Felipe VI, un lastre para la política exterior española
Este jueves, asistíamos a la publicación de dos noticias relevantes sobre la monarquía española.
Por un lado, el periódico holandés Privé publicaba por primera vez varias fotos de Juan Carlos I y Bárbara Rey besándose efusivamente y en actitud romántica. Por lo visto, las fotos fueron tomadas por el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo en los años 90 en Aravaca, en la casa de la vedette, por indicación de ella misma. Aunque todo el mundo daba por cierta la relación, el hecho de que Ángel Cristo Jr. haya decidido hacer públicas —seguramente con un pingüe beneficio— unas fotos que se habían mantenido ocultas durante más de tres décadas, pone imagen a uno de los aspectos de la moral disoluta del anterior jefe de Estado elegido por Franco —quizás un aspecto poco importante si lo comparamos con sus millonarios fraudes fiscales y sus tratos con dictadores, pero un aspecto igualmente muy comentado— y ahonda así en la profunda crisis reputacional de la monarquía española. Se podría argumentar —como hace la prensa cortesana— que Felipe VI no tiene nada que ver con Juan Carlos I, pero lo cierto es que cada vez comparten más actos públicos, el actual rey no ha devuelto todavía el medio millón de euros de dinero negro con el cual su padre pagó la luna de miel de lujo de los actuales reyes y tampoco ha renunciado a la herencia más importante que le dejó: la Corona.
Quiso el destino que, el mismo día que toda España podía ver las fotos de la relación extramatrimonial —y tapada por todos los medios de comunicación de la época— del anterior monarca, conocíamos también que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había decidido no invitar a Felipe VI a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Ante esta decisión, el gobierno de España ha rechazado estar presente en el traspaso de poderes en el país de habla hispana más poblado del mundo. “Inaceptable”, ha sido la palabra utilizada en un escueto comunicado del ministerio de Exteriores de José Manuel Albares.
Toda vez que esto ocurría en España mientras los mexicanos estaban durmiendo, hemos tenido que esperar hasta la hora de comer del día de ayer en la península ibérica para conocer el motivo exacto por el cual México había decidido no invitar a Felipe VI. La explicación llegaba de manos de la propia presidenta electa. Poco después de las 3:00 de la tarde, hora española, Claudia Sheinbaum hacía pública una breve carta en la cual señalaba como el motivo principal detrás de su decisión el hecho de que ni Felipe VI ni al gobierno de España contestaron nunca a la carta formal que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al monarca el 1 de marzo de 2019; hace ya más de cinco años. En ella, AMLO proponía a Felipe VI “que se trabaje en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel; que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal.”
En la carta enviada al rey de España, el presidente de México —que no es de origen indígena— enunciaba también la necesidad de que el propio México reconozca los agravios causados a los pueblos originarios después de haber obtenido su independencia de España. Teniendo en cuenta que, según diversos investigadores, la conquista española redujo la población autóctona mexicana de más de 20 millones de habitantes cuando llegó Hernán Cortés a 700.000 unas cuantas décadas después, conociendo como conocemos que la conquista española de América Latina en general y de México en particular tuvo una operativa calificable en nuestro tiempo como ‘genocidio’, no parece que la propuesta de AMLO sea descabellada ni que esté planteada desde un ánimo de confrontación. Del mismo modo que es evidente que los españoles actuales nada tenemos que ver con los sangrientos crímenes que llevaron a cabo los conquistadores, esa misma evidencia es la que permite que podamos reconocerlos —reconocer una realidad—, pedir humildemente disculpas por ellos —como tendría que hacer el propio gobierno mexicano con los crímenes cometidos en los 200 años de independencia— y avanzar de esta forma hacia un mejor entendimiento de la historia y hacia unas relaciones más fraternas no solamente entre nuestras dos sociedades sino también al interior de cada una de ellas. Sin embargo, en lugar de recoger el guante para trabajar juntos en esa dirección, Felipe VI jamás se dignó a contestar al presidente elegido por millones de mexicanos y todo lo que hizo España fue filtrar una parte de la carta a los medios de comunicación y contestar con un áspero comunicado de Ministerio de Asuntos Exteriores. Como explica Claudia Sheinbaum en su carta, nunca se respondió al jefe de Estado mexicano y ese es el motivo por el cual Felipe VI no ha sido invitado a su toma de posesión.
Como explica Claudia Sheinbaum en su carta, nunca se respondió al jefe de Estado mexicano y ese es el motivo por el cual Felipe VI no ha sido invitado a su toma de posesión
Lejos de estar ante una anécdota, este affaire saca a la luz uno de los elementos estructurales respecto de la política internacional de nuestro país: la relación entre la monarquía borbónica y los países de América Latina.
A pesar de que las batallas por la independencia en todo el continente se dieron fundamentalmente entre ‘monárquicos’ y ‘patriotas’ —es decir, que ser independiente en América Latina era equivalente a vencer militarmente a la corona española—, a pesar de que la victoria de los segundos construyó identidades nacionales muchas veces fuertemente opuestas al hecho histórico del imperio español, a pesar de que las victorias de los ejércitos americanos contra la metrópoli jalonan los himnos y las canciones desde México hasta la Tierra del Fuego, los padres de la Constitución española decidieron escribir en ella en el año 1978 que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.” Donde, por supuesto, el término “comunidad histórica” hace referencia a las antiguas colonias. Como si Juan Carlos I —y ahora Felipe VI— fueran Elizabeth II y como si América Latina fuera la Commonwealth, los fundadores de nuestro actual régimen político no tuvieron mejor idea que situar como el máximo representante de España en los países que se construyeron contra la monarquía española al jefe de la Casa Real. Solamente desde la embriaguez política de tomar como cierto el relato imperial —completamente refutado por los hechos históricos— de que los españoles fuimos a América Latina a salvar a sus pueblos indígenas de la oscuridad y del subdesarrollo, se puede entender que se cometiera semejante torpeza diplomática hace cuatro décadas y media.
Los fundadores de nuestro actual régimen político no tuvieron mejor idea que situar como el máximo representante de España en los países que se construyeron contra la monarquía española al jefe de la Casa Real
Y si la corona borbónica es el mejor símbolo posible de nuestro pasado colonial y genocida, lo es también de la nueva forma de colonialismo del siglo XXI: el extractivismo capitalista de los recursos naturales de los países de América latina por parte de las grandes corporaciones españolas. Como queda claro al contemplar la operativa como comisionista corrupto de Juan Carlos I, si una cosa representa la monarquía española en el exterior es los intereses del Ibex35.
Como ya demostró una encuesta publicada por eldiario.es, el pueblo mexicano no tiene ningún problema con el pueblo español —como nosotros tampoco lo tenemos con ellos—. La visión mutua que tenemos las gentes de uno y otro país es positiva y es fraterna. Eso sí, la cosa cambia cuando se pregunta a los mexicanos y las mexicanas qué piensan de la monarquía española. Por ello, convendría que, en pleno siglo XXI, dejemos de una vez de cometer el ridículo error diplomático de enviar como representante de España a América Latina a una figura que concita el rechazo mayoritario de nuestros pueblos hermanos por lo que representa y por los intereses que defiende. La monarquía española no solamente es una institución diseñada para la impunidad —como está escrito en el artículo 56.3 y en las subsecuentes decisiones de la justicia monárquica— y no solo es un problema de falta de democracia en nuestro país. Además, y como se ha demostrado en estos días, es un lastre para nuestra política exterior en América Latina.