El fantasma de las dictaduras (otra vez) juega con las emociones de los bolivianos

En Bolivia, el segundo país más pobre del continente, después de Haití, el movimiento popular es numéricamente mayoritario en relación a los sectores medios y conservadores. Eso posibilitó el acceso del MAS y Evo Morales al poder en 2005. Pero hubo una condición agregada, el hecho de que por primera vez el bloque popular reconocía un liderazgo capaz de unirlo electoralmente: el de Evo Morales.

Después de ganar las elecciones con el 54%, en 2005, Evo Morales y el MAS gobernaron hasta 2019. En ese periodo llevaron adelante un programa de reformas estructurales largamente esperadas por los sectores populares: nueva Constitución, nacionalización de los hidrocarburos y todo el sector energético, de las telecomunicaciones, creación del Estado Plurinacional, y políticas profundas de igualación social. Con la nacionalización del sector energético se pudo controlar el excedente y eso permitió impulsar la economía y subir las reservas internacionales de divisas a niveles históricos.

Estos logros fueron el respaldo para que Evo Morales y el MAS ganaran sucesivas elecciones, hasta 2019. Este año, en medio de un agotamiento discursivo de la izquierda boliviana, la oposición se movilizó con el pretexto de un supuesto fraude electoral; se sumaron los militares y los policías y lograron derrotar física y emocionalmente a las fuerzas populares. Se había consumado un golpe de Estado. Evo Morales salió al exilio a México y Argentina, hubo muertos y heridos entre sus adherentes. Luego, en plena emergencia sanitaria por la pandemia, el MAS resucitado consiguió que se realicen las elecciones en 2020 y volvió a ganar las justas electorales con un 55% de votos. El exministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce, fue elegido presidente. 

El origen de la actual crisis empieza a gestarse con la ulterior disputa por el liderazgo del MAS. Evo Morales siguió siendo el jefe político y Luis Arce, desde la gestión gubernamental, se postuló como una opción de renovación. Junto con esta disputa política, estalló la crisis económica debido, principalmente, al agotamiento de las reservas de gas natural, cuya exportación había constituido el principal medio de entrada de divisas a Bolivia. La situación se agrava como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó el costo de las materias primas que Bolivia debe importar en cantidades cada vez mayores, porque se ha convertido en un país dependiente de la compra de carburantes extranjeros, que vende en el mercado interior a precios subvencionados. 

De esta manera, el presidente Luis Arce viene enfrentando dos crisis: la de la confrontación política con su antecesor Evo Morales para tomar el control del MAS y asegurar su reelección, y otra crisis de carácter económico que cada vez se agrava más: faltan las divisas para seguir importando carburantes, hay subida moderada pero constante de los alimentos, faltan presupuestos para la inversión pública, a causa del bloqueo de los créditos en la Asamblea Legislativa por la división con el ala “evista”, y hay un déficit fiscal que, según los economistas críticos, puede cerrar este año en dos dígitos.

Sectores sociales como gremiales y choferes, motivados por demandas que se pueden interpretar como legítimas, salen a marchar y bloquear, y los sectores sociales leales a Evo Morales apoyan estas movilizaciones, son parte de ellas y desarrollan permanentes acciones de oposición y bloqueo al gobierno de Luis Arce. 

El conflicto se ha agravado por la decisión, observable para muchos juristas, que tomó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): inhabilitar a Evo Morales para asumir una nueva candidatura el 2025. Argumentan que esta decisión es un intercambio de favores; que mientras los legisladores leales al presidente Luis Arce bloquean las elecciones judiciales (que debieron ser en 2023), las cuales cesarían en sus cargos a los magistrados del TCP, estos pagan con la decisión de impedir jurídicamente la candidatura de Evo Morales. La realidad no se reduce a esto, es mucho más compleja. Gracias a las políticas de lawfare de la última década, el TCP se ha convertido en una suerte de supra-poder y actua en defensa propia, así como en acuerdo con el Poder Ejecutivo. ¿Qué quieren los magistrados? Postergar cuanto sea posible las elecciones judiciales para seguir al mando de las actividades de la judicatura. 
Este es el telón de fondo del intento de golpe de Estado que se produjo en Bolivia. 

¿Golpe de Estado? ¿Quién? ¿Cómo? 

En los últimos días, el general Juan José Zúñiga, desde su cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, declaró en un programa de televisión que su institución no dudaría en usar las armas para impedir una candidatura de Evo Morales. Este hecho generó una reacción en contra no sólo de los seguidores de Morales; varios otros sectores observaron el hecho de que un jefe militar exponga, en contra de lo dicen las leyes, criterios acerca de la política nacional. Los medios informaron que el presidente Luis Arce reaccionó ante estas declaraciones y destituyó a Zúñiga de su cargo.

Un día después, este general sacó tanques y soldados y ocupó la plaza Murillo, en el epicentro del poder político boliviano. La prensa logró sacarle una declaración donde,  no muy claro en sus ideas, señaló que en pocas horas más él haría un cambio de gabinete, insinuando que tomaría el poder. Señaló que ya era tiempo, luego de 20 años (en referencia al tiempo que el MAS lleva en el gobierno), de reencaminar la democracia.

Después se subió a un carro de combate y rompió la puerta de Palacio de Gobierno. Entró en él con sus subordinados y le hizo una advertencia al presidente, que, a su vez, encaró a Zúñiga llamándole al orden. Este volvió a la plaza, mantuvo sus intenciones ambiguas, habló de la “liberación de presos políticos” y, finalmente, tuvo que retirarse porque Arce nombró a un nuevo jefe del Ejército.

La noche del 26 de junio, el insurrecto Juan José Zúñiga, que había huido de la plaza Murillo en una tanqueta, fue efectivamente destituido, detenido y presentado en calidad de aprehendido ante los medios de comunicación.

¿Por qué? 

Los motivos de Zuñiga no son claros. Él hizo una escueta declaración por la “liberación de los presos políticos”, es decir, de los militares y civiles que participaron en el golpe de Estado de 2019 y están procesados. La acompañaron el infaltable grito de “libertad” y el clásico uso retorcido de la retórica de “restitución de la democracia”. Todo esto resulta incongruente con el perfil del general, que hasta hace poco era uno de los puntales del oficialismo en el campo militar.

Han aparecido varias teorías que pretenden explicar lo sucedido. Analistas y políticos que se oponen a Luis Arce han explicado esto como un “autogolpe”. Según esta teoría, Zúñiga, en colusión con el gobierno de Arce, habría preparado un escenario golpista para mejorar la imagen y el respaldo presidencial, en un momento en el que la aprobación de la gestión ha caído a los números más bajos de la historia. Este intento de golpe de Estado tendría, según ellos, un efecto positivo sobre Arce, le devolvería una legitimidad socavada por las crisis política y económica. Por tanto, habría sido producido por el propio gobierno. Esta tesis fue ratificada por el propio Zúñiga cuando fue detenido. Señaló entonces que fue el propio presidente Arce el que le animó a sacar tanquetas a las calles. Las preguntas que contradicen esta tesis: ¿A cambio de qué Zúñiga estaría dispuso a rifarse toda su carrera militar? ¿Para lavarle la cara al presidente Arce se prestaría a pasar un tiempo en la cárcel? 

La segunda tesis, también debatida y analizada en los medios de comunicación, es que la intentona de Zúñiga muestra la enorme debilidad del gobierno de Luis Arce: un jefe de las Fuerzas Armadas, luego de ser destituido, es capaz de llevar tanquetas a la puerta de Palacio sin que los equipos de inteligencia lo advirtieran. A la vez, la tardanza de Arce en el nombramiento del nuevo mando militar dejó un tiempo de espera suficiente para que se planificara una insurrección. El gobierno tuvo la suerte que a este grupo no se le hayan sumado otros, ni comandos departamentales ni grupos de las otras fuerzas militares, con lo que pudo detener la aventura golpista con rapidez.

La tercera tesis es que el blanqueamiento y naturalización de los discursos de odio, y en contra de la democracia, han contribuido de manera eficiente a que un militar enajenado crea que puede llevar adelante un golpe de Estado de forma impune. El agotamiento de los discursos de la izquierda boliviana y la pelea interna del MAS han enrarecido tanto el ambiente político que han habilitado a que cualquier extraviado crea que puede tomar el gobierno subido sobre un tanque.