La Ley 24/2015: Una necesidad del pueblo y la vergonzosa traición del Tribunal Constitucional

Allá por 2015, en plena crisis de desahucios y pobreza, en Cataluña se aprobó la Ley 24/2015, también conocida como la ley de emergencia social. Esta ley no era ningún capricho ni un lujo, sino una necesidad para miles de familias que se quedaban en la calle, con las puertas cerrándose mientras los bancos llenaban sus arcas. Lo que hacía esta ley era sencillo: frenar los desahucios, obligar a los bancos y grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales y evitar que la gente sufriera cortes de luz y agua. Vamos, cosas de sentido común.

Pero el PP, el partido que siempre se pone del lado de los de arriba, no podía permitir que algo así les cortara el chollo a los especuladores y a los bancos. Así que hicieron lo de siempre: llevaron la ley al Tribunal Constitucional y, como era de esperar, los jueces han tumbado los puntos más importantes. Todo con la excusa de que la ley invade competencias del Estado. Pero, la verdad, lo que están haciendo es, como no, ponerse del lado de los bancos y contra la gente que lo estaba y lo está pasando mal.

La fuerza de la calle: 150.000 firmas y la ley aprobada por unanimidad

Por poner en contexto, esta ley no nació en un despacho ni fue idea de algún político iluminado. No. La Ley 24/2015 es fruto de la lucha en las calles, del esfuerzo de miles de personas que no se quedaron de brazos cruzados viendo cómo sus vecinos eran desahuciados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones sociales se movieron, barrio a barrio, recogiendo casi 150.000 firmas para llevar esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlament de Catalunya.

Fue el pueblo el que impulsó esta ley, dejando claro que la vivienda es un derecho, no un negocio para cuatro listos. una ley que triplicó los apoyos, pues sólo se necesitaban 50 mil firmas, pero los colectivos, muy inteligentes, prefirieron aprovechar el proceso para hacer un ejercicio de sensibilización sobre la problemática de la vivienda que teníamos en Catalunya y la nula política de apoyo por parte de las administraciones y partidos políticos.

La presión popular fue tan fuerte que todos los partidos, incluso los que siempre han defendido a los bancos y especuladores, como el PP y Ciutadans, votaron a favor de la ley. Sí, como lo lees: la fuerza de la calle obligó a que no hubiera ni un solo voto en contra.

La gente organizada demostró que cuando se lucha con ganas, hasta los políticos tienen que escuchar. La ley fue un triunfo de la autoorganización popular, de la solidaridad entre vecinos, algo que los grandes partidos no podían ignorar.

¿Por qué esta ley era tan necesaria?

La respuesta es clara y directa: porque el sistema nos falló a todos. Tras la crisis de 2008, la gente normal y corriente, la de a pie, se quedó sin trabajo, sin recursos y con la amenaza constante de perder su casa. Los desahucios se convirtieron en parte del día a día y los bancos, que ya habían sido rescatados con dinero público, seguían echando a las familias a la calle mientras acumulaban pisos vacíos.

La Ley 24/2015 quería acabar con esto. Las medidas eran claras y necesarias:

•     Frenar los desahucios de quienes no podían pagar su casa.

•     Obligar a los grandes propietarios y bancos a ofrecer alquiler social a quienes estaban en riesgo de exclusión.

•     Evitar que las compañías de luz y gas cortaran los suministros a las familias sin recursos.

Era una ley que hablaba de dignidad, de justicia social y de defender a los que siempre pierden frente a los poderosos. Pero claro, cuando una ley molesta a los bancos, ya sabemos lo que pasa.

El Tribunal Constitucional y el PP: Los de siempre, con los de arriba

La historia de siempre: cuando una ley va en favor de la gente trabajadora, los de arriba mueven sus hilos. El PP, un partido que ha estado siempre al servicio de los grandes empresarios y los bancos, decidió recurrir la ley. Y el Tribunal Constitucional, que parece más un defensor de los poderosos que de los derechos del pueblo, ha tumbado los puntos más importantes.

¿La excusa? Que invade competencias del Estado, pero, ¿quién se cree que esto es solo por un tecnicismo? El Tribunal Constitucional se ha puesto (como acaba haciendo siempre) del lado del PP, los bancos y los grandes propietarios, en lugar de defender a las miles de familias que dependen de esta ley para no quedarse en la calle.

Mientras los jueces debatían en sus despachos, miles de personas seguían perdiendo sus casas y sufriendo cortes de luz. ¿Dónde está el Tribunal para proteger a esas familias? Ah, claro, están ocupados defendiendo a los especuladores y a los que ven la vivienda como un negocio, no como un derecho.

La lucha no ha terminado: El pueblo sigue en pie

Aunque el Tribunal Constitucional ha tumbado parte de la ley, la lucha no ha terminado. Las organizaciones sociales van a seguir peleando, junto a la gente que entiende la necesidad de defender la vida, porque saben que el derecho a la vivienda no es negociable. El pueblo sigue al pie del cañón, porque la vivienda no puede ser un lujo, es una necesidad básica.

Es una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI se sigan priorizando los intereses de los bancos, fondos buitre y especuladores por encima de los derechos de las personas. Esta historia deja claro que cuando se lucha desde abajo, se pueden conseguir grandes victorias, pero también que hay que estar preparados para que los de arriba sigan defendiendo sus privilegios.

No nos olvidemos: la ley nació del pueblo, y será el pueblo el que siga luchando para que la vivienda deje de ser un negocio y vuelva a ser un derecho. No nos pararán.