Italia y la nueva “ley mordaza” de Giorgia Meloni
Francesca es una mujer de 63 años. Lleva 30 años trabajando, cobrando un salario mensual que durante unos 20 años le permitió pagar un alquiler de cerca de 1.000 euros al mes al Fondo Cicerone, relacionado con el gran propietario inmobiliario Caltagirone. Desde su despido, tiene dificultades para pagar el alquiler. En el último año y medio no ha podido hacer frente al pago. El propietario inició el procedimiento de desahucio, a pesar de los distintos intentos de conciliación que habían realizado Francesca junto al ASIA-USB, el sindicato de inquilinos y residentes que seguía el caso. Y a pesar de que la misma inmobiliaria posee ya decenas y decenas de pisos vacíos en la misma zona.
El 19 de septiembre, con un gran despliegue de fuerzas policiales (coste sufragado por los impuestos de los conciudadanos), Francesca, que se había encadenado al balcón de su casa, fue desalojada. Echada a la calle sin solución alternativa. Obligada a dormir en su coche.
Volvamos al pasado reciente. A mayo de 2019. La multinacional estadounidense Whirlpool anuncia de la noche a la mañana el cierre de la planta de Nápoles, con el consiguiente despido de 420 trabajadores. Los trabajadores se declaran inmediatamente en huelga y entre las primeras formas de protesta deciden salir a la calle y bloquear el cercano nudo de autopistas. Volverán a hacerlo varias veces a lo largo de los años, hasta que se encontró una solución positiva al conflicto, con la llegada de un nuevo propietario privado que se comprometió a reconvertir la producción, conservando a toda la plantilla restante. La lucha sirvió para defender los puestos de trabajo frente a la voluntad especulativa de la multinacional.
El pasado 18 de septiembre, la legislación fue aprobada por la Cámara de Diputados con 162 síes, 91 noes y 3 abstenciones. Antes de que se convierta en ley y pueda tener efectos concretos, deberá pasar por el Senado, donde se espera otro voto afirmativo
Francesca y los 420 trabajadores de Whirlpool no encajan en el perfil de delincuentes. Sin embargo, para el gobierno de Meloni lo son. Es lo que afirma el proyecto de ley (Disegno di Legge, Ddl) 1660, firmado por el ministro del Interior Piantedosi, el ministro de Defensa (Guerra) Crosetto y el ministro de Justicia Nordio.
El pasado 18 de septiembre, la legislación fue aprobada por la Cámara de Diputados con 162 síes, 91 noes y 3 abstenciones. Antes de que se convierta en ley y pueda tener efectos concretos, deberá pasar por el Senado, donde se espera otro voto afirmativo.
La norma introduce nada menos que 24 nuevos delitos y circunstancias agravantes. En resumen, más cárcel y penas más duras. Incluso para quienes se resistan a un desahucio, como Francesca, y para quienes protesten montando una barricada, como los ex trabajadores de Whirlpool. Hasta ahora, las sanciones administrativas eran las máximas; a partir de ahora serán penales. Esto convierte en delincuentes a los que se resisten y a los que luchan.
Tanto los medios de comunicación como el poder político suelen referirse al Ddl 1660 como el “decreto sobre seguridad”. De tal guisa lo colocan en un marco en el que la ultraderecha lucharía por la “seguridad” de los ciudadanos. Avalar esa denominación, como también está haciendo la oposición parlamentaria, es ceder al marco ideológico de la ultraderecha.
Sería mejor llamarlo con arreglo a su verdadera naturaleza: “decreto de la represión”, por ejemplo. O incluso “decreto Rete 4”, puesto que la mayoría de los nuevos delitos y penas son el precipitado legislativo de años de debates y tertulias promovidos por el canal de Berlusconi Mediaset. Primero vino la batalla de las ideas, luego este nuevo marco normativo que ofrece respuestas a estos temas —y a la particular lectura de las mismas— impuestas en la agenda del país por el poder mediático de la ultraderecha.
A la falta de un techo seguro de tantísimos ciudadanos, los medios de comunicación de ultraderecha llevan años respondiendo señalando con el dedo las ocupaciones de casas vacías por parte de los movimientos de lucha por la vivienda. Para la ultraderecha, el problema no es la ausencia de viviendas sociales (que en Italia representan el 4 por cien del total, frente al 17 por cien en Francia, el 18 por cien en Reino Unido e incluso el 35 por cien en Países Bajos), ni las más de 70.000 viviendas vacías en todo el país, ni los alquileres disparatados, sobre todo en las grandes ciudades (con subidas medias de precio del 10,2 por cien entre 2022 y 2023 y del 14,2 por cien en las 14 ciudades con áreas metropolitanas); si tantísimos ciudadanos no tienen casa es culpa de quienes ocupan inmuebles vacíos, quizá desde hace décadas.
Una explicación que va contra toda lógica, incluso numérica, y que se ha extendido a amplios sectores de la población.
De esta suerte, hoy el artículo 8 del Ddl 1660 puede señalar como enemigo a quienes ocupen una vivienda vacía y castigarlos con penas de prisión de 2 a 7 años. Con ello castiga también a quienes “impidan al propietario o a la persona legítimamente propietaria la recuperación de la propiedad», es decir, también a los inquilinos que ya no pueden pagar el alquiler, quizás porque se han quedado sin trabajo (como la Sra. Francesca) o porque el propietario ha decidido duplicar el importe o porque quiere alquilarlo a los turistas, más lucrativos. Y previendo penas de cárcel incluso para quienes, por solidaridad, participen en un piquete antidesahucios, por ejemplo.
Una norma, el artículo 8 del Ddl 1660, que defiende los intereses de los propietarios, empezando por los grandes, mientras no ofrece nada a quienes buscan una respuesta a sus necesidades de vivienda.
El bloqueo de carreteras o vías férreas pasa de ser una infracción administrativa a un delito penal: se corre el riesgo de pasar de 6 meses a 2 años en la cárcel si lo cometen varias personas (Art. 11). La ultraderecha afirma que se trata de un delito para asestar un golpe a las activistas ecologistas de Última Generación, que han organizado varios cortes de carreteras en los últimos años para concienciar sobre las políticas que nos están llevando al abismo de la destrucción planetaria. Protestas pacíficas identificadas como el enemigo a eliminar. Resulta estrambótico que el Ddl 1660 esté a punto de convertirse en ley contra los activistas por el clima precisamente cuando nuevas inundaciones asolan la Romaña, que ya había quedado postrada por las inundaciones de mayo de 2023.
Los que pueden verse afectados por la norma son precisamente los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo frente a las decisiones de las multinacionales y las grandes empresas de cerrar y quizás trasladarse a otro lugar
El relato de la ultraderecha en el gobierno es que la ley está destinada a dar “seguridad” a los trabajadores que se quedan atrapados en sus coches en su camino al trabajo por culpa de los cortes de tráfico de las activistas.
Sin embargo, potencialmente los que pueden verse afectados por la norma son precisamente los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo frente a las decisiones de las multinacionales y las grandes empresas de cerrar y quizás trasladarse a otro lugar. O incluso las y los estudiantes que detendrán el tráfico frente a sus colegios para protestar contra los edificios en mal estado o contra la enésima muerte de un alumno en el trayecto entre la escuela y el trabajo, debido al sistema que obliga a los alumnos a trabajar gratis en las empresas para poder graduarse.
No son los únicos afectados si intentan hacer valer su derecho con el arma de la protesta. Para los ciudadanos y movimientos que tratan de impedir grandes obras inútiles para los ciudadanos, pero muy útiles para las empresas, el “Decreto de la represión” introduce en el sistema penal un agravante que permite castigar con penas de hasta 20 años de cárcel a “los culpables de protestar”.
Una norma que parece haber sido escrita pensando en las manifestaciones de protesta contra el Puente del Estrecho, una megaobra de la que se habla desde hace décadas, destinando cientos de millones de euros a consultores y “expertos”, pero que las poblaciones de Sicilia y Calabria rechazan, haciendo hincapié en otras prioridades: medidas contra la sequía, infraestructuras ferroviarias, etc.
También se “prometen” años de cárcel a quienes, en prisión o en los CPR (Centros de Repatriación de Inmigrantes), se rebelen contra las duras condiciones impuestas por un sistema penitenciario que deshumaniza constantemente a cualquier persona que permanezca atrapado en él (arts. 18 y 19).
En Italia, distintas asociaciones llevan años denunciando el hacinamiento en las cárceles (que también le ha costado a Italia condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y situaciones que superan los límites de lo soportable. No es casualidad que el número de suicidios de personas presas continúe aumentando: 72 desde principios de 2024.
¿Cómo afronta el Gobierno este problema? No solo con la promesa de meter más gente en la cárcel, sino sobre todo con la prohibición absoluta de protestar para los detenidos. El “decreto de represión” introduce el artículo 415-bis, que castiga los “disturbios dentro de una institución penal” con penas de prisión de entre 2 y 8 años (y en algunos casos de hasta 20 años).
Incluso la “resistencia pasiva” se convierte en delito, penado con hasta 4 años de cárcel. ¡Con esta norma terminarían en la cárcel hasta las sufragistas, Gandhi o Martin Luther King!
Siguiendo con el tema de las prisiones, el proyecto de ley 1660 plantea la mano dura incluso contra las presas que son madres (art. 12): si hasta hoy existía el traslado obligatorio de prisión para las madres con hijos de hasta un año y para las embarazadas, a partir de ahora esa disposición depende del criterio del juez. Con la posibilidad concreta de que la cárcel también se llene de recién nacidos. Si esta es la protección de la vida de madres e hijos que tiene en mente la ultraderecha...
Por otro lado, el gobierno asigna más poderes, más protección (art. 14 y 15) y más libertad a las fuerzas policiales. Frente a los movimientos que reclaman desde hace años el establecimiento de códigos de identificación para la policía, al objeto de poder identificar a los autores de abusos vistiendo un uniforme de policía, el gobierno responde otorgando a los agentes de policía la facultad de poseer una segunda arma personal al margen de la reglamentaria y fuera del servicio (art. 20), así como la autorización para instalar cámaras corporales para la policía, al objeto de protegerlos solo a ellos y no a quienes tienen delante.
La creatividad de la ultraderecha se detiene cuando la invención de nuevos delitos pudiera afectar a empresarios y trabajadores de cuello blanco. El ministro Nordio ha reiterado en varias ocasiones su oposición a la introducción del delito de “homicidio en el puesto de trabajo», que afectaría a aquellos empresarios que por su conducta activa o negligente causen “lesiones graves y muy graves” o incluso la muerte de uno de sus empleados. El pasado mes de febrero declaraba que “el delito de homicidio en puesto de trabajo no es suficientemente disuasorio, estoy en contra”.
Asimismo, el 17 de septiembre, un día antes de que se aprobara el Ddl 1660 en la Cámara de Diputados, la Inspección Nacional de Trabajo, de conformidad con el Ministerio de Trabajo, emitió una circular en la que nada menos que 39 infracciones cometidas por los empresarios ya no se castigaban con multas económicas, sino con meras advertencias y una orden de cumplimiento.
Según el “Osservatorio Repressione”, con el Ddl 1660 entramos en lo que se denomina “un Estado policial”. Y a esto se suma el hecho, añade la asociación que desde hace años libra la batalla en defensa de las libertades individuales y colectivas y contra los abusos de los cuerpos de policía, de que todo esto se está produciendo “con el silencio cómplice de las ‘oposiciones parlamentarias’, que aparte de un voto en contra puramente para la galería, no han movido un dedo para oponerse realmente a las nuevas leyes ‘fascistísimas’ [...]. Al contrario: ¡¡¡de los aproximadamente 160 parlamentarios de la oposición, en el momento de la votación en el hemiciclo solo se encontraban 91!!! Y esto no es todo: [...] el PD y el Movimiento Cinco Estrellas presentaron algunos órdenes del día (aceptados por el gobierno) comprometiendo a este último a aumentar el gasto para contratar nuevos policías y guardias de prisiones: la enésima prueba de cómo [...] en lo fundamental todos están unidos en la dirección de un endurecimiento de los dispositivos represivos, funcionales a la guerra y a la economía de guerra”.
Los derechos no existen por el mero hecho de que estén escritos en un papel. Hay que ejercerlos, defenderlos y ampliarlos
El “Ddl de la represión” no es solo una medida autoritaria del gobierno de ultraderecha. Es un manifiesto político. Señala al enemigo conforme a categorías específicas, al objeto de proyectar la ira y la frustración que se extiende cada vez más por amplios sectores de la población lejos de los verdaderos responsables. Criminaliza la cultura de la solidaridad, la participación en los momentos de lucha de las personas con dificultades laborales o de vivienda, al tiempo que promueve un estilo de vida basado en el “yo estoy a lo mío y nada más”, es decir, en el aislamiento total y en la autocensura. Criminaliza el conflicto mismo y, de tal guisa, constituye un ataque no solo a las libertades democráticas, sino también y sobre todo a los derechos sociales.
Porque los derechos no existen por el mero hecho de que estén escritos en un papel. Hay que ejercerlos, defenderlos y ampliarlos.
El gobierno de la ultraderecha los mantiene formalmente intactos. Pero transforma en delito los instrumentos necesarios para concretar esos mismos derechos, los medios necesarios para bajarlos del cielo de la abstracción a la tierra de la vida cotidiana de las clases trabajadoras.
