‘Boye, el enemigo público’: relato en primera persona del lawfare como cacería política

Entrevisté hace años al abogado, profesor, editor y empresario Gonzalo Boye a propósito del documental Boye, dirigido por Sebastián Arabia, que ahora estrena (en Filmin) su segunda parte: Boye: el enemigo público. En aquella charla descubrí que Boye, nacido en Chile, es un tipo de respuestas cortas y terminantes y, como lleva años demostrando, aficionado a meterse en muchos jardines, algunos muy meritorios, como el de la causa palestina.  

Boye ha sido carne de titulares por encargarse de la defensa de los implicados en el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña

En los últimos años Boye ha sido carne de titulares por encargarse de la defensa de los implicados en el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional y celebrado ilegalmente el célebre 1 de octubre. El documental empieza, eso sí, recordando el nada agradable pasado de Boye: fue condenado a prisión por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, algo de lo que siempre se ha declarado inocente.

En la cárcel Boye estudió derecho y como abogado formó parte de la acusación popular de los juicios del 11-M, estuvo en el proceso sobre los papeles de Bárcenas, en la querella contra los seis asesores de George Bush por las torturas de Guantánamo, en la denuncia contra el ejército israelí por sus bombardeos contra los palestinos, algo de terrorífica actualidad, y en el proceso judicial contra Edward Snowden, que filtró miles de documentos de la NSA y la CIA que mostraban la colosal y mundial red de espionaje organizada por los americanos tras el 11-S.

Para Boye, los que no pudieron tumbar a Puigdemont y a los suyos intentan tumbarlo a él con un lawfare de manual

En Boye, el enemigo público el abogado es el protagonista absoluto y tres los antagonistas: el narco Manuel Puente Saavedra, la jueza María Tardón y el fiscal antidroga Ignacio Miguel de Lucas, los tres implicados en un nuevo frente judicial de Boye: será juzgado por blanqueo junto al narco Sito Miñanco, cliente de su despacho. Según la tesis del documental de Sebastián Arabia, y la del propio Boye, este proceso es una venganza por defender a los líderes nacionalistas catalanes. Para Boye, los que no pudieron tumbar a Puigdemont y a los suyos intentan tumbarlo a él con un lawfare de manual.   

El origen de todo, por lo tanto, no es Sito Miñanco y el supuesto blanqueo, sino el 1-O. El documental recuerda bien aquellos días en los que no salimos de nuestro asombro: urnas ilegales, cargas policiales, el cese fulminante de Puigdemont, su huida… Lo que para miles de españoles, medios de comunicación incluidos, supuso un golpe de Estado, para Gonzalo Boye, y así lo expresa a cámara, no lo fue en absoluto. Para el abogado un golpe de Estado nada tiene que ver con que unos ciudadanos con una identidad nacional quieran separarse de otra nación.       

Y va más allá: vivimos una “descomposición sistémica”, la desintegración de un régimen cuyo combustible es un constante regodeo de los logros de la transición impensable sin los medios afines, el espionaje, la corrupción y las siempre intactas cúpulas del poder, entre ellas el poder judicial. Ante esta farsa, para Boye, que considera que los jueces españoles “condenaron a dos millones de personas”, solo hay una solución: resetear y promover un proceso constituyente.

Sobre Cataluña (que considera “una nación ocupada”), Boye cree que Puigdemont creía realmente posible una independencia y que con su huida al extranjero “evitó un baño de sangre que algunos buscaban en Madrid”. Fue Jaume Asens, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona en Comú y diputado en las Cortes Generales por En Comú Podem, el primero que contactó con él. Lo que le pidió fue su opinión sobre la posible estrategia judicial “en un par de folios legibles para no juristas”. Puigdemont, Asesn y Antoni Comín leyeron los folios, los entendieron y contrataron a Boye.

Los líderes independentistas se enfrentaban a Carmen Lamela, jueza que instruyó la causa contra catorce exmiembros del Govern por rebelión, sedición y malversación y metió en la cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó. En paralelo, Llarena reactivó la euroorden contra Pugdemont, que acabó detenido en Alemania, cuya Justicia aceptó su extradición por malversación, pero el Tribunal Supremo retiró la euroorden al no aceptar la entrega solo por ese delito (consideraba que había indicios de rebelión). Cerraba así, y nuevamente, el proceso de extradición.

En Bélgica, Puigdemont y los exconsejeros huidos con él presentaron una demanda civil contra el juez Llarena al estimar que no respetó su derecho a la presunción de inocencia y Llarena acabó dictando por tercera vez una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont por los delitos de sedición y malversación. Cuatro días más tarde, Puigdemont comparecía voluntariamente ante las autoridades belgas y quedaba en libertad sin fianza y en 2020 acabó ocupando un escaño en el Parlamento Europeo. El último acto ya lo conocemos: la Ley de Amnistía para los encausados el proceso independentista a pesar de que Pedro Sánchez llegó a pedir el íntegro cumplimiento de sus penas.

Al acecho judicial a los independentistas, se unió el acecho a Boye. Vox lo quiso cazar por un supuesto delito de falsedad documental (por una traducción defectuosa). Pero el gran golpe judicial contra Boye llegó con el caso de “Los cinco de Barajas”. Manuel Puentes Saavedra, cuya declaración Boye considera comprada, lo incriminó en un supuesto blanqueo de dinero (889.620 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas) y el ministerio fiscal pidió contra Boye hasta nueve años y nueve meses de prisión.

La tesis de Boye es que su caso está construido con pruebas que están en entredicho y que se aceleró cuando empezó a encargarse de la estrategia judicial del conflicto catalán

Y aquí, para Boye, es donde funciona la maquinaria del lawfare. Es decir: el acoso judicial. la instrumentalización de la Justicia o la judicialización de la política, la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales para aniquilar a los adversarios políticos. Más en concreto: policías poniendo patas arriba su despacho y analizando su teléfono (sin descubrir nada), bloqueo de cuentas (hasta la personal), titulares, reportajes televisivos, desprestigio profesional… Para Boye, su lawfare busca, literalmente, “destruirlo como persona”. Y señala a un hombre en concreto: el fiscal antidroga Ignacio de Lucas.  

En resumen, la tesis de Boye, y de unos cuantos periodistas y juristas, es que su caso está construido con pruebas que están en entredicho y que se aceleró cuando empezó a encargarse de la estrategia judicial del conflicto catalán. El juicio tendrá lugar en noviembre y de él se encargará, muy previsiblemente, un tercer documental de Sebastián Arabia.   

Por desgracia, lo que podría resultar un buen contenido no va acompañado de un digno resultado fílmico o televisivo. Boye, el enemigo público más que un documental es una larguísima entrevista solo reforzada por pobres pantallazos de titulares e interminables transcripciones y documentos escritos que hacen del trabajo de Arabia algo mortalmente tedioso. Y también farragoso. En cuanto el abogado comienza su explicación de lo sucedido con el dinero de Barajas, el ritmo de Boye, el enemigo público cae en barrena. Tampoco ayuda que en sus 145 eternos minutos veamos a Boye sentado en la misma silla, que no se nos muestre otra perspectiva del personaje, parece todo despachado en una mañana y reforzarlo después, y pobremente, en el montaje.

Boye, el enemigo público, estrenado en la Filmoteca de Cataluña con la plana mayor de Junts entre los invitados, parece cine de propaganda o el largo alegato de un abogado ante un juez invisible. Y si esa era la intención, puede que se le haga un favor a Boye y a la causa nacionalista, pero no al cine documental.