Este gobierno no va a hacer nada con la vivienda (a menos que alguien los obligue)

Foto: Dani Gago

Si algo puede pasar con este gobierno y en esta legislatura, será porque los habremos obligado desde el parlamento y desde las calles. No hay otra opción

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hogares que viven de alquiler ha pasado del 13,5% en 2007 al 18,7% en 2023; llegando hasta el 23,7% en la Comunidad de Madrid o el 24,9% en Cataluña. En las grandes ciudades, el porcentaje es todavía mayor. En Barcelona, por ejemplo, el 44% de los hogares viven de alquiler.

Las diferencias por edad son también muy importantes. Así, el porcentaje de personas entre 16 y 29 años (emancipadas) que vive de alquiler ha pasado del 35,2% en 2005 al 56,6% en 2023. Obviamente, la inmensa mayoría de jóvenes —el 66% de las personas entre 18 y 34 años— se ven obligadas a vivir en casa de sus padres; frente al 50% en la media de la Unión Europea. En el otro extremo del espectro, sin embargo, apenas ha habido cambios y la cifra es muchísimo más baja. Para los mayores de 65, el porcentaje de personas que vive de alquiler era del 7,4% en 2005 y del 7,6% en 2023.

Y, obviamente, también podemos apreciar grandes diferencias según la nacionalidad. Entre los españoles, la proporción de personas que viven de alquiler ha pasado del 9% en 2005 al 14% en 2023. Sin embargo, entre los extranjeros de la Unión Europea, el 61,3% viven en estos momentos de alquiler, así como el 71,6% de los extranjeros del resto del mundo. Aunque podemos suponer que, entre estos últimos dos colectivos, existirán algunas personas de clase alta, la mayoría de ellos, obviamente, no lo son.

Al mismo tiempo, el aumento de precios ha sido desorbitado. Mientras que la inflación general acumulada desde 2015 supone aproximadamente un 20% y la subida acumulada de los salarios desde el mismo año un 17%, el precio de compra de la vivienda ha aumentado en el mismo periodo un 47% y el precio del alquiler un 58%.

El 20% de los hogares que viven de alquiler están destinando más del 50% de sus ingresos para poder pagarlo, cuando la recomendación es que no se debería destinar al epígrafe de vivienda más del 30% de los ingresos familiares

En nuestro país, el 20% de los hogares que viven de alquiler están destinando más del 50% de sus ingresos para poder pagarlo, cuando la recomendación es que no se debería destinar al epígrafe de vivienda más del 30% de los ingresos familiares.

Con estas cifras no es sorprendente comprobar, como ha hecho el informe IDRA, que la renta media anual de los inquilinos es de aproximadamente 22.200€ al año, mientras que la de los caseros —que suponen apenas el 6% de la población adulta— es de casi 47.000€ al año.

El INE estima que el número de viviendas vacías en España se sitúa en más de 3,8 millones (un 14% del parque total) y, aunque, en los municipios pequeños, hay un mayor porcentaje de éstas, la proporción de viviendas vacías no es pequeña tampoco en las grandes ciudades. Es por ello falso que haga falta construir 600.000 viviendas nuevas como dice el Banco de España.

El instituto público estima también que algo más de 350.000 viviendas se están destinando al alquiler turístico en nuestro país. Teniendo en cuenta que esta práctica se lleva a cabo muchas veces de forma ilegal, es muy probable que la cantidad real sea muchísimo mayor.

El acaparamiento de vivienda en unas pocas manos de alto poder adquisitivo también se puede ver en otras cifras impactantes. Por ejemplo, el Consejo General del Notariado calcula que el 56% de las compras de vivienda en 2023 y 2024 se hicieron al contado, sin necesidad de contraer una hipoteca. Según el Colegio de Registradores, el 15% de las compras fueron realizadas por extranjeros no residentes y, entre 2008 y 2020, casi la mitad de las viviendas objeto de compraventa fueron adquiridas por propietarios con más de 8 inmuebles.

Esto contrasta con el ridículo porcentaje de viviendas que existen en nuestro país destinadas al alquiler social: un 2,5% del total, frente al 9,3% de la media de la unión europea o al 24% de países como Austria.

Lo que dibujan todos estos datos es, por un lado, una utilización de la vivienda como un activo especulativo por parte de una minoría y el consiguiente empobrecimiento brutal de millones de compatriotas en una situación menos pudiente y, por el otro lado, una brutal inacción —o peor, colaboración con los especuladores— por parte de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE en las últimas décadas, con la pequeña salvedad de la Ley de Vivienda impulsada por Podemos en la anterior legislatura y que, a pesar de los recortes que impuso en ella el PSOE, ha conseguido bajar un 5% los precios del alquiler en Catalunya; única comunidad que ha decidido activarla hasta ahora.

No es sorprendente que decenas de miles de personas hayan llenado las calles de Madrid y de otras ciudades de nuestro país exigiendo que el expolio acabe de una vez

Así las cosas, no es sorprendente que decenas de miles de personas hayan llenado las calles de Madrid y de otras ciudades de nuestro país exigiendo que el expolio acabe de una vez.

En nuestros editoriales, ya hemos mencionado muchas veces las diferentes medidas que habría que tomar —todas juntas, ya que se trata de un problema complejo— para generar un impacto significativo. El denominador común de todas ellas es atreverse con los privilegios y los beneficios desorbitados de los especuladores rentistas. Sin esa voluntad de reequilibrar de forma importante la balanza, lo único que hay son palabras vacías y medidas de maquillaje. Por ejemplo, convendría establecer una moratoria inmediata que prohíba la compra de viviendas en España que no vayan a ser destinadas a vivir (morada principal o segunda vivienda) o alquiler social, sería sensato prohibir por completo el uso turístico de las viviendas (algo que degrada los barrios y sustrae los inmuebles del uso residencial) así como implementar un tope efectivo y contundente a los precios del alquiler en el mercado libre, habría que poner un impuesto creciente a las viviendas vacías salvo que lo estén por causa mayor, se debería expropiar el uso de la mitad de las viviendas en manos de grandes tenedores para ponerlas en el parque de alquiler social y el Estado debería movilizar recursos para adquirir de forma masiva viviendas existentes antes de ponerse a construir ninguna vivienda nueva, entre otras muchas medidas.

Sin embargo, y esto también hay que decirlo con toda claridad, el actual gobierno de España no va a hacer absolutamente nada de esto. En el mejor de los casos, se quedará de manos cruzadas y, en el peor de los casos, pactará medidas neoliberales con el PP como la Ley del Suelo. Esto es así, primero, porque, en un contexto en el que —después de la expulsión de los morados del ejecutivo— ya solamente manda Pedro Sánchez, lo lógico es que sean las políticas del PSOE las que se impongan sin ningún tipo de contestación en el Consejo de Ministros; y estas políticas siempre han sido, en materia de vivienda, de derechas. En segundo lugar, no podemos soslayar los diferentes frentes que tienen abiertos Sánchez y el PSOE y que les consumen cualquier mínima energía que se pudiese destinar al diseño e implementación de políticas públicas. Teniendo en cuenta la interna que tienen en estos momentos los socialistas en los territorios, contemplando el estallido de la bomba de racimo del 'caso Koldo' la pasada semana y recordando que el actual gobierno de PSOE y Sumar nunca contó con una mayoría parlamentaria progresista que no requiriese del concurso de los 12 escaños de derechas de Junts y PNV, parece evidente que imaginar que se van a dedicar a resolver los problemas de vivienda de la ciudadanía no es más que el más inocente de los pensamientos mágicos.

Cualquiera que no haya nacido ayer ya debería saber a estas alturas que la única posibilidad de que se ponga coto al brutal saqueo económico que ejercen en España los especuladores rentistas contra los jóvenes y las familias más humildes de nuestro país pasa por torcer el brazo del gobierno en contra de su voluntad. Si algo puede pasar con este gobierno y en esta legislatura, será porque los habremos obligado desde el parlamento y desde las calles. No hay otra opción.


Referencias principales:

"De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad", informe IDRA, 2024

"¿Qué pasa con la vivienda? Diez datos esenciales para entender el problema", El País