Peligro: revive la tesis de una “victoria militar” en Colombia
El hecho que desencadenó esta reacción fue un ataque a una base militar que terminó con la vida de dos soldados y dejó heridos a unos 27 en Puerto Jordán en el departamento de Arauca, en el oriente colombiano donde históricamente ha tenido presencia ese grupo. El esquema de negociación con esa guerrilla estaba congelado desde hace siete meses y para colmo de males, no se había podido renovar el cese el fuego que duro seis meses y que había expirado 45 días atrás, un acuerdo jamás alcanzado por gobierno alguno con ese grupo.
En el fondo del desacuerdo que terminó en esta suspensión de la negociación, está la denominación del ELN como Grupo Armado al Margen de la Ley (GAML) pues la guerrilla exige un rótulo que no la equipare con los grupos criminales cuyo propósito central es el lucro por las rentas ilegales del narcotráfico, la minería y el tráfico de armas, entre otros. Y es que, en estricto sentido, el ELN no es una organización cuya esencia sea el crimen trasnacional organizado, por eso reivindica un estatus que refleje sus reivindicaciones políticas y no ser tratado como si fuese un simple cartel u organización criminal. Aunque el gobierno no se ha cerrado a esa posibilidad, no pudo avanzar en un borrador de decreto con una invocación más política para el ELN, menos aún, cuando no fueron pocas las acusaciones contra el grupo de violar el cese bilateral que, de todos modos, fue clave para avanzar en la mal llamada “humanización” del conflicto.
En estas décadas de reconocimiento de la existencia de conflicto armado (desde los 80) y tras abandonar acertadamente décadas de negación, la paz ha sido un largo proceso cuyos resultados no pueden ser exigibles en el inmediato
Antes de que se produjera el atentado de Arauca, el gobierno había anunciado la apertura de diálogos de paz con el frente Comuneros del Sur que en mayo de este año se había escindido del ELN. Esa buena noticia fue empañada, sin embargo, por el ataque en Puerto Jordán que pone en evidencia la torpeza de la guerrilla y la desubicación respecto del momento histórico que vive Colombia con un gobierno progresista. Paradoja cruel de la política, al ser un gobierno progresista se pone en tela de juicio su autoridad para negociar con una guerrilla de corte marxista pues equivocadamente se presume una afinidad ideológica que resta credibilidad a la negociación. Aunque sea ilógico, la derecha goza de mayor legitimidad frente a medios de comunicación y en general de cara al establecimiento pues al negociar con un bando que se interpreta como opuesto, tiene credibilidad para avanzar sin que se piense que lo hace por condescendencia frente a la lucha armada. Se trata de una ecuación arbitraria y absurda, pero anclada en la mente de los colombianos bajo el auspicio de periodistas de medios hegemónicos. Cuando Juan Manuel Santos (2010-2018) acompañado del establecimiento negoció la paz con el FARC en La Habana la actitud de empresarios, medios de comunicación y en general de la clase política fue otra. A diferencia de la administración actual, Santos tuvo la posibilidad de la relección, aún así, casi se queda sin tiempo para llegar a un acuerdo final. Este gobierno dispone de la mitad de ese lapso.
En estas décadas de reconocimiento de la existencia de conflicto armado (desde los 80) y tras abandonar acertadamente décadas de negación, la paz ha sido un largo proceso cuyos resultados no pueden ser exigibles en el inmediato. Por eso, dos de las negociaciones más exitosas de la historia requirieron del apoyo masivo de la sociedad civil. Así ocurrió con el desarme del Movimiento 19 de Abril (M-19) surgido del denunciado fraude de las elecciones de 1970, cuando el candidato del establecimiento bipartidista del partido conservador Misael Pastrana Borrero le habría arrebatado la victoria al general Gustavo Rojas Pinilla candidato de la Alianza Nacional Popular según los códigos actuales, un partido de progresismo moderado que, por primera vez podía desafiar abiertamente el monopolio bipartidista liberal conservador. Luego de años de lucha armada se llevó a la Constitución de 1991 como punto de llegada de un proceso de negociación que tiene mucho que ver en la conformación de las nuevas izquierdas en Colombia después de varios años de persecución por parte del Estado apoyado en la mano invisible de las fuerzas paramilitares que incluyó el exterminio del partido Unión Patriótica (al menos 5733 militantes asesinados). El otro proceso exitoso fue el ya mencionado Acuerdo de La Habana que derivó en la desmovilización de una de las guerrillas más antiguas e incidentes del mundo, las FARC hoy partido Comunes, todavía víctima de violencia y persecución.
El cese al fuego previo con el ELN ha sido denostado por buena parte de la sociedad que poco valora la salvación de vidas por la vía de la mal llamada pero necesaria “humanización” de la guerra y el subsecuente “desescalamiento”
Los colombianos no suelen ver el tema de la paz con esta perspectiva histórica, por eso, en estos momentos se piensa que no hay otro camino distinto al de la ofensiva militar contra el ELN. En ello, medios de comunicación hegemónicos y políticos tienden a recurrir al argumento falaz de que el Estado bajo el mando del gobierno Petro renunció al monopolio de la fuerza, cuando en realidad la suspensión de operaciones ofensivas no supone de ninguna manera que la Fuerza Pública renuncie a su deber constitucional. Sin embargo, algunos gobernadores y alcaldes de la derecha creen que la única manera en que se ejerce la soberanía es con operaciones ofensivas en las que se “da de baja” a los guerrilleros, expresión de uso frecuente en Colombia y que da cuenta de la forma como se justifica la violencia como única salida a la guerra. Esta obsesión con vencer militarmente a los grupos armados llevó a la peor crisis democrática en la historia reciente cuando se produjeron las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Uribe Vélez. En el fondo, ese paréntesis autoritario entre 2002 y 2010 estuvo estimulado por la idea de que la victoria militar era posible y se planteaba como la mejor solución a la violencia estructural que ha sufrido el país.
El cese al fuego previo con el ELN ha sido denostado por buena parte de la sociedad que poco valora la salvación de vidas por la vía de la mal llamada pero necesaria “humanización” de la guerra y el subsecuente “desescalamiento”. La peor consecuencia de esta dramática coyuntura pasa por la desvalorización de la paz a los ojos de una ciudadanía que pide una respuesta militar a un desajuste social estructural en los territorios donde el Estado no ha ejercido soberanía en los términos que más cuentan: los sociales, expresados en el ejercicio pleno de derechos. Corresponde no sólo al progresismo sino a la ciudadanía a través de la movilización salvar una desvalorizada paz en un país donde las elites regionales han hecho de la guerra su principal fetiche y negocio.