La persecución política y mediática de Macron a Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa

Sophia Chikirou, diputada de la Asamblea Nacional francesa ha documentado todo el proceso judicial y mediático del caso Mélenchon por el supuesto fraude en la financiación de su campaña electoral en 2017. En la pieza documental va iluminando todas las cuestiones sin resolver qué había alrededor del caso, pero el objetivo del documental es denunciar la impunidad del lawfare y como los medios de comunicación son una parte fundamental para que este funcione.

El caso del líder de la oposición realmente es muy simple: la causa de la investigación tiene su origen en la supuesta anomalía en las cuentas de la campaña alegando un financiamiento ilícito. En este caso, lo ocurrido con Mélenchon es algo inédito en la figura de la oposición en el estado de derecho.

La campaña de Mélanchon fue la más larga con una duración de 16 meses y a la vez más barata con un coste de 1,52 millones de euros frente a los 6 millones de euros que fue el coste de la campaña más cara. En Francia existe una comisión encargada de la verificación de las cuentas de las campañas y sus financiamientos. En un primer momento, las cuentas de las campañas de Mélenchon fueron verificadas y no se encontró ninguna anomalía, pero es después de la verificación de las cuentas de Macron que el resto de las campañas fueron rápidamente verificadas, lo que es extraño ya que, normalmente, pasan meses hasta la verificación, y el sueldo de François Logerot, encargado de la comisión, se vio aumentado un 57%.

Pocos meses después, la prensa anuncia la apertura de una investigación preliminar sobre el financiamiento de las cuentas de Mélenchon lo que, a priori, no tendría demasiado sentido dado que las cuentas ya quedaron verificadas no encontrándose ninguna anomalía. El escándalo vino de la utilización que hizo el aparato judicial de los medios para legitimar la investigación de alguna manera ya que no había pruebas sustanciales para llevar a cabo dicha investigación.

La policía procedió al registro de la casa de Jean-Luc Mélanchon, todo bajo la premisa de una investigación preliminar, sin alegar los motivos del registro entrando a su domicilio y confiscando todo lo que consideraron. Por otro lado, los medios llevaban ya meses levantando sospechas bajo, ya no solo la financiación de las cuentas, sino también bajo la misma persona de Mélenchon lo que provocó el caldo de cultivo perfecto para lo que procedió.

En el documental se muestran varias personalidades relacionadas con la esfera política europea, abogados de la defensa y periodistas. Todos ellos están de acuerdo en que el papel de los medios fue fundamental, ¿cómo es posible que los medios tengan acceso al dossier de la investigación antes que la propia defensa? ¿quién ha proporcionado estos documentos a los medios? ¿por qué lo han hecho? Y, lo más importante ¿el gobierno era consciente de tal situación? Bien pues la respuesta es más que evidente.

Es François Molins, procurador de París quien ordena el registro del domicilio de Mélenchon, pero si seguimos la línea jerárquica nos lleva a la fiscal general que, además de declarar que no tenía conocimiento de este registro hasta la misma mañana de los hechos, depende en última instancia del ministro de justicia que a la vez depende del primer ministro que, a la vez, depende del presidente. ¿Cómo es posible que la fiscal general no tenga conocimiento sobre el registro del domicilio del líder de la oposición del gobierno?

LFI denuncia que los medios utilizados para el registro y la investigación fueron profundamente desproporcionados. Además, la fuerte campaña de desprestigio que los medios desempeñaron y que dependió en gran parte de las filtraciones que, ya sea la fiscalía o los cuerpos policiales les proporcionaron, tuvieron un gran peso en la imagen que se estaba generando del líder de la oposición. Los medios entraron en consideraciones personales cuestionando incluso su temperamento, manipulando imágenes o tachándole de no respetar las instituciones ni los procesos judiciales cuando lo que realmente demandaban era información sobre la investigación y la motivación de esta.

Realmente nunca se le llegó a condenar por los cargos de los que se le acusaba por lo que Mélenchon denunció que no se trataba de una investigación genuina con el objetivo de esclarecer la financiación, sino que se trataba de una campaña de persecución política. LFI y los sectores de la izquierda francesa e internacional denunciaron la impunidad con la que opera el lawfare.

En Francia la preocupación sobre las libertades es cada vez más alta teniendo en cuenta la creciente represión que se puede observar, sobre todo en los movimientos sociales relacionados con la izquierda.

El documental trata una cuestión fundamental que Guillaume Long, político ecuatoriano-francés, señala: el autoritarismo del lawfare. Hace una comparativa con Ecuador donde explica como gracias al lawfare los gobiernos son capaces de gobernar sin oposición dado que o terminan en la cárcel o se ven obligados a exiliarse. Señala que está claro que Francia no es una “dictadura militar” pero lleva a cabo un sistema mucho más sofisticado al puro estilo neoliberal con el que desempeña la persecución política de ciertos sectores de la política y quedando totalmente impune. Y en relación con ello, se señala también la fuerte degradación del estado de derecho en el que ni siquiera son respetados los derechos de los parlamentarios.

En definitiva, el lawfare es algo que podemos ver cada vez más en nuestros sistemas políticos y que tiene una gran dependencia, ya no solo con los medios de comunicación que, a la vez son fundamentales, sino también de la justicia. La respuesta que el documental nos aporta en calve a la lucha contra esta lacra es simple: la movilización social. Al final, la movilización social y la resistencia es la única arma que la ciudadanía tiene para luchar contra ello y expresar sus demandas.