La ultraderecha contra los jueces

La jueza María José Moreno solicita a la Fiscalía la investigación de Alvise Pérez por amenazas contra ella

La petición viene a raíz de que Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, amenazara a la magistrada por un error que cometió a la hora de localizar judicialmente a Vito Quiles

El eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta, ofrece una rueda de prensa tras el acto de acatamiento a la Constitución de los candidatos proclamados electos tras las elecciones al Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, a 1 de julio de 2024, en Madrid (España). Los 61 nuevos eurodiputados que resultaron elegidos en las elecciones del pasado 9 de junio asisten al Congreso para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite que la legislación española considera necesario para poder recibir la credencial que permita tomar posesión del escaño en el Parlamento Europeo.
01 JULIO 2024;MADRID;EURODIPUTADOS;CONGRESO DE LOS DIPUTADOS;CONSTITUCIÓN
Eduardo Parra / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
01/7/2024
Eduardo Parra / Europa Press

La situación se presentó debido a que el 12 de junio, en el procedimiento que tiene Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, contra Vito Quiles por injurias y calumnias (le ha acusado de extorsiones, estafas, amenazas de muerte e incluso ha insinuado que es un pederasta), a este último le fue emitida una orden, inicialmente errónea y que podía llevar a pensar que se trataba de una orden de búsqueda y captura, la cual, sin embargo, después fue aclarada mediante comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que se buscaba la mera localización de Quiles, no su detención.

Sin embargo, Alvise Pérez, en reacción al inicial error de los tribunales, decidió lanzar una amenaza en su canal de Telegram: “Doy 24 horas a la Juez para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero; es una orden criminal e inaceptable”, de igual manera, este hacía referencia a la publicación de “cosas sobre la definición de soborno”.

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Este posteriormente publicaría otro mensaje haciendo referencia a como había influido en el cambio de criterio de la jueza, a pesar de que las horas de publicación de noticias en otros medios le desmentía, tal y como lo explicamos en Diario Red.

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Ahora conocemos que la jueza ha pedido a raíz de que Rubén Sánchez pusiera en conocimiento de la misma estos mensajes que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigue las amenazas vertidas por el mismo en su canal de Telegram, con el fin de saber si estos actos podrían incurrir en amenazas y represión a la función jurisdiccional de la magistrada. Así lo explicaba Rubén Sánchez en El Tablero.

Desde la elección de Alvise Pérez como eurodiputado, este se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, de ahí el envío a la fiscalía de este órgano los mensajes mostrados. Ahora los fiscales del alto tribunal examinarán estos con el fin de determinar si existen extremos delictivos en el mismo, sobre todo en referencia a los sobornos, pero también a una posible influencia en la magistrada que ponga en tela de juicio la función jurisdiccional que esta tiene que ejercer, más todavía mediante amenazas veladas de estas características o afirmaciones de que ha sido él quién ha cambiado un dictamen judicial concreto, del cual además no es parte, ya que el investigado es Vito Quiles.

Cabe destacar que Alvise Pérez basó parte de su campaña al Parlamento Europeo en la baza que le suponía el aforamiento para revelar información “privilegiada”. Este llegó a referirse a audios y documentos de tribunales de justicia, magistrados, periodistas y cargos públicos, promesa no llevada a cabo al igual que el sorteo del sueldo entre seguidores, al cual en estos momentos le rodean interrogantes jurídicas desde la cesión de datos que este solicita para participar en el mismo, hasta el extremo de que podría ser considerado como un juego en las definiciones legales, y, por tanto, debería haber sido autorizado por la Dirección General de Ordenación del Juego, por ser un sector económico regulado.