Cambiar la financiación autonómica no acabará con la desigualdad, España necesita una reforma fiscal redistributiva

La polémica sobre el acuerdo para establecer un “nuevo sistema de financiación singular” para Catalunya y la “necesaria reforma de la financiación autonómica” no es de carácter económico, sino político. Aunque partidos y economistas aporten datos, estos no son objetivos e incuestionables, sino que se utilizan para demostrar las diversas posturas ideológicas. Desde el PSOE se habla de “solidaridad” entre comunidades autónomas y desde el PP, por enésima vez, de que “se rompe España”. Ambas posturas nacen del neoliberalismo, porque presentan como inamovible la cuantía actual de recursos del Estado —incluyendo las transferencias a las CCAA — y obvian el auténtico problema: en este país se recauda menos de lo necesario para atender los servicios públicos y se recauda mal, poniendo el peso de los impuestos sobre asalariados y pequeñas empresas, en lugar de sobre las grandes fortunas, las empresas con enormes beneficios y la banca. Este sistema fiscal mantendrá la desigualdad norte/sur y, lo más importante, entre trabajadores, autónomos y miniempresas, sean cuales sean sus ingresos, y millonarios, rentistas y grandes corporaciones. Es urgente poner en marcha una reforma fiscal redistributiva.

En este país se recauda menos de lo necesario para atender los servicios públicos y se recauda mal, poniendo el peso de los impuestos sobre asalariados y pequeñas empresas, en lugar de sobre las grandes fortunas, las empresas con enormes beneficios y la banca

El gobierno socialista asegura que ya ha realizado esa reforma, escudándose en el aumento de la recaudación. Falso, ese incremento sale de la mejora del empleo y de la inflación, no de ninguno de los ligeros cambios impositivos, como la tasa sobre los beneficios extraordinarios. La presión fiscal —se define como los ingresos tributarios en relación con el PIB— está muy por debajo de la europea. En 2022, según Eurostat, fue del 38,3% del PIB. La media de la UE estaba en el 41,2%; la de la Zona Euro, en el 41,9%; la de Francia, en el 48%; la de Italia, en el 42,9%, y la de Alemania, en el 42,1%. Estos datos desmienten los argumentos que utiliza la derecha para bajar impuestos en las CCAA donde gobierna. Además hacen incomprensible la resistencia socialista a cumplir el artículo 31.1 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Habría que preguntarse sobre el auténtico carácter progresista del gobierno de Pedro Sánchez.

La financiación de las CCAA se rige por una ley orgánica, la LOFCA, de 1980, que establece dos clases de autonomías, las 15 de régimen común y Navarra y Euskadi que, por los fueros de que disfrutaban históricamente, mantienen la gestión fiscal. Cuando se negoció la ley, el gobierno de Adolfo Suarez ofreció a Catalunya un concierto similar al vasco, pero la Generalitat de Jordi Pujol lo rechazó. Lo cuenta quien fue consejero de Economía y Hacienda vasco, Pedro Luis Uriarte, presente en las negociaciones, en su libro El Concierto económico vasco. El economista afirma que los nacionalistas catalanes cometieron un “error histórico” al no querer asumir el riesgo de responsabilizarse de la gestión de los impuestos, porque podría ser impopular ante los ciudadanos, y del pago del cupo a la hacienda estatal en los casos de crisis económica. Fue una decisión política, como ha sido la de ERC de apuntarse a una financiación “singular” para tapar el retroceso en las aspiraciones de independencia.

Los nacionalistas catalanes cometieron un “error histórico” al no querer asumir el riesgo de responsabilizarse de la gestión de los impuestos (...) fue una decisión política, como ha sido la de ERC de apuntarse a una financiación “singular” para tapar el retroceso en las aspiraciones de independencia

Desde el pacto entre PSC y ERC, defensores y opositores se basan en las diferencias entre lo que aporta y recibe cada comunidad para defender el camino hacia una España federal u oponerse a que Catalunya “deje de contribuir”, afirmación incierta porque se establecería una aportación “solidaria”, es decir, un cupo. Como referencia, hay que mirar a Alemania, donde la Agencia Tributaria Federal sólo recauda Impuestos Especiales, aranceles e IVA a las importaciones; los Länder gestionan IRPF, Sociedades e IVA.

Para garantizar la prestación de servicios públicos en igualdad, la LOFCA puso en marcha las transferencias de fondos del Estado a las CCAA y entre ellas. Desde entonces, las más ricas, Madrid, Catalunya y Baleares, son contribuyentes netas y las otras 12 reciben más de lo que dan. Euskadi y Navarra pagan al Estado por los servicios estatales que reciben. Como en todo, en la financiación autonómica, una cosa es la teoría y otra la práctica. Como en Rebelión en la granja, los habitantes de unas regiones “son más iguales que otros”. La brecha entre norte y sur de la península, existente hace siglos, se mantiene en el moderno Estado autonómico, aunque se ha reducido gracias en buena parte a los fondos comunitarios que riegan el país desde 1986.

Las cifras de 2022 revelan que la diferencia de financiación per cápita entre la primera autonomía y la última ascendió a 900 euros, según el Ministerio de Hacienda. La Rioja está en cabeza y la última es Murcia. Madrid está por debajo de la media de 3.365 euros y Catalunya algo por encima, Baleares es la tercera en pagar y recibir. Para asignar fondos a cada autonomía se utiliza la variable de población ajustada en lugar de población real, atendiendo al número de habitantes en edad escolar o mayor de 65 años, la insularidad o la dispersión geográfica. Estas circunstancias no se han adaptado desde 2009. Así se demostraría que el sistema amplía las diferencias entre CCAA y por eso debe reformarse.

Las cosas son mucho más complejas y tienen que ver con la ideología neoliberal asumida por todos los gobiernos de los últimos 48 años

La realidad es distinta, el nivel de vida de los ciudadanos no depende de esos algo más de 3.000 euros por habitante que los gobiernos autonómicos añaden a sus presupuestos anuales. Las cosas son mucho más complejas y tienen que ver con la ideología neoliberal asumida por todos los gobiernos de los últimos 48 años. Hay un mantra reaccionario que los socialdemócratas aceptaron y los medios de comunicación meten en la cabeza de los ciudadanos: los impuestos son malos, el Estado nos roba, pagamos demasiado a Hacienda. Desde este falso supuesto, que solo una revolución educativa podría hacer desaparecer, los sucesivos ejecutivos del PSOE han hecho suyo otro mantra mentiroso: no hay más dinero para mejorar los servicios públicos; sanidad, educación, pensiones, vivienda asequible, transportes o ayudas sociales solo pueden parchearse, son lentejas.

No es así, el Estado, desde el gobierno central y los autonómicos, puede legislar para cambiar la situación tributaria y conseguir más recursos económicos para políticas igualitarias. El asunto es tan simple como diseñar un impuesto sobre la renta realmente progresivo. En el ejercicio de 2024 los tramos del IRPF van desde el 19% que corresponde a quienes ganan 12.450 euros anuales al 47% que pagan a Hacienda los que perciben un salario de 300.000 euros o más, un tipo impositivo muy similar al correspondiente a sueldos entre 59.999 y 299.999 euros, que aportan un 45%. Para unos ingresos de hasta 35.199 euros, el gravamen es del 30%. Es decir, los altos ejecutivos de las empresas del Ibex, que ganan varios millones de euros al año, aportan proporcionalmente lo mismo que personas que simplemente reciben un buen sueldo, pero no pueden permitirse el nivel de vida de la familia Botín o la de Amancio Ortega. Eso sin entrar en que los privilegiados crean empresas para tributar menos y sin referirnos a sus paseos por paraísos fiscales.

En el impuesto de sociedades, el asunto es similar. El gravamen general es del 25% sobre el resultado neto, es decir, los beneficios de la empresa —las que hayan ganado menos de un millón de euros en el anterior ejercicio pagan un 23% y las consideradas “emergentes” un 15% durante cuatro años como máximo—. En la práctica, grandes empresas y bancos aportan mucho menos. Las de más de 250 trabajadores, según la Agencia Tributaria, pagan de media un 6,53% de tipo efectivo, las que tienen más de 5.000, un 3,6%. Para escandalizarnos del todo, recordaremos que las mayores empresas españolas situaron su margen de ventas al cierre de 2023 en el 12,87% o que la banca lleva varios años multiplicando beneficios gracias a los altos tipos de interés que exprimen a los hipotecados. En concreto, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja obtuvieron un beneficio conjunto de 15.287 millones de euros en el primer semestre de este año, un 28% más que en 2023.

Mientras, la desigualdad permanece en España, donde hay 12,3 millones de personas en situación de pobreza y/o exclusión social, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). En las comunidades del sur, el 33,1% de la población residente (cerca de 5,5 millones de personas) es pobre, una cifra que se reduce casi al 20,5% (6,8 millones de personas) para quienes viven en la mitad norte. La pobreza severa afecta a 4,2 millones de personas, el 8,9% de la población, que vive con ingresos inferiores a 6.725 euros al año. Estos datos evidencian la necesidad de incrementar las políticas sociales con nuevos recursos económicos.

Es muy posible que la reforma de la financiación autonómica pactada con ERC no llegue a ponerse en marcha o se desarrolle dentro de mucho tiempo

Para terminar, una predicción. Es muy posible que la reforma de la financiación autonómica pactada con ERC no llegue a ponerse en marcha o se desarrolle dentro de mucho tiempo por varias razones. En primer lugar porque el gobierno del PSOE tendrá dificultades para aprobarla en el Congreso, ya que, para mantener el discurso identitario ante sus votantes, algunos socios autonómicos, como Compromís, no darán su apoyo. También porque la derecha la recurrirá al Constitucional y este demorará su decisión como es habitual. Sin embargo, ni el Gobierno central ni las CCAA recurrirán el claro dumping fiscal que realiza la Comunidad de Madrid al reducir impuestos a empresas y grandes fortunas para que se instalen en su territorio. Frente a la realidad y la justicia está el relato, amigos.