Luis Córdova: “Daniel Noboa cabalga sobre una estrategia de miedo que abre la posibilidad a un régimen autoritario en Ecuador”

Ecuador parece un laboratorio donde se implementan viejas fórmulas, como la de las guerras contra las drogas, para reproducirlas en otros países. La solución a la “inseguridad”, un tema que preocupa a cada vez más latinoamericanos, se simplifica en una sola opción: el uso de la fuerza por parte del Estado. El bukelismo discursivo es tomado como atajo para resolver las raíces profundas en las que florece el delito. Pero el crimen organizado no desaparece, ni se disminuye sus métodos violentos a pesar de la cantidad de policías y militares en la calle. Continúan los asesinatos, las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Para Luis Córdova, coordinador del programa de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, en gran medida, por una falta de abordaje real de la problemática que luche contra las capacidades del crimen organizado para reproducir el delito. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas no están desbordadas en número, en su opinión, sino en capacidades para tener información que alcance, por ejemplo, las estructuras de lavado de dinero. La violencia, asegura Córdova, además, legitima una estrategia de miedo para favorecer la militarización del país a través de consultas ciudadanas, como las organizadas hace unos meses. Lo que para el investigador abre las puertas a que se pueda consolidar un liderazgo, y un régimen autoritario, dirigido por el presidente Daniel Noboa.

Hace diez años Ecuador era uno de los países más seguros de América Latina. ¿Qué pasó en el medio?

Mi visión se podría sintetizar en unos cuatro puntos. El primero se relaciona a la geopolítica de la región en la que hay una disputa por quien explota los recursos naturales, en especial los minerales críticos que son la base de la tecnología y del desarrollo de los vehículos eléctricos y de todas las baterías eléctricas. Dentro de estos recursos también está el agua con un rol cada vez más central en el mundo. Es bastante evidente que Estados Unidos busca una mayor influencia y control después de que China lograra consolidar, en las décadas pasadas, importantes negocios e inversiones en estas materias primas. Esta es la razón de ser de la mayor militarización de América Latina, promovida por Washington.

El segundo tiene más que ver con las dinámicas de la criminalidad en general: los delitos contra la propiedad, el hurto, el robo, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el lavado de activos. América Latina, después del boom de comodities del 2003 al 2014, experimentó un aumento de la criminalidad. ¿Por qué? Porque gran parte de las economías de América Latina, como la de Ecuador, son informales. Y a medida que crecieron también proliferaron los mercados y las economías ilícitas. Algo paradójico porque mientras más dinero hubo por el boom de materias primas, más crimen se produjo. Aumentó la demanda de los bienes robados y de contrabando, sin que existiera un desarrollo acorde de las capacidades estatales para mejorar la aplicación de la ley.  Por eso, la brecha de impunidad, entre delitos cometidos y condenas, es cada vez más grande. Un fenómeno latinoamericano que excede a Ecuador y algunos autores denominan globalización desviada. La contraparte oscura de la desregulación de la economía y los mercados es la expansión de la criminalidad.

El tercer punto se explica por el cambio en la geopolítica de las drogas en la región andina de Sudamérica. La dinámica del narcotráfico de cocaína se modificó con los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la sustitución del consumo estadounidense de narcóticos de origen orgánico, como la cocaína, marihuana o heroína, por los de procedencia química, como las metanfetaminas o el fentanilo. La falta de una estrategia de las autoridades ecuatorianas, para contener los efectos del periodo de posconflicto en Colombia, derivaron en un flujo cada vez más fuerte de estructuras criminales dirigidas a colonizar los territorios necesarios para adecuar sus rutas de narcotráfico, a través de los puertos ecuatorianos. Así Ecuador se convirtió en un ‘hub’ de la cocaína que sale, en gran medida, hacia Europa.

El cuarto es la modificación de la respuesta al crimen desde el Estado ecuatoriano. Desde el gobierno de Lenín Moreno, hay una reproducción de la famosa formula de la guerra contra las drogas basada en la cooperación con Estados Unidos. Como ha sucedido en otras experiencias latinoamericanas, lo que produce esta fórmula es una mayor espiral de violencia y también una militarización de doble vía: a medida que se militariza la seguridad por parte del Estado, las estructuras criminales hacen lo mismo.

Este paradigma de guerra contra las drogas, que solamente va hacia la oferta y propone como solución la militarización, agrava la cuestión y repite los errores que se cometieron en otros países, como Colombia o México, donde programas como Iniciativa Mérida fortalecieron más a los narcotraficantes en vez de debilitarlos.

Si bien la Administración Biden ha intentado matizar la política de “guerra contra las drogas”, lo cierto es que tanto republicanos, como demócratas, han presionado porque los militares estadounidenses se involucren en la lucha antinarcóticos. Con la estrategia de seguridad de 2022, Estados Unidos vuelve a su vieja doctrina de seguridad nacional con el concepto de disuasión integrada, que retoma la idea de que todos los poderes del Estado norteamericano se unan para enfrentar desafíos estratégicos como la influencia china y rusa, el terrorismo, el crimen organizado, la migración, entre otros temas. La respuesta militar se unifica: es lo mismo enfrentar a los pandilleros de Guayaquil que a unos terroristas de Medio Oriente. En el medio no está el interés en la seguridad de los países, sino el objetivo de garantizar el control social de estos Estados y promover las ventas, y negocios, de la industria armamentística en países como Ecuador. También la competencia entre Estados Unidos y China por los minerales raros y el agua de la región.

En una de tus columnas hablas de que el miedo de los ecuatorianos a la inseguridad, al crimen y la violencia, ha sido instrumentalizado por el gobierno de Daniel Noboa para justificar una mayor militarización. ¿Cómo ves la trayectoria de ese devenir en cuanto a legitimación cada vez más constante de la violencia por parte de la sociedad?

En este momento se cabalga con el sentimiento de miedo, cada vez más necesario para sostener estrategias mucho más violentas. Y existe la posibilidad de que eso permita consolidar un liderazgo, y un régimen, autoritario. Por eso el perfil de Noboa es peligroso porque está entregado al militarismo más rancio del país. Que deja, además, la toma de decisiones al alto mando policial y militar con el auspicio de la embajada de Estados Unidos en Ecuador. ¿Cuáles son los límites a estrategia?  Que se le caiga su propaganda de éxito en contrarrestar la violencia cuando los delitos se mantengan o crezcan. Lo que se vio, por ejemplo, en las semanas previas a la incursión en la embajada de México, cuando volvieron los índices altos de homicidios y crimines. Solo en los últimos meses han asesinado a tres alcaldes. Por lo que la falta de mejora en las condiciones de seguridad pone en aprietos al gobierno. Porque mientras el gobierno vende la idea de que tiene éxito en su lucha contra el crimen, la población, de carne y hueso, ve que eso no tiene mucho asidero real en su día a día. Y esa tensión es posible que aumente cuando aparezcan otros espacios de tensión y conflictividad social, como ya sucede en algunas regiones que se resisten a proyectos mineros. Escenarios donde el Estado confronta con las comunidades que se oponen a actividad, lo que seguro alterará los ánimos de la sociedad.

En este contexto, algunos expertos sostienen que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador están superadas en número por los pandilleros.

Desde el punto de vista operacional, táctico, militar, no están desbordada, a pesar de lo que afirman algunos académicos que replican la cifra de entre 40 y 50 mil pandilleros, un número sin ningún asidero que fue dado por la inteligencia de la policía porque les interesaba por marzo de 2021 justificar la necesidad de una mayor cantidad de servidores policiales. Por lo que le comentaron esta cifra al por entonces presidente Guillermo Lasso para que apoyara el plan de sumar a 30 mil efectivos más. El argumento era que las fuerzas de seguridad necesitaban pasar a una ecuación a su favor de tres a uno. Ese dato, sin ningún sustento metodológico, ha generado la falsa idea de que se está ante una fuerza enemiga de 50 mil personas, lo que significaría que si ahora solo hay procesados 236 terroristas, criminales o como los quieran llamar, se necesitarían unos cuantos años para terminar con la lucha “antiterrorista”. El número es más que nada a una operación de relaciones públicas de la policía y los militares. Lo que sí sucede es que están desbordadas en términos de capacidades de inteligencia para mapear las dinámicas criminales en el país. La policía, por ejemplo, genera muchos datos, pero no sabe qué hacer con ellos para tener una geometría variable de la violencia y el crimen. Por lo que no se pueden adaptar al nuevo contexto.

La muestra más evidente es que no se llega a las estructuras que lavan el dinero del crimen organizado. Porque ¿de dónde se saca la plata para financiar los actos criminales o los barcos de cocaína dirigidos a Europa? Del sistema financiero y empresarial ecuatoriano. Mientras no cortes eso, puedes poner un militar en cada esquina que los crímenes continuaran como si nada.

En los últimos años han aparecido investigaciones sobre cómo se utilizan las estructuras de exportaciones de banano para exportar cocaína. También casos como el del Danilo Carreras, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, donde se lo relaciona, a través de un amigo, con la mafia albanesa. Lo que habla de la penetración del narco en el mundo empresarial y las instituciones del Estado.

Lo que existen son tres problemas: el primero, la infiltración a nivel político con dirigentes financiados por el narco, el segundo, la influencia de estos dineros a nivel económico donde hay un sector de cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, que se sostienen gracias a estos ingresos sucios, y el tercero, una cultura de la ilegalidad que legitima, de manera social, el lavado de activos en sectores medios y bajos. Si, por ejemplo, vas a ciudades como Riobamba, te encuentras un enorme lavado de activos que nadie cuestiona. Hay gente que de repente aparece con vehículos de alta gama y construye casas de dos, tres o cuatro pisos. El fenómeno se extiende a provincias como Chimborazo y Manabí. Por eso es improbable que una estrategia bélica tenga resultados con una mirada tan monocromática, segmentada y parcial del problema.

La militarización también sirve como una forma de securitizar las protestas sociales contra la minería y el recorte de derechos sociales. Es una gran excusa para ir por otras cosas.

Es claro cómo puede asociarse la militarización contra el crimen organizado con una estrategia para ejercer control social y avanzar con la frontera neoextractivista en el país. Con el pretexto de que hay enfrentar a los criminales, los terroristas, se militariza la seguridad para servir también a intereses económicos y trasnacionales en sectores como la minería, el petróleo y la agroindustria. El ejercicio de la violencia política se convierte en un nuevo recurso para aumentar los procesos de acumulación de capital.

Mientras la agenda de seguridad cada vez toma el centro en la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué pasa en tu opinión con los sectores más progresistas sobre este tema?

Hay un vacío conceptual sobre las políticas de seguridad que les resta capacidad de marcar una agenda alternativa. Y por eso los sectores más conservadores, la derecha, los militares, la policía, colonizan los temas de seguridad e imponen sus prioridades. Cada vez es más frecuente ver cómo el escenario ecuatoriano se repite en otros países, como Uruguay o Chile, donde la derecha, gracias a los problemas de criminalidad, gana terreno con propuestas de mano dura frente a una izquierda arrinconada sin discurso ni propuestas. Y eso se debe a que no se considera el campo de seguridad como un espacio a ser disputado. Mientras eso no cambie, es difícil que la militarización se debilite.

La discusión no es si se requiere o no militares ante circunstancias de crisis de seguridad, sino bajo qué reglas y condiciones intervienen. Si hay militares y policías sin ningún control ni supervisión democrática, es obvio que el escenario ecuatoriano, a mediano y largo plazo, es el de México: un Estado con enormes violaciones a los derechos humanos. Pero si se construyen mecanismos de supervisión y control, eso puede cambiar. Lo que pasa es que los movimientos sociales y las organizaciones progresistas tampoco relacionan la política económica con la de seguridad. Por lo que poseen una visión fragmentada de la realidad justo cuando para las Fuerzas Armadas, los sectores más conservadores, es mejor negocio no vincular la una con la otra. Porque cuando tú conectas el modelo económico del Ecuador con la política de seguridad, te das cuenta que la militarización le cae como anillo al dedo.