Manual de resistencia

Llegados al momento actual, el fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, se enfrenta a la posibilidad de que la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, escale hasta el Tribunal Supremo (TS) debido a la asunción de su responsabilidad en el comunicado que, según la querella, filtraba datos confidenciales. Este ya ha dicho que no piensa dimitir, aunque decida investigarlo el TS.

Este no es el primer episodio que enfrenta García Ortiz y el Ministerio Fiscal, los cuales llevan enfrentados con distintos sectores dentro de la misma Fiscalía, la judicatura y sectores políticos.

¿De dónde viene Álvaro García Ortiz?

El ahora fiscal general del Estado siempre ha sido discreto y ha estado alejado de los focos, sin embargo, es conocida su intervención en el caso del Prestige. Allí, dirigió la acusación por parte de la Fiscalía, y evitó ejercer acusaciones contra los altos cargos del Gobierno de Aznar como fiscal delegado de Medio Ambiente, ya que entendió respecto de los informes y documentación del caso, que el desastre iba a serlo desde el principio y, que en cualquier caso, no podía acusar a los altos cargos de Aznar.

A pesar del reciente episodio donde la mayoría del PP en el Senado le reprobaba, este no ha sido su primer choque con la formación de Feijóo. Ya en su momento, cuando el líder del PP nacional lo era solamente del PP gallego, y en medio de las polémicas por los fuegos que consumieron el monte gallego, este argumentaba que estos eran producidos por unas “mafias y terroristas” que prendían fuego a los bosques. Esta teoría nunca pudo ser probada porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nunca encontraron a los supuestos culpables, por el contrario, la Fiscalía descartaba la existencia de tales “terroristas” basándose en la evidencia encontrada por la policía.

En las elecciones del Consejo Fiscal de 2018, órgano con múltiples funciones dentro de la Fiscalía, este fue el más votado a pesar de presentarse por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación no mayoritaria dentro del Ministerio Fiscal. En la campaña que hubo dentro del organismo para estas elecciones, García Ortiz estuvo junto a Dolores Delgado, la cual posteriormente sería la Ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez.

Otro de sus controvertidos episodios, antes de ser FGE, fue su intervención en el expediente interno contra el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, al cual le fueron asignadas piezas del caso Villarejo. En esta intervención se le acusó de alargar sin justificación esta investigación, debido a la vinculación entre las causas de Villarejo con clientes del despacho de Baltasar Garzón y la relación que este mantenía, ya por aquel entonces, con Dolores Delgado, la cual era FGE. Stampa acabaría apartado y reemplazado en estas causas

¿Qué pasó en torno a su nombramiento y a partir de entonces?

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya caducado por ese entonces, se pronunciaron en contra del nombramiento debido a la participación de García Ortiz en una mesa redonda sobre sostenibilidad de la Fundación IDEAS (vinculada al PSOE), durante su estancia en Galicia. Según estos vocales, esta mesa no era de carácter académico, sino que su razón de ser era dar un sustento ideológico a un partido político, además, también recordaron el episodio de Stampa y su cercanía con Dolores Delgado, tanto por haber ocupado está primero el puesto de FGE, como por su paso por el Gobierno de Sánchez.

También tuvo que lidiar con una medida herencia de Dolores Delgado; la obligación de los fiscales a declarar si preparan oposiciones. Esto con el fin de evitar que un fiscal que esté preparando oposiciones pueda formar parte a la vez de un tribunal que examine aspirantes a la Fiscalía. Gracias a reportajes de elDiario.es se sabe que existen jueces y fiscales en activo que dedican parte de su tiempo a la preparación de opositores a la judicatura y declaran esta actividad, y otros que no, suponiendo un ingreso en negro y la posibilidad de que, en el sorteo de alguna de las fases de la oposición de acceso a la judicatura, estos evalúen a sus alumnos. Esta medida fue recurrida por la Asociación de Fiscales argumentando que la medida ya existe en un Reglamento y que es una obligación no prevista en la norma, innecesaria y desproporcionada que puede afectar a los derechos de intimidad, libertad y protección de datos, además, consideraban esto permitir que el FGE imponga nuevas obligaciones a su antojo.

Luego llegaría el primer nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo en la Sala de lo Militar, el cual no contó con el visto bueno del Consejo Fiscal, con solo cinco de los doce miembros respaldándolo, pero confirmado por García Ortiz y el Consejo de Ministros. Este acabaría siendo recurrido y anulado por el Tribunal Supremo porque entendió que había un “desvío de poder” debido a la posición que esta ocupó antes como FGE y por la cercanía con García Ortiz.

En el segundo nombramiento de Dolores Delgado, esta vez para Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, las asociaciones contrarias a García Ortiz no votaron en el Consejo Fiscal como señal de protesta de lo que consideraron una “burda maniobra”. Estos también señalaron una incompatibilidad en el cargo debido a la relación de esta con Baltasar Garzón, por ejercer este en un bufete especializado en ciertas áreas del derecho, pero con un especial análisis de cumplimiento con los Derechos Humanos. Una vez más, fue recurrida, y una vez más, el TS falló en contra de García Ortiz, anulando el nombramiento, pero esta vez para retroceder la actuación hasta la valoración del Consejo Fiscal, precisamente para analizar esta incompatibilidad.

García Ortiz sería renovado en su cargo a finales de 2023, no sin recibir críticas desde distintos frentes. Desde el sector conservador de la Fiscalía le criticaron principalmente, no haberse pronunciado acerca de la amnistía ni sobre las menciones al lawfare recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts, incluso, debido a esto, recibió una carta de 18 fiscales de la Sección Penal del TS por no haber defendido a los fiscales del procés donde le acusaban de ignorar dar una respuesta a la grave situación que enfrentaba la Fiscalía por los injustificados ataques a quienes participaron en las causas que rodeaban al independentismo catalán. Finalmente, tiempo después, el Consejo Fiscal otorgó de manera unánime respaldo a todos los miembros de la Fiscalía que participaron en juicios o procedimientos del procés, sin embargo, esta fue una medida meramente simbólica.

El CGPJ también rechazó su reelección, siendo esta la primera vez que sucedía algo así. A pesar de que la función del CGPJ en este caso era únicamente avalar o no avalar conforme los requisitos legales, estos se pronunciaron tanto en la posición de García Ortiz acerca de la amnistía, como en la sentencia que anulo el segundo nombramiento de Dolores Delgado. Respecto de este último episodio, los vocales progresistas e incluso el ya por entonces presidente, Vicente Guilarte afearon estos pronunciamientos esgrimiendo que se salían del papel que tenía el CGPJ.

Incluso su renovación se vio recurrida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el TS, ya que esta asociación entendía que García Ortiz no era idóneo para desempeñar sus funciones conforme la Constitución, amparándose principalmente en la sentencia del Tribunal Supremo que anulo el nombramiento de Dolores Delgado, así como la negativa de este a realizar un informe para el Senado sobre la amnistía. Ante esto, García Ortiz decidió recusar a algunos de los magistrados responsables de examinar el recurso, ya que estos habían sido los mismos que habían anulado los nombramientos de Dolores Delgado, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

Cuando se modificó el delito de malversación, García Ortiz decidió rechazar otorgar posibles beneficios a dirigentes independentistas involucrados en el procés, pero también cerró posibilidades de revisiones masivas de condenas o de imputaciones de los casos de corrupción.

Otro gran tema durante su estancia al frente de la Fiscalía, ha sido la amnistía. El Senado le solicitaría a principios de este año un informe sobre esta medida del gobierno al Consejo Fiscal, a lo cual García Ortiz respondió en una misiva que este órgano de la Fiscalía no tiene competencias como para realizar esto, amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la función asesora o consultiva en una fase muy inicial de las iniciativas legislativas, pero que cesa cuando se aprueba en el Consejo de Ministros y se remite a las Cortes, como era el caso de esta ley, sin embargo, la Asociación de Fiscales, decidió difundir un borrador de informe crítico con la amnistía, a pesar de que este no tenía ningún efecto práctico o legal.

Posteriormente, a la hora de que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo (del ala conservadora del órgano), tuviera que redactar un informe sobre si en la causa de Tsunami Democràtic hubo un delito de terrorismo o no (condicionante para entrar en la amnistía), saltó la polémica por una reunión que mantuvieron este y García Ortiz, donde, según El Mundo, después de la reunión, Redondo cambió de opinión. En seguida este aclaró que el documento que elaboro inicialmente donde se apuntaba a la existencia de un delito de terrorismo, era un borrador interno, que después de compartirlo con algunos fiscales del Supremo, los medios acabaron publicando fragmentos del mismo. Al final, desmintió instrucciones por parte de García Ortiz y en el informe final no apreció delito de terrorismo, pero sí de coacciones y desórdenes públicos. Además, Redondo acabaría obteniendo un respaldo parcial por parte del Consejo Fiscal.

Una vez aprobada la amnistía, los distintos tribunales instruyendo causas y que han juzgado ya algunas, solicitaron informe a las partes, entre ellas, la Fiscalía, acerca de la aplicación de la misma. Aquí destacó el informe que entregaron los recientemente premiados por el Gobierno de Aragón, cuatro fiscales del procés: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, ya que todos interpretaban que el delito de malversación no entraba dentro de la amnistía porque entendían que el enriquecimiento proveniente de esta no se da únicamente mediante una ganancia personal, sino también obteniendo beneficios de otras formas. Además, también pensaban que era necesario consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional, para saber si era conforme al Derecho de la Unión y si era constitucional. García Ortiz y otro grupo de fiscales, descartó todo esto al considerar que el texto de la amnistía es suficientemente claro, que la voluntad del legislador es clara y que los argumentos esgrimidos por los fiscales no tienen fuerza suficiente y algunos análisis son incompletos en términos de disposiciones europeas. Incluso hizo alusión a manifestaciones extrajurídicas presentes en el argumentario, rechazándolas frontalmente. Otro argumento de los fiscales fue que la norma no fuera modificada durante el debate en las cortes, sin embargo, García Ortiz y otro grupo de la fiscalía, entiende que una norma que responde a negociaciones políticas no es razón para ponerla en duda en términos jurídicos, ya que el proceso legislativo sigue siendo adecuado. Finalmente, García Ortiz ordenó que se aplique la Ley de Amnistía a todos los delitos.

El PP también atacó de manera directa a García Ortiz mediante una querella acusándolo de prevaricación, todo amparado en el ascenso anulado por el TS, sin embargo, el mismo tribunal rechazó admitir la querella asegurando que una cosa no implicaba la otra, ya que incluso en la querella del PP admitían que esta cumplía los requisitos, por tanto, no era un nombramiento ilegal, además, aunque es el FGE el que propone, es el Consejo de Ministros quien decide.

Otro frente es precisamente el de la querella de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por un delito de revelación de secretos, por un comunicado de la Fiscalía, que, según este, mostraba datos confidenciales sobre los correos donde reconocía haber cometido dos delitos fiscales. García Ortiz en este caso, no solamente se responsabilizó desde el primer momento, sino que señaló a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, de difundir un bulo haciendo creer que García Ortiz había actuado para impedir el trato entre la Fiscalía y la defensa legal de González Amador, ante esto, el FGE tomo la decisión de publicar un comunicado después de la filtración de Rodríguez, el cual es el objeto del pleito. La fiscal María de la O Silva, a la que le fue asignada la querella, defendía que la querella debía ser admitida, mientras que su superior, Ángeles Sánchez Conde (debido a la abstención de García Ortiz para decidir en un caso que le involucraba), teniente fiscal del TS, defendía solicitar su inadmisión. Este desacuerdo fue llevado a la Junta de Fiscales tal y como establece el Estatuto de la Fiscalía, sin embargo, su dictamen no es vinculante, y es Sánchez Conde quien decide sobre ese extremo. La última noticia sobre este caso fue la advertencia de García Ortiz al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que sigue con las diligencias del caso, ya que, al haber el asumido la culpa y hallarse aforado en el TS, estas debieron haberse remitido a este último tribunal, esto fue reprochado por el magistrado del TSJM instructor de la causa, Francisco José Goyena, calificando de “extraprocesal” la advertencia del FGE.

La “no ideología” de los jueces

La cruzada contra García Ortiz ha sido continua desde su nombramiento. Desde la política, los tribunales, los medios y algunos dentro de su mismo órgano ven con recelo la dirección que este intenta darle a la Fiscalía.

Las acciones de García Ortiz no se exceden de las que tiene asignadas por ley: principio de dependencia jerárquica y unidad de actuación, ambas como cabeza del órgano, que no implican otra cosa que, la orientación que da a la acción de la Fiscalía, todo dentro de los límites de la propia legislación, similar a la discrecionalidad que tienen los jueces para emitir sentencias y condenas dentro de la ley, pero en este sentido se aplica a las actuaciones de la Fiscalía, y, por otro lado, que las actuaciones de todos los fiscales van en consonancia, es decir, los criterios sobre los cuales proponen o dejan de proponer resoluciones judiciales son los mismos.

A pesar de esta gran independencia, el FGE es elegido de manera discrecional por el Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros. Este nombramiento nunca ha estado exento de polémica, de hecho, la misma fiscal de los juicios del procés, Consuelo Madrigal, fue FGE durante el Gobierno de Rajoy y accedió al puesto porque el anterior en el cargo, Eduardo Torres-Dulce, dimitió tras unos desencuentros con el Ministerio de Justicia en defensa de la independencia de acción del Ministerio Fiscal.

Las diferencias de criterio no son nuevas, ni entre el gobierno de turno, ni entre fiscales y jueces, sin embargo, la oposición que ejercen sectores de la judicatura llegando hasta la posible investigación de una actuación cobijada por las normas, además de un bulo protagonizado por el PP en su habitual modus operandi dejan entrever un saboteo hacia una parte de uno de los poderes del Estado como es la Fiscalía dentro del Poder Judicial.

Que los fiscales del procés se opongan o tengan una opinión jurídica distinta de García Ortiz entra dentro de la normalidad que puede haber en la Fiscalía, tanto es así, que su propio estatuto tiene diferentes métodos para transponer estas diferencias y seguir un cauce común. Pero cuando la oposición proviene de los jueces usando herramientas legales para extender procesos de manera difícilmente justificable, las alarmas deben saltar, porque esto subvierte el orden constitucional del que el Poder Judicial suele jactarse.

Cabe preguntarse: ¿Si le hacen esto al fiscal general del Estado, qué no harán a los ciudadanos de a pie? Y la respuesta está en los 6 de Zaragoza, Pablo Hasél, Valtonyc, Altsasu y tantos otros casos de condenas amparadas en testimonios policiales o directamente en juicios de valores de los jueces que se declaran “desideologizados”. El peso que tienen los jueces en la instrucción e investigación de los casos responde a un modelo de justicia desactualizado, que se ve enturbiado por una transición en la que no se depuraron responsabilidades y la resistencia por parte del CGPJ a actuar en consecuencia al bloqueo, contribuyen a esta deriva.

Los sistemas democráticos tienen un problema; o todos sus engranajes funcionan bien, o los sistemas de contrapeso del mismo se ven viciados y acaban sirviendo, única y exclusivamente para el fin de quien ostenta estas herramientas, y de esta quiebra son cómplices todos aquellos actores del Estado que no hacen por normalizar la situación, incluido un PSOE que dedica más tiempo a contar los días en Twitter desde que caducara el CGPJ, que a verdaderamente solucionar el problema que enfrenta el Poder Judicial y el país.