El gobierno del PP y el Sáhara Occidental
La habitual afirmación de que la política migratoria, la política internacional y la política de asilo del PSOE resulta indistinguible de la del PP empieza a quedarse corta
Este viernes se conoció que el gobierno de PSOE y Sumar había deportado, durante la madrugada del jueves al viernes, a 16 activistas saharauis —entre ellos, una persona sorda con cáncer— con destino a la dictadura marroquí, donde podrían ser torturados o algo peor. Todos habían pedido asilo en España y cumplían con todos los requisitos necesarios para poder obtenerlo, incluyendo el visto bueno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero el ministerio del Interior —cuyo representante puede ser cesado por el presidente, quien es, por tanto, el responsable último de sus acciones— decidió expulsarlos del país a un destino en el que corren peligro sus vidas. La expulsión, además, ha sido llevada a cabo mediante el ejercicio de la violencia por parte de una empresa privada marroquí. Es decir, que no han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español las que han metido a los activistas a empujones en el avión sino un comando paramilitar de un país extranjero.
Los activistas expulsados y los alrededor de 15 que todavía permanecen en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas han visto sistemáticamente violados sus derechos más básicos a lo largo de las últimas semanas
Los activistas expulsados y los alrededor de 15 que todavía permanecen en la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas —entre los que se encuentra una niña de un año y medio— han visto sistemáticamente violados sus derechos más básicos a lo largo de las últimas semanas, dificultando su asistencia letrada, impidiendo una correcta traducción, negándoles la asistencia sanitaria y hacinándolos en condiciones insalubres, con la presencia de chinches incluida.
Como declaró este viernes la secretaria general y diputada de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, a la que el Gobierno le impidió la entrada a la sala por segunda vez en violación de sus derechos parlamentarios y, por lo tanto, de la separación de poderes, la operativa desplegada contra los activistas saharaui no es propia de un país democrático. Mientras los portavoces políticos y mediáticos españoles pretenden dar lecciones de democracia a determinados países de América Latina, el Gobierno de nuestro país se comporta con parámetros propios de regímenes autoritarios aquí en casa.
De hecho, el doble rasero y la hipocresía del gobierno de Sánchez van mucho más allá del 'spainsplaining' eurocéntrico y colonialista que hacen sus representantes a los pueblos hermanos al otro lado del Atlántico. Mientras, con una mano, tratan como delincuentes sin derechos humanos a los activistas de un pueblo oprimido como es el saharaui, con la otra mano, garantizan de forma exprés y por la puerta de atrás el asilo de un ultraderechista venezolano como Edmundo Gónzalez, al que diversas fuentes sitúan como parte de la 'operación Cóndor' —la colaboración entre diferentes dictaduras latinoamericanas con la CIA para asesinar y 'desaparecer' a la disidencia política— en El Salvador en los años 80 del siglo pasado.
El mismo día que conocíamos la noticia de la deportación violenta de los 16 activistas saharaui, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba la razón al Frente Polisario como representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el contencioso que mantiene desde 2019 por los acuerdos comerciales firmados entre la Unión Europea y Marruecos para explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental. El TJUE anulaba, de esta manera, los acuerdos de pesca y los que tienen que ver con la producción agrícola debido a que el pueblo saharaui no dio su consentimiento para dicha firma. De esta forma, el máximo tribunal de la Unión Europea reconoce la soberanía del pueblo saharaui y al Frente Polisario como su legítimo representante. Es decir, exactamente lo contrario que lo defendido por Pedro Sánchez después del giro histórico que forzó en marzo de 2022, cuando decidió reconocer la soberanía espuria de la dictadura marroquí sobre los territorios ocupados. No solamente colaboraba este viernes el gobierno de España con el rey-dictador Mohamed VI para entregar a sus oscuras fuerzas de seguridad a 16 activistas saharauis en el aeropuerto de Barajas sino que lo hacía en el marco de unas relaciones internacionales que el máximo tribunal de la Unión Europea ha declarado ilegales.
La habitual afirmación de que la política migratoria, la política internacional y la política de asilo del PSOE resulta indistinguible de la del PP empieza a quedarse corta
Ante estos hechos, la habitual afirmación de que la política migratoria, la política internacional y la política de asilo del PSOE resulta indistinguible de la del PP empieza a quedarse corta. De forma objetiva y sin que resulte una exageración, no está nada claro que el PP se hubiera atrevido a ir tan lejos en esta materia como ha ido el PSOE.
Por último y en relación con otra de las noticias de actualidad, ¿cómo puede creerse desde la izquierda que el ambiguo compromiso de eliminar las balas de goma —sin calendario— y las devoluciones en caliente —sin texto explícito— en el marco de la "derogación" anunciada de la Ley Mordaza se va a cumplir cuando ello depende del mismo gobierno —y del mismo ministro— que ha utilizado un comando paramilitar marroquí para meter violentamente en un avión a 16 saharauis rumbo a una dictadura?