Cuando cuatro diputadas valen más que un gobierno

Dani Alves. Los canteranos del Real Madrid. El caso Dominique Pélicot. Nevenka. Los siete empresarios de Murcia. Carlos Vermut. La canción sobre una violación que entonó el alcalde de Vita. O ayer mismo, otro empresario, Al Fayed. 

Si hoy todos estos casos son públicos, si se convierten en noticia, se denuncian, si se conocen, se debaten y generan indignación y respuesta colectiva —la última, las emocionantes movilizaciones en Francia en apoyo a la valentía de Giséle Pelicot— es porque la violencia sexual se ha convertido en un problema público, una vergüenza, como decía la superviviente francesa, que ha de cambiar de bando. Y para eso, hizo falta hacer mucho ruido. Bendito ruido.

Francia, epicentro hoy de este debate, no cuenta con una legislación que ponga el consentimiento sexual en el centro a la hora de enjuiciar la violencia sexual. El código penal francés ni siquiera recoge este concepto en la definición de violación o de violencia sexual. Giséle Pelicot se ha tenido que enfrentar estas semanas a abogados que le preguntan si realmente estaba dormida y narcotizada mientras decenas de desconocidos la violaban. En España, hoy, hay una norma que evita que se realicen ese tipo de preguntas durante un juicio. La misma norma que permitiría a las víctimas de este caso o de cualquier otro poder acceder a recursos —una psicóloga, una trabajadora social, asesoramiento jurídico— sin necesidad de interponer una denuncia, por si el miedo, la vergüenza o las circunstancias les impidieran hacerlo. Una ley que les provee de un centro especializado abierto día y noche para atenderlas si lo necesitan en cada provincia del estado. Una ley que provee de ayudas económicas a quienes han sufrido esta violencia para que puedan reconstruir sus vidas y que exige a quienes enjuician estos delitos tener los conocimientos necesarios para hacerlo.

Ya saben ustedes de qué ley hablamos, quizá la norma más atacada en la historia de la democracia española: la conocida como Ley del Sólo Sí es Sí, que este mes de octubre cumple dos años de su entrada en vigor Lo que quizá no sepan es que Montero y su equipo —que en obstinación, no han tenido tampoco rival en democracia— diseñaron esta ley y con ella, un ambicioso plan para desplegarla en plenitud. Porque las leyes, todas, devienen papel mojado si no se aplican, si no se les dota de recursos y sobre todo, de voluntad política. Y en aquel Ministerio ninguna estaba dispuesta a que esa norma se quedara colgando del BOE, durmiendo el sueño de los justos, así que se propusieron redoblar esfuerzos para que las disposiciones de la norma entrasen en vigor tan pronto como fuera posible.

Pero también conocen ustedes el resto de la historia: los socios del gobierno de Unidas Podemos, el Partido Socialista, dieron la espalda a la ley, se plegaron a la ofensiva judicial que cargó sin piedad contra el mayor avance feminista que había vivido nuestro país en casi dos décadas, y terminaron pactando una reforma penal de la norma junto al Partido Popular. Hoy el Ministerio vuelve a ser cartera del PSOE y se tomó a rajatabla aquello de no hacer ruido, llevar un perfil bajo, no molestar a los amigos cuarentones y cincuentones de Pedro Sánchez y por supuesto, no ir demasiado lejos. El problema es que ni siquiera han arrancado: un año después de entrar en el gobierno, dos años después de la entrada en vigor de la norma, muchos de sus preceptos no se han cumplido pese a haber plazos explícitos para ello, todos vencidos.

Se plegaron a la ofensiva judicial que cargó sin piedad contra el mayor avance feminista que había vivido nuestro país en casi dos décadas, y terminaron pactando una reforma penal de la norma junto al Partido Popular

Se podría pensar que hace falta un tiempo de adaptación —aunque otras no lo tuvieron— o que se ha planteado un giro de estrategia. Pero ni siquiera ha sido así: hemos vuelto a postulados de hace una década, con una Ministra plegada a la “presunción de inocencia”, un gobierno incapaz de generar mensajes, que renuncia al debate, que se pliega a la institucionalidad sin sobresaltos y a los minutos de silencio. Tan bajo es su perfil que, cuando cometen algún “error indeseable” en el plano normativo, como ha ocurrido este verano con la Ley de Paridad, éste pasa sin pena ni gloria por los titulares. El anterior equipo les legó una hoja de ruta —una ley, una Estrategia Estatal, un Catálogo de Servicios— perfectamente trazada para que la legislatura fuera una herencia feminista que reivindicar. Al fin y al cabo, eso hacían Montero y las suyas siempre que tenían ocasión: reconocer la labor de las que vinieron antes de ellas. Ahora, reina el silencio y el borrado, este sí, de esas mujeres. Un silencio que no podemos permitirnos en un momento político en el que lo que hace falta es hacer todo el ruido del mundo.

Por eso, la propuesta de Ley que presentó ayer Ione Belarra con un discurso cargado de razones —y de razón— ha logrado los apoyos suficientes para ser tomada en consideración en las Cortes. La Secretaría General de Podemos presentaba una norma con tres medidas fundamentales. Dos ya deberían estar aplicadas: la garantía a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y la obligatoriedad de la especialización de los operadores jurídicos —jueces, juezas, fiscales— que enjuicien delitos de violencia sexual. La tercera es una novedad que responde ante una injusticia: la reducción de condena por indemnización económica, tal y como ocurriera con Dani Alves, cuya fortuna le sirvió para rebajar su pena a la mitad. Con la nueva propuesta, la reparación económica para víctimas de violencias sexuales no pueda suponer una rebaja de condena si no ha habido una reparación integral a la víctima, que implica mucho más que dinero.

Ahora la ley, que Belarra ha ganado en la votación, seguirá su curso en el Congreso. Y todo apunta a que, de prosperar, será la política feminista más transformadora que verán sus señorías pasar por las cámaras en esta legislatura. Y ha partido de cuatro diputadas, cuatro, con más voluntad política que un gobierno entero.

Probablemente Anne Hathaway, que entregó la pasada noche a Pedro Sánchez el reconocimiento “He for She” de Naciones Unidas que se otorga a líderes masculinos comprometidos con la igualdad, no sepa nada de esto. Sánchez, que ha ido a Naciones Unidas a hablar del problema de los bulos y los extremismos, del derecho internacional como garante de la paz, y de los avances en derechos feministas, no le contará a la estrella de Hollywood que esos logros en igualdad con los que brilla en la ONU se los debe a unas mujeres a las que apartó de su camino para tener tranquilos a sus amigos. Pero Anne, si nos lees, tranquila: porque ahí están, las cuatro diputadas, que no reciben galardones, pero que siguen cada día peleando derechos.