¿Quién es Edmundo González Urrutia y qué implica su designación como “presidente electo” de Venezuela por el Congreso español?

El Congreso de España definió, por 177 votos contra 164, reconocer al ex diplomático Edmundo González Urrutia como “presidente electo y legítimo” de Venezuela. La propuesta de declaración fue abanderada por el Partido Popular y contó además con el respaldo de Vox, la Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco. La proclama carece de efectos vinculantes y busca ejercer presión sobre el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez, que ha pospuesto una toma de posición al respecto hasta diciembre o enero, fecha en que la ley venezolana establece el comienzo del nuevo mandato presidencial.

El texto aprobado en cuestión se fundamenta, entre otros aspectos, en “la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral”. Sin embargo, a la fecha, las actas de la oposición no fueron presentadas a la justicia electoral venezolana. De hecho González fue el único de los 10 candidatos que no concurrió a la citación del Tribunal Supremo de Justicia, alegando un “estado de indefensión”. Pero tampoco las actas fueron presentadas a organismo internacional alguno para realizar una auditoría independiente, como propusieron diferentes actores de la oposición local y del ámbito internacional.

González es un diplomático de carrera, de esos personajes ambivalentes que bien pueden ejercer una función pública bajo el paraguas de gobiernos de muy distinto signo

De momento las actas se encuentran alojadas en un sitio web en donde es imposible acceder a la totalidad de las mismas, lo que hace difícil calibrar el tamaño de la muestra. Además, como demostró este mismo diario, algunas de las que fueron publicadas presentan graves irregularidades o han sido falseadas en un porcentaje imposible de precisar sin contar con el soporte en papel. Quizás esto explique el hecho de que en una carta del 4 de septiembre González haya manifestado no tener responsabilidad alguna en la “digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio”, algo que por lo demás ya había manifestado también su abogado, José Vicente Haro. De hecho, no faltaron los analistas que leyeron este posicionamiento como una toma de distancia de González respecto de María Corina Machado, la lideresa del sector más irreductible de la oposición.

González es un diplomático de carrera, de esos personajes ambivalentes que bien pueden ejercer una función pública bajo el paraguas de gobiernos de muy distinto signo. Así, se desempeñó en las década del 90 y los 2000 como embajador de presidentes ubicados en las antípodas: por un lado con los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, y Rafael Caldera, de Convergencia. Pero también bajo la Quinta República inaugurada con el primer gobierno de Hugo Chávez Frías en 1999, quien lo ratificó como embajador en Argentina, y del que después se distanció. Al respecto, no carece de interés un artículo publicado por González en Nueva Sociedad en el año 2006, en donde expresa su particular balance de la política exterior chavista.

Egresado de relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo una maestría en la Universidad Americana, casa de estudios ligada a la Iglesia Metodista y ubicada en Washington D.C, desde donde tejió excelentes lazos con el establishment político norteamericano. Tras desempeñarse como primer secretario de la embajada de Venezuela en Estados Unidos pasó a ocupar el mismo cargo en El Salvador entre 1981 y 1983, durante los años de la guerra civil y la política contrainsurgente del Plan Cóndor. En ese entonces González fue un estrecho colaborador del embajador al mando, Leopoldo Castillo. Ambos fueron señalados por Nidia Díaz, Sigfrido Reyes y otros ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como cómplices del accionar de los servicios de inteligencia estadounidenses y de los escuadrones de la muerte, acusación que ha sido rechazada por Castillo y González.

Como académico y como político, el perfil de González ha sido por demás discreto, bien distante del ejercicio de cualquier tipo de liderazgo, y en general de un tono menos estridente que el del ala más dura de la oposición. De hecho, su elección como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que aglutina a buena parte del arco opositor venezolano, fue puramente fortuita. Tras imponerse holgadamente en la interna partidaria, María Corina Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años por una serie de “errores y omisiones en sus declaraciones juradas de patrimonio”.

El plan B de la PUD fue entonces la académica Corina Yoris, quien no pudo inscribir su candidatura por lo que la CIDH calificó de “problemas técnicos”. Fue así que surgió la opción de una candidatura delegada en González, pese a que por su naturaleza y trayectoria el ex diplomático se encontraba más ligado a los círculos políticos tradicionales, representados principalmente por Manuel Rosales, el actual gobernador del Estado Zulia. En definitiva González representaba una especie de suma cero: el candidato septuagenario aportaba pocos bríos y ni un solo voto, pero tampoco prometía ejercer mayor resistencia al liderazgo inapelable de Machado.

El reconocimiento de González tiene la ventaja añadida de que permite prorrogar las medidas coercitivas unilaterales que los Estados Unidos y la Unión Europea aplican desde hace años sobre Venezuela

Como sea, su reconocimiento formal por parte de España e informal por parte de los gobiernos de la derecha y la extrema derecha latinoamericana, lo que hacen es añadir un condimento más a las estrategias de “máxima presión” y “cambio de régimen” que han sido aplicadas contra la república sudamericana desde el año 2013. Sin ilusiones de que el ex diplomático puede ejercer algo parecido a un poder efectivo, la designación es una denominación honorífica que cubrirá de cierta institucionalidad el auto-exilio de Gutiérrez, ya instalado en Madrid, capital que, en pleno proceso de miamización, amenaza con convertirse en la nueva meca de las derechas latinoamericanas y caribeñas.

Además, el reconocimiento de González (o, lo que es lo mismo, el desconocimiento de Nicolás Maduro Moros) tiene la ventaja añadida de que permite prorrogar las medidas coercitivas unilaterales que los Estados Unidos y la Unión Europea aplican desde hace años sobre Venezuela, algunas de las cuales habían sido suspendidas por el bloque europeo en la víspera de los comicios o dadas de baja como producto de los Acuerdos de Qatar firmados entre Biden y Maduro. Por otro lado, su nombramiento como “presidente electo” permitir sostener la incautación de activos venezolanos en el exterior, estrategia que perdió toda base argumental cuando el ex diputado Juan Guaidó fue “desreconocido” por la Unión Europea el 6 de enero de 2021, menos de dos años después de que España le confiriera el título de “presidente encargado” el 4 de febrero de 2019.

Entre estos activos se encuentran 31 toneladas de oro del Banco de Venezuela retenidas por el Banco de Inglaterra, en una maniobra que carece de base legal y tiene escasos antecedentes. De hecho, la institución se había negado a repatriar el oro venezolano ya en el año 2018, un año antes de que el euro-bloque reconociera al autoproclamado Guaidó. A esto se suma CITGO, filial de la compañía petrolera de bandera PDVSA, la séptima refinería más importante en territorio estadounidense, con la capacidad de procesar más de 800 mil barriles de crudo por día. Pero hay que considerar también otra serie de recursos, más difíciles de precisar, en concepto de facturas petroleras impagas, garantías de títulos de valor y fondos de reserva. Sin un presidente “legítimo” y un custodio legal (aunque no real) de dichos fondos, estos ingentes recursos, algunos ya dilapidados por la “administración Guaidó”, deberían ser devueltos a las y los venezolanos, bajo el peligro de erosionar gravemente la credibilidad del sistema financiero internacional.

Menos de dos años duró el encumbramiento de Guaidó como presidente “encargado”. Pero por lo menos aquella maniobra tuvo la virtud de la originalidad: mientras que la del día de ayer, tan anunciada desde los comicios venezolanos del 28 de julio, no tomó a nadie por sorpresa. Además, Guaidó ostentaba un cargo electivo real, como diputado y como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. González nunca ejerció función electiva alguna. Por otro lado, el joven ex diputado expresaba al menos a uno de los liderazgos emergentes de la por entonces atomizada oposición local, mientras que el septuagenario ex diplomático nunca fue más que un candidato delegado, acreedor de más fortuna que virtud. En un nuevo entuerto, y como en los tiempos virreinales, una metrópolis europea se arroga el derecho de designar a la autoridad legal de un país latinoamericano. Pero como los lazos coloniales entre Madrid y Caracas se terminaron de romper el 24 de junio de 1821 con la derrota de los realistas en la batalla de Carabobo, el posicionamiento del parlamento español no tardará en ser poco más que una anécdota.