PP y Vox impulsan la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Cantabria
La derecha y la extrema derecha inician el proceso de derogación de la Ley de Memoria Democrática en Cantabria, provocando reacciones de PRC, PSOE y asociaciones de víctimas del franquismo
El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, en un paso promovido por el Partido Popular (PP) y Vox que ha generado una intensa reacción política y social en la región. La proposición de ley fue aprobada durante la sesión plenaria de este lunes, iniciando los trámites legislativos para suprimir una normativa que había sido ratificada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la anterior legislatura, cuando ambos partidos gozaban de mayoría en la Cámara autonómica.
La ley, que tenía como fin reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, ha sido criticada por el actual gobierno de coalición de PP y Vox. Los portavoces de ambos partidos consideran que la normativa fomenta divisiones entre los españoles y no responde a las preocupaciones actuales de la ciudadanía cántabra, que, según sostienen, está más preocupada por cuestiones económicas y sociales que por el pasado histórico. Tanto el PP como Vox argumentaron en el pleno que la Ley de Memoria Histórica es una medida "sectaria" que prioriza una visión "sesgada" de los hechos históricos de la Guerra Civil y el franquismo.
Frente a esta postura, el PRC y el PSOE votaron en contra de la derogación y expresaron su rotundo rechazo. Ambos partidos han insistido en que la ley es fundamental para mantener viva la memoria de las víctimas de la represión franquista y se comprometieron a restablecer una nueva ley si logran recuperar la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones. Pablo Zuloaga, líder del PSOE en Cantabria, calificó la derogación como un "retroceso en los derechos humanos" y una "traición" a las víctimas del franquismo. Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC, condenó la medida y la describió como un intento de "borrar la memoria histórica" de quienes sufrieron durante la dictadura según informan fuentes de El País.
La decisión de PP y Vox en Cantabria sigue la línea adoptada en otras comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde estas formaciones ya han impulsado acciones similares para derogar o modificar las leyes regionales de memoria histórica. Esta estrategia forma parte de un movimiento más amplio de revisión de las políticas de memoria histórica a nivel autonómico, en contraposición a las medidas adoptadas por el gobierno central.
La derogación ha generado reacciones en la sociedad civil. Diversas asociaciones de memoria histórica, junto a colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos, han alzado su voz contra la medida. En Cantabria, estos grupos han empezado a organizar un movimiento en defensa de la Ley de Memoria Democrática, denunciando que su derogación representa una amenaza para los avances logrados en el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo. Las asociaciones subrayan que esta ley no solo garantiza la exhumación de fosas comunes y la dignificación de las víctimas, sino que también contribuye a una reflexión colectiva sobre el pasado que evita repetir errores históricos.
El portavoz de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria lamentó la decisión del Parlamento y advirtió que la derogación "revictimiza" a quienes ya sufrieron la represión franquista. Añadió que "sin memoria no hay democracia" y que suprimir la ley es una forma de negar el sufrimiento de miles de personas que padecieron la dictadura. En este sentido, diversas plataformas sociales han convocado protestas y actos en defensa de la ley, a la vez que se han organizado charlas y debates para sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener viva la memoria democrática.
A nivel nacional, la derogación de la ley cántabra también tiene implicaciones. En 2022, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aprobó la Ley de Memoria Democrática a nivel estatal, que obliga a todas las administraciones públicas a implementar medidas para la recuperación de la memoria histórica. Estas incluyen la exhumación de víctimas del franquismo, la reparación de sus derechos y la promoción de políticas de verdad, justicia y no repetición. Sin embargo, la derogación de leyes autonómicas como la de Cantabria pone en entredicho la implementación de esta normativa en algunas regiones y podría reavivar el debate sobre la relación entre las competencias del gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por PP y VOX en esta materia.
El futuro de la Ley de Memoria Democrática en Cantabria sigue siendo incierto, aunque la decisión del Parlamento autonómico ha dejado claro el rumbo que la nueva mayoría conservadora pretende seguir. Las próximas semanas serán clave para determinar si esta derogación se consolida y cuál será la respuesta de las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas que defienden el mantenimiento de la memoria histórica en la región.
