definir: Fue el Estado, demostrando que había una conciencia política en maduración plena. Las madres y los padres de Ayotzinapa aguantaron embates de todo tipo, pero se sostuvieron en su demanda: queremos la verdad, así sea la más dolorosa, siempre y cuando esté sustentada en pruebas.
Hoy, la situación es dolorosa, y la paz, verdad y justicia para las familias de los 43 chicos se ve lejana
Luego vino el sexenio de López Obrador, con la promesa y la esperanza de resolver el caso. En un artículo anterior ya hemos resumido lo que pasó: hubo un ambiente de diálogo y esfuerzos institucionales que permitieron enterrar definitivamente la falsa “verdad histórica” que había construido el anterior gobierno, se comenzó a seguir líneas de investigación importantes y se hicieron detenciones relevantes. Sin embargo, el caso se estrelló contra un muro cuando comenzaron a aparecer indicios del involucramiento a distintos niveles de miembros del Ejército tanto en la desaparición como en el entramado criminal en la zona. Y resurgieron las descalificaciones contra las madres, padres y sus representantes: son manipulados, son vendidos, no saben, son parte de una conjura contra el ejército, obedecen a intereses extranjeros.
Hoy, la situación es dolorosa, y la paz, verdad y justicia para las familias de los 43 chicos se ve lejana. El Ejército sostiene que ya entregó toda la información en su poder, a pesar de que hay evidencia -incluso de la propia comisión de la verdad presidencial- de que está ocultando folios que podrían ser decisivos para esclarecer el caso. El presidente se ha enrocado defendiendo esta postura: reconoce que no se avanzó lo suficiente, pero culpa a los representantes de las familias y coloca al Ejército como la víctima del caso. Los padres y madres reclaman que hay una traición de la promesa presidencial y una campaña de desprestigio, pero se mantienen firmes: la verdad científica, sea cual sea y le duela a quien le duela. El diálogo está roto y las familias sólo esperan al cambio de gobierno, con la esperanza de que la nueva presidenta tenga sensibilidad y fuerza para enfrentar el caso.
Hace unas horas la periodista Paula Mónaco Felipe -ella misma hija de desaparecidos- decía que el caso Ayotzinapa es un espejo. En 2014, fue un espejo que nos permitió ver el país en que nos habíamos convertido, con zonas donde el dominio criminal no conoce barreras. A diez años de distancia, dice Paula, es un espejo que revela que la impunidad sigue siendo la norma y que cualquier crimen que involucre a las Fuerzas Armadas no será investigado. Después de tantos años de lucha, no es esto lo que se merece el país, ni las familias, ni los desaparecidos.
Un grupo de 350 intelectuales, activistas y académicos ha lanzado un comunicado dirigido a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En él le piden reencauzar la investigación con una fiscalía consensuada con las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos que los acompañan; el cese inmediato del hostigamiento mediático desde la presidencia hacia las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos; el firme compromiso de verdad y justicia por parte del nuevo gobierno, para asegurar que los responsables, civiles o militares, sean llevados ante la justicia, sin exoneraciones políticas ni mediáticas, hasta que las investigaciones concluyan; retomar el proceso de Ayotzinapa como una cuestión de Estado, indispensable para la democracia, el Estado de derecho, el combate a la impunidad y, en particular, para la memoria, la verdad y la justicia; y la entrega inmediata de los 800 folios militares relativos a la desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas.
