EEUU y la derecha mediática cargan contra la reforma judicial en México: ¿de qué va?
El punto que más ampollas ha levantado ha sido la idea de elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular
El pasado mes de febrero, el movimiento político Morena, que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados de México un proyecto para la reforma del sistema judicial del país. Tanto López Obrador como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, contemplan que la iniciativa pueda ser discutida y votada a inicios de esta legislatura, que arrancará el 1 de septiembre.
El punto que más ampollas ha levantado ha sido la idea de elegir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto popular. Así, en 2025 se realizaría una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial mediante el voto directo de la ciudadanía.
La reforma también reduce el número de magistrados de 11 a 9 integrantes; el periodo de su encargo, de 15 a 12 años; se eliminan las pensiones vitalicias y las remuneraciones de los magistrados deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.
Las reacciones no se han hecho esperar y la derecha ha desplegado un argumentario en defensa de la separación de poderes, la transparencia y la independencia judicial. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la preocupación de su país vecino. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ese simpático señor del sombrero que lleva representando los intereses de su país desde 2021, ofreció en rueda de prensa su opinión sobre la reforma.
Sus críticas se pueden resumir en tres puntos. El primero, que la reforma sea un riesgo para la democracia, así, en general, el argumento estrella al que recurrir en cualquier situación, siempre que se trate de darle candela a cualquier gobierno progresista. La segunda preocupación del embajador es que “los cárteles de droga y actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos”. Por último, y quizás el punto más importante, es la amenaza que representa para la relación comercial. En definitiva, que México debe contar con jueces que fallen a favor de EEUU en litigios complejos.
Antes de recomendarle a México con qué servidores públicos tiene que contar, Ken Salazar se paseó tres años por el país haciéndose el mejor amigo de los mexicanos. Fue a las Pirámides, a Xochimilco, para promover el turismo, se postró a los pies de la Virgen de Guadalupe pidiéndole por la hermandad de las dos naciones, fue a Guanajuato a ‘quebrar las redes criminales’ y se reunió con empresarios, políticos y diplomáticos.
Quizá a algunos se les olvidó por un rato que Salazar ha sido, es y será un político estadounidense que vela por los intereses de EEUU, sus multinacionales, sus millonarios y sus negocios.
Esta hiperactividad le granjeó a Salazar tantas simpatías que quizá a algunos se les olvidó por un rato que ha sido, es y será un político estadounidense que vela por los intereses de EEUU, sus multinacionales, sus millonarios y sus negocios.
El caso es que el sistema de selección de jueces en EEUU es un sistema dual y complejo, pero muchos jueces de cortes de cada estado son elegidos por votación popular y es habitual que, de un modo u otro, los magistrados estatales tengan que someterse al escrutinio del electorado.
Pero ¿era tan necesaria esta reforma? Un informe del relator especial de la ONU de 2001, hace más de 20 años, reflejaba que los mexicanos y mexicanas consideraban que entre el 50 y el 70 % de los jueces federales eran corruptos. Por su parte, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de México reflejan que, hoy, un 66% de los ciudadanos considera que la autoridad judicial es corrupta, solo por detrás de la policía.
Cualquiera que haya tratado en algún momento de su vida con el poder judicial mexicano sabe que la justicia allí funciona para las élites. Se trata de un sistema en el que la justicia, más que impartirse, se administra, siendo una herramienta al servicio del poder económico, el mismo que ahora está preocupado por la reforma.
De hecho, la SCJN y su presidenta, Norma Piña, son los principales niños mimados del poder económico. Hace unos meses se dio a conocer que esa servidora del pueblo se juntó a cenar, poco antes de las elecciones presidenciales de junio pasado, con la cúpula del Tribunal Electoral y el líder del PRI, Alito Moreno. Parece ser, según investigaciones periodísticas, que lo hizo para intentar frenar la publicación de unos mensajes con amenazas que envió a unos magistrados en un intento de quedarse con el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
En México, la derecha judicial se ha disfrazado de “víctima” de esta reforma con un movimiento de reacción que va in crescendo
En México, la derecha judicial se ha disfrazado de “víctima” de esta reforma con un movimiento de reacción que va in crescendo a través de manifestaciones en la calle y columnas de opinión criticando las medidas. “Es el fin de la meritocracia”, decía CNN. “¡Los abogados del narco llegarán a jueces!”, decía Infobae, como si hasta ahora no hubiese habido jueces operando con el narco.
Luego está el clasismo que destilan muchos de esos argumentos que, en fondo, lo que quieren decir es que no hay que darle al populacho, ignorante, zafio, la capacidad de elegir quien le juzga, porque luego “votan mal”, como dice Vargas Llosa.
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