El dogma de la digitalización

Acto de la Fundación CEOE sobre la campaña “Digitalización Sostenible” — Fernando Otero / Europa Press / ContactoPhoto
Las políticas públicas contra la exclusión digital rara vez se atreven a demandar cambios a las empresas

Aunque abundaban los precedentes, los fondos europeos Next Generation han sido determinantes para incorporar en el debate público la imperiosa necesidad de la digitalización. A veces incluso se habla de transición digital, y en España ya sabemos que transición es sinónimo de engaño. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento que vehicula todos los ejes y reformas en torno al dogma de la digitalización. Pero ¿qué es la digitalización? Casi nunca encontraremos una definición. No hace falta: hay que digitalizar la educación, la sanidad, las pymes, las cadenas de valor, la Administración y todo aquello que no esté lo suficientemente digitalizado. Suena bien y casi todo el mundo lo reproduce de forma acrítica.

Quien escribe no es ningún tecnófobo. Al contrario. Bienvenida cualquier tecnología que mejore la vida de las personas. Pero sí es llamativo que la digitalización sea una prioridad estratégica por encima de la vivienda, la salud o cualquier otro derecho humano. Lo que cabe cuestionar es la asunción irreflexiva de la digitalización como objetivo colectivo. Hay demasiados indicios de que los fondos europeos Next Generation no han sido diseñados para mejorar el bienestar de las personas, sino para regar al poder empresarial con ingentes cantidades de dinero que proceden, no lo olvidemos, del endeudamiento público. No parece insensato colegir que la digitalización puede ser positiva en algunos servicios y procesos, pero no así en otros. A veces también se sostiene que la digitalización permite avanzar hacia el desarrollo sostenible, obviando deliberadamente el verdadero alcance del impacto ambiental que conlleva la tecnología. La problemática de la ciberseguridad, inherente a la progresiva digitalización, también se infravalora.

Quizás la exclusión digital no marque la agenda pública, pero se trata de un problema real. La brecha digital segmenta a la población en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos y sociales

Mucha menos atención recibe el problema de la brecha digital, esto es, la disparidad que se produce entre sectores de la ciudadanía que tienen acceso a Internet y, sobre todo, que poseen competencias y habilidades digitales en muy diferente grado. Factores como la edad, el género, la discapacidad o el origen socioeconómico son determinantes de la exclusión digital, un fenómeno que afecta a la calidad de vida de las personas.

Claro que las distintas Administraciones han desplegados planes y programas contra la exclusión digital, pero se trata de políticas públicas decorativas, fragmentadas, sumamente ineficaces. Para muestra, un botón. Hace unos meses se creó la Comisión Interministerial para la coordinación y el seguimiento de las medidas a favor de la conectividad y la digitalización de la economía y la sociedad en el ámbito de la Administración General del Estado, regulada por el Real Decreto 473/2024, de 7 de mayo. Pues bien, entre sus funciones, cabe destacar el olvido de la coordinación en materia de lucha contra la brecha digital. A la hora de la verdad, la brecha digital no importa.

Quizás la exclusión digital no marque la agenda pública, pero se trata de un problema real. La brecha digital segmenta a la población en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos y sociales. Pensemos en la exclusión financiera, en las dificultades para hallar un empleo, en el disfrute del ocio, etc. Muchas de las actuaciones públicas para erradicar la brecha digital ponen el foco en la necesidad de mejorar las competencias digitales de los sectores vulnerables, pero casi nunca el poder público se atreve a abordar el problema con la debida profundidad. Para empezar, los poderes públicos tendrían que predicar con el ejemplo, porque la exclusión digital también se proyecta en las relaciones de la ciudadanía con la Administración. Además, las políticas públicas contra la exclusión digital rara vez se atreven a demandar cambios a las empresas. El ejercicio de muchos derechos hoy se dirime en las exigencias de atención presencial y de sencillez y durabilidad en el uso las tecnologías digitales.