Ione Belarra presenta en el Congreso una Proposición de Ley para garantizar la aplicación de la ley del “Solo sí es sí”
Cumplido un año de la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, muchos de sus preceptos, pese a estar establecidos en la norma, no se han materializado.
Ante esta situación, Podemos ha presentado hoy ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para el impulso de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, con una serie de medidas para garantizar que lo que dictaba la ley se cumpla por fin en los juzgados y en los servicios que atienden a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia sexual.
La primera de las medidas anunciadas por Belarra es la garantía al acceso gratuito a la justicia de todas las víctimas de violencia sexual, al margen de su nivel de renta, tal y como ocurre con las víctimas de violencia de género, del terrorismo o de trata de seres humanos. Pese a que la ley "Solo sí es sí" mandata la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita para que cualquier mujer, independientemente de su situación, pueda ser asistida jurídicamente durante el procedimiento, en el primer año de aplicación de la norma, está aún no se ha producido.
La segunda de las medidas defendidas en el Congreso es la relativa a la reivindicada especialización en materia de violencia sexual de los operadores jurídicos, modificando la ley de Demarcación y de Planta Judicial para que sean la Fiscalía de Sala de Violencia contra la mujer y los juzgados especializados en este ámbito quienes conozcan de los delitos de violencia sexual, garantizando así que serán juezas y jueces especializados quienes enjuicien todos los delitos de violencias sexuales recogidos en la ley "Solo sí es sí". Otra medida que también consagra la norma y que tampoco ha sido desarrollada por el Gobierno en este año de aplicación.
Ambas medidas están enfocadas a combatir la infradenuncia, ya que según la última Macroencuesta de violencia contra la mujer, solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. No obstante, apuntan fuentes del grupo parlamentario, gracias a la ley del "Solo sí es sí" no es necesario interponer una denuncia para poder acceder a los recursos y servicios que necesitan las víctimas, puesto que la denuncia no puede ser el único camino -como a menudo insiste la actual Ministra de Igualdad- para las mujeres que han experimentado esta violencia y que tienen derecho a la atención integral.
La tercera medida surge a raíz del caso “Dani Alves”, ante la noticia de la reducción de condena del futbolista, que pudo ver rebajada su pena a la mitad por haber indemnizado económicamente la víctima, que inicialmente, renunció a esa indemnización por miedo a no ser creída. Belarra propone la introducción de una nueva modificación legal para que la reparación económica para víctimas de violencias sexuales no pueda suponer una rebaja de condena si no ha habido una reparación integral a la víctima, como establece la ley "Solo sí es sí" y también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El anterior Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero diseñó un ambicioso plan de medidas tras la aprobación de la ley del "Solo sí es sí" para acelerar las modificaciones legislativas y el despliegue de recursos y políticas que implicaba su aplicación. Frente a la ofensiva judicial que se desató contra la norma y el Ministerio, la propuesta de las moradas pasaba por, al igual que ocurriera con los ataques a la ley de Violencia de Género de 2004. acelerar su plena puesta en vigor y redoblar los esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, sus socios del gobierno en el PSOE se plegaron a la presión de la derecha judicial, terminando por pactar una reforma de la parte penal de la norma junto al Partido Popular.
Un año después, y con el Ministerio de Igualdad de nuevo en manos socialistas, es el propio Gobierno el que incumple la ley del "Solo sí es sí" dejando inaplicado mucho de su articulado. “Garantizar el derecho de todas las mujeres a acceder a la justicia es una obligación del Estado” afirma Belarra, que recuerda que las instituciones deben actuar bajo el principio de la debida diligencia, con urgencia y sin demora para garantizar este derecho y recuerda casos recientes como el de los empresarios murcianos condenados por abuso sexual a menores, que se han librado de ir a prisión por la dilación de la justicia. Belarra insiste en el deber de aplicar la norma cuanto antes: “De lo contrario” advierte, “están amparando la violación de un derecho fundamental para más de la mitad de la población”.
