Un poder judicial dividido activa en Bolivia varios procesos contra Evo Morales
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, compareció ante los medios la noche del 2 de octubre y dijo que existe una investigación en contra del expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
Señaló que hubo un mandamiento de aprehensión desde el 26 de septiembre que no se había ejecutado. La defensa de Morales interpuso un recurso judicial, llamado "acción de libertad", que dejó sin efecto esta orden.
Sobre el caso
Trascendió que se acusa a Evo Morales por un hecho que ocurrió cuando la víctima tenía 15 años de edad. No se dio ningún otro detalle. La fiscal Gutiérrez argumentó que "se deben respetar los derechos de los menores de edad" y que corresponde mantener las indagaciones en reserva.
La defensa de Morales
Entretanto, Carlos Romero, exministro de Gobierno y hombre de confianza de Morales, confirmó la existencia de la orden de aprehensión y reveló que existían otros procesos simultáneos contra el expresidente.
“Hemos tomado conocimiento de que habría otra acción que no estamos pudiendo precisar, en la jurisdicción de Trinidad (Beni) contra el expresidente Evo Morales", dijo. Añadió que "se ha elaborado un plan de operaciones policiales para aprehenderlo".
También hay otro proceso en la ciudad de El Alto por instigación pública a delinquir y se investiga la supuesta vinculación económica entre Morales y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVESA), tras una denuncia del exministro de Justicia de Arce, Iván Lima, quien acusó al país dirigido por Nicolás Maduro de "intervenir" en Bolivia con su respaldo económico a Morales.
Otro exministro y también hombre cercano a Evo Morales, el abogado Jorge Pérez, señaló que debido a que el proceso por estupro fue abierto en la ciudad de Tarija, y Morales vive en Villa Tunari, Cochabamba, el juez "no tiene la calidad de juez natural”.
Según Pérez, Morales no fue notificado y “todo se hizo en secreto” y “sin que lo sepa el investigado”.
La fiscal denuncia al fiscal
Poco después, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció a la prensa que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le había ordenado dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión. Además, dijo que Lanchipa instruyó que dos funcionarios que investigaban el caso se apartaran del mismo. Finalmente, Gutiérrez, quien en el pasado fue ministra de justicia de Morales, recibió un memorándum de despido. "Ya ni siquiera me dejaron entrar" a las oficinas de la Fiscalía, sostuvo Gutiérrez.
Amenazó con que iniciaría acciones judiciales y que no dejaría de investigar el supuesto caso de estupro del que acusa al expresidente Morales. "Vamos a llevar esto si es necesario a estrados judiciales internacionales", señaló. "La trata y el tráfico de personas es un delito de lesa humanidad", dijo Gutiérrez.
El balance
Todas estas acciones se inscriben dentro de la pelea interna del Movimiento al Socialismo (MAS), que ha ido escalando desde 2022. La división de este partido se expresa como crisis institucional. Que el fiscal general haya echado a una fiscal departamental por iniciar una investigación contra Evo Morales, la que, según denuncian, tiene vicios legales, retrata lo que sucede en el país. El poder judicial boliviano busca antes que nada cuidar sus propios intereses. Si el poder político está dividido, como pasa hoy en Bolivia, el poder judicial también lo está.
Lo que ha sucedido indica que existe una posibilidad de que el expresidente de Bolivia sea detenido en las próximas horas o días. No se sabe dónde se encuentra exactamente, aunque el exministro, Carlos Romero, aseguró que está dentro de Bolivia.
Hace dos semanas, el expresidente Morales concluyó una marcha de protesta de 189 kilómetros hasta La Paz, con la que presionó por su habilitación como candidato presidencial. En ese momento, tanto dirigentes oficialistas como opositores exigieron que fuera enviado a prisión por distintos delitos. Morales concluyó su protesta pacíficamente y se marchó a Villa Tunari.