Las Cortes de Castilla y León rechazan la Ley de Concordia impulsada por PP y Vox

Las Cortes de Castilla y León han tumbado este miércoles la tramitación de la proposición de Ley de Concordia, impulsada en marzo por el PP y Vox cuando aún gobernaban juntos la Comunidad. Esta iniciativa, cuyo objetivo era derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, ha encontrado un inesperado rechazo por parte del Partido Popular, que se ha alineado con el PSOE y el resto de grupos en el pleno para frenar su avance.

La ley de concordia, promovida por la extrema derecha de Vox con el respaldo inicial del PP, pretendía reinterpretar la historia reciente de España, diluyendo el consenso alcanzado sobre la memoria democrática y dando una visión blanqueadora de la dictadura franquista. Sin embargo, el PP ha decidido en el último momento dar marcha atrás en su apoyo a la tramitación, lo que ha generado un fuerte malestar en Vox y ha abierto una brecha definitiva entre los dos partidos.

Juan García-Gallardo, portavoz de Vox y exvicepresidente de la Junta, cargó contra el Partido Popular, acusándolo de traicionar el acuerdo al que habían llegado ambos partidos cuando gobernaban en coalición. “El parecido (del PP) con el PSOE de Sánchez es cada vez más lamentable”, afirmó el líder de Vox en un intento por marcar distancias con los populares y avivar las tensiones en la derecha. García-Gallardo no dudó en recriminar al PP por haber apoyado “hasta antes de ayer” un texto que ahora rechazan, y arremetió contra la ausencia de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, durante la votación según informa la Agencia EFE.

La proposición de ley, que según García-Gallardo contaba hasta hace poco con el respaldo del propio Mañueco y su equipo, proponía borrar de un plumazo los avances en la recuperación de la memoria histórica que reconoce a las víctimas del franquismo. El cambio de postura del PP, que ha sido calificado por Vox como "incomprensible", refleja el giro de los populares hacia una mayor prudencia ante la fuerte contestación social que esta norma había generado.

Desde el PSOE, su portavoz Luis Tudanca fue directo al señalar la hipocresía del PP, acusándolos de haber pactado con la extrema derecha y ahora tratar de ocultar su vergonzosa posición. “No mientan, no se oculten”, exigió Tudanca, recordando que PP y Vox habían firmado conjuntamente la propuesta, publicada en el Boletín de las Cortes. Para el líder socialista, la verdadera pinza no es la que el PP ha denunciado entre Vox y el PSOE, sino la que los populares hicieron para “gobernar con la ultraderecha”.

Unidas Podemos fue aún más tajante en su rechazo a la ley de concordia. El procurador Pablo Fernández calificó la propuesta de "basura" y aseguró que no era más que un intento de "blanquear la sanguinaria dictadura franquista". Según Fernández, la ley no buscaba la reconciliación ni la justicia, sino la perpetuación de un relato falso y manipulador que pone a las víctimas del franquismo en segundo plano mientras se exculpa a los responsables de los crímenes de la dictadura.

Desde la izquierda, se destacó que la propuesta de PP y Vox no solo era un ataque frontal a la memoria histórica, sino también un ejemplo más de la deriva radical de la derecha española, que intenta reescribir el pasado a conveniencia. La ley de concordia era vista por Unidas Podemos como una maniobra ideológica para revivir las heridas del pasado en lugar de cerrarlas con justicia y reparación.

Por su parte, el procurador del PP, Óscar Reguera, intentó justificar el voto en contra de su grupo alegando razones de "oportunidad, prioridad y prudencia". Reguera aseguró que aunque la proposición de ley no era inconstitucional, en este momento el partido prefería esperar para evaluar mejor el contexto nacional, dada la nueva normativa sobre memoria histórica que está tramitándose en el Congreso. Sin embargo, su argumento fue percibido como una maniobra política más que una auténtica reconsideración del fondo del asunto.

Reguera también lanzó ataques contra Vox, acusándoles de intentar beneficiarse de su "reciente soltería" tras la ruptura de la coalición con el PP para "coquetear" con el resto de la oposición. No obstante, estas palabras parecieron más un intento de desviar la atención de la clara fractura interna dentro de la derecha que una defensa coherente de su decisión.

El resto de los grupos, como la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila, también votaron en contra de la tramitación. Luis Mariano Santos, portavoz de la UPL, calificó la propuesta como "rocambolesca" y criticó que no se ajustaba a las verdaderas necesidades de quienes sufrieron la represión del franquismo. Pedro Pascual, de Por Ávila, lamentó que iniciativas como esta busquen “radicalizar” en lugar de “encontrar” consensos, afirmando que no participaría en una dinámica tan divisiva, como informaban fuentes de la Agencia EFE.

En última instancia, el rechazo de la Ley de Concordia es un paso importante en la defensa de la memoria histórica en Castilla y León. Los intentos de la derecha, especialmente de Vox, por imponer su versión revisionista del pasado no solo han fracasado, sino que han revelado las tensiones y divisiones internas entre las diferentes facciones conservadoras.