Izquierdas soberanistas y republicanas: Acentuar una alianza necesaria
Estamos en verano y se me ha ofrecido la oportunidad de escribir en este periódico textos para el debate sosegado, estableciendo un paréntesis a la actividad parlamentaria que, a veces y paradójicamente, no nos deja pensar.
El texto es una reflexión puramente personal y con el objetivo de abrir diálogo con fuerzas políticas con quien podemos y debemos cooperar.
Brevemente, quiero ofrecer una contextualización sobre unas propuestas y enfoques. En la última década, dos movimientos con un gran potencial revolucionario —digo potencial— emergieron con la voluntad de transformar el régimen borbónico: el 15M, que desembocó en la creación de Podemos, y el independentismo republicano catalán. Ambos movimientos, con un fuerte carácter social y un enfoque en un nuevo modelo de Estado, fueron capaces de reunir un amplio apoyo popular que desafió el marco constitucional actual, heredado del franquismo.
Estos movimientos desafiaron la hegemonía del sistema financiero internacional y los poderes fácticos del Estado, abogando por una radicalidad democrática, en un caso, y por una ruptura con las políticas liberales y socio-liberales del PP, el PSOE, el PNV y CiU, en otros.
El independentismo republicano catalán, en particular, introdujo la idea del “derecho a decidir”, un eufemismo para hablar del derecho a la autodeterminación, que encontró eco también en algunos sectores de Podemos.
En nuestro caso, hablamos de un proceso revolucionario democrático liderado por el republicanismo catalán que es capaz de movilizar a amplias capas de la población catalana, logrando las mayores manifestaciones de la reciente historia de Europa y realizando el acto de desobediencia civil más multitudinario de las últimas décadas: el referéndum del 1 de octubre de 2017.
La fuerza de estos movimientos fue tal que ambos, —sí, es cierto que con mayor intensidad contra el independentismo catalán— fueron objeto de una dura represión por parte del Estado y todas sus instituciones, con la monarquía a la cabeza desde el 3 de octubre de 2017. Esta dura represión, que incluyó guerra sucia, significó un duro golpe para un independentismo catalán que midió mal sus fuerzas para hacer frente al Estado, o que, aun midiendo bien, decidió seguir adelante por la dignidad del país.
La discrepancia interna y la guerra sucia acabaron rompiendo Podemos, que hoy está dividido entre Sumar y Podemos, por un lado, mientras que los años de cárcel y exilio llevaron al independentismo a una posición defensiva con un objetivo obligado como organización: liberar a los presos de las cárceles, conseguir indultos, pero sobre todo lograr una amnistía para todos los represaliados políticos, que es donde nos encontramos ahora.
La ruptura entre Junts y ERC era solo cuestión de tiempo, pero eso sería tema para otro artículo.
Sin embargo, contra todo pronóstico, no cabe duda de que el independentismo republicano continúa vivo, a pesar de quienes desean verlo enterrado. La prueba son los dos últimos ataques lanzados a los fundamentos del Estado: 1) la ley de amnistía y 2) la propuesta de una financiación que rompe con el modelo de financiación autonómica, encaminándola hacia un sistema más propio de un Estado federal o confederal. No son elementos menores. Buena prueba de ello es la oposición de los aparatos del Estado y sus altavoces mediáticos.
El acuerdo no es revolucionario, pero sí busca corregir una injusticia histórica que ha sido ampliamente reconocida y que, en teoría, mejorará la financiación en Catalunya
Y en esta encrucijada nos encontramos. Existe un pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y, principalmente, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en torno a la amnistía y el modelo de financiación, lo que ha suscitado preocupaciones sobre lo que sus detractores consideran una supuesta "federalización" del Estado y sus implicaciones para la Constitución de 1978.
Pero esto no es así; en este caso, muy a mi pesar, no son propuestas revolucionarias. Son un acuerdo entre dos necesidades: las del PSOE y las de ERC, que ha implicado cesiones muy importantes para ambos partidos en el ámbito de los derechos nacionales y sociales. Hablamos en el mejor de los casos de propuestas socialdemócratas que no es poco en una Europa claramente (neo) liberal.
En primer lugar, acusar al pacto de ser un paso hacia una “mutación constitucional” que desestabiliza el tejido legal español omite la realidad de que las desigualdades existentes en la financiación autonómica son el resultado de un sistema que perpetúa la opacidad y el expolio fiscal de muchos territorios del Estado. Sin embargo, dentro de esos territorios hay personas, y no es justo que haya regiones expoliadas que no cuenten, por ejemplo, con los recursos necesarios para financiar servicios públicos adecuados o que no puedan implementar políticas sociales suficientes para sacar a centenares de miles de menores del umbral actual de pobreza. Mientras receptores de recursos presentan una fiscalidad laxa y claramente injusta.
El acuerdo no es revolucionario, como he mencionado, pero sí busca corregir una injusticia histórica que ha sido ampliamente reconocida y que, en teoría, mejorará la financiación en Catalunya. Contrario a las críticas, esta medida no rompe la cohesión entre los ciudadanos, sino que busca fortalecerla al ofrecer una respuesta a las demandas de un territorio que ha contribuido sistemáticamente más de lo que recibe, sin renunciar a pagar una cuota de solidaridad.
La afirmación de que estas medidas federalizantes no son compatibles con el modelo constitucional actual ignora la realidad histórica del Estado español y desestima también el creciente reconocimiento de la realidad plurinacional de España entre amplios sectores de la sociedad de los diferentes pueblos que componen el Estado, como nunca había sucedido.
La historia reciente ha mostrado la necesidad de reestructurar el marco constitucional para incluir todas las voces y aspiraciones de sus pueblos. La propuesta de una financiación más justa y el derecho a la autodeterminación no son intentos de romper unilateralmente la unidad del Estado, sino de establecer una relación más equitativa que reconozca la diversidad del territorio español. Propuestas que siempre han sido desestimadas.
La amnistía y la financiación justa se presentan como elementos que van más allá de meros acuerdos políticos; son fundamentales para garantizar la reorientación política de unas sociedades muy polarizadas
De hecho, esta propuesta es la última oferta del independentismo republicano para avanzar hacia una unión libre de pueblos libres —la anterior fue el estatuto de 2006, que fue mutilado por el TC, a pesar de haber sido aprobado en referéndum legal por el pueblo de Catalunya; de esos polvos, estos lodos—. Se trata de volver a extender la mano y construir un Estado a partir de la libertad de sus diferentes pueblos.
Al mismo tiempo, la demanda de radicalidad democrática exige también un Estado en el que se puedan implementar políticas de izquierda soberanas y no condicionadas por una Constitución que no resulta útil, casi 50 años después de su aprobación, desde la perspectiva de amplias capas de la población sometidas a ella.
Se critican a Pedro Sánchez y a ERC por presuntamente actuar en contra de su programa electoral, pero ignorar la evolución de la situación política y social es, en sí mismo, un error de juicio. La ley de amnistía, por ejemplo, es una respuesta necesaria a la historia reciente y refleja el deseo de resolver políticamente —y no judicialmente— un conflicto político.
El derecho a decidir, defendido por el independentismo republicano, y la búsqueda de una financiación más equitativa son pasos hacia una transformación que permitirá establecer una relación más justa y horizontal entre los diferentes pueblos
Hay cesiones de ambas partes, y la prueba está en la dura oposición de las derechas nacionalistas, tanto españolas como catalanas. La amnistía y la financiación justa se presentan como elementos que van más allá de meros acuerdos políticos; son fundamentales para garantizar la reorientación política de unas sociedades muy polarizadas. Se trata de ganar tiempo haciendo una parte del camino juntos, sin que nadie renuncie a nada. Nadie debe dejar de ser lo que es mientras mejoramos nuestra sociedad.
El argumento de que los derechos históricos de Catalunya y otros territorios amenazan la ciudadanía española se basa en una visión simplista o anacrónica. La realidad es que la ciudadanía se enriquece al reconocer la pluralidad de identidades y aspiraciones nacionales presentes en España. En este sentido, el derecho a decidir, defendido por el independentismo republicano, y la búsqueda de una financiación más equitativa son pasos hacia una transformación que permitirá establecer una relación más justa y horizontal entre los diferentes pueblos.
La consolidación de una alianza entre las diversas izquierdas, que trascienda la división y busque una respuesta federal o confederal, es vital para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa y frenar el avance imparable de la extrema derecha
Si se añaden aspectos simbólicos como el reconocimiento nacional de Catalunya, el blindaje de la lengua catalana, las selecciones deportivas nacionales, etc., estaríamos hablando de un paso gigante en la resolución de un conflicto histórico entre pueblos y concepciones de España, así como entre los ciudadanos de la propia Catalunya. Un Estado plurinacional que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos no debe ser una cárcel ni para los pueblos ni un veto a propuestas políticas realmente de izquierdas que defiendan los intereses de las clases trabajadoras en su máxima pluralidad —asalariados/as, autónomos/as, pensionistas, pequeño empresariado, etc.—. Este es un proyecto que puede contar con el apoyo de un 80% de la población en Catalunya y un porcentaje más alto de lo que se cree —en Catalunya— en España.
Además, es crucial señalar que el acuerdo alcanzado con ERC no es solo un intento de salvaguardar el poder de Pedro Sánchez en un momento de ofensiva de extrema derecha en España y Europa sin precedentes por su fuerza, sino que busca sentar las bases de una nueva dinámica en la que la colaboración entre fuerzas progresistas pueda florecer.
La capacidad de confluencia entre el independentismo republicano y otras fuerzas de izquierda podría ser un antídoto a los desafíos que enfrenta el país. La consolidación de una alianza entre las diversas izquierdas, que trascienda la división y busque una respuesta federal o confederal, es vital para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa y frenar el avance imparable de la extrema derecha.
Por último, el rechazo al pacto por parte de los adversarios de Sánchez, que lo califican de "crisis constituyente” en España y de traición en una parte del independentismo catalán, no considera que, en realidad, la resistencia al cambio es la que perpetúa un sistema que ha demostrado su incapacidad para satisfacer las voluntades de la ciudadanía. La oposición a un sistema que busca justicia y equidad no solo es un error político, sino una falta de visión sobre lo que realmente significa construir un Estado más inclusivo, democrático, social y de derecho, sin que este sea una cárcel para los pueblos que desean ejercer democráticamente el derecho a la autodeterminación.
De hecho, tiro piedras sobre mi propio tejado como independentista, pues sin duda un Estado español mejor, republicano y más justo puede inclinar la balanza a favor de una convivencia en un mismo estado en un futuro referéndum de independencia.
Por lo tanto, digo a las personas de los diferentes pueblos que no deben ver el pacto entre ERC y PSOE como una amenaza; debemos reconocerlo como una oportunidad para sanar, construir puentes y avanzar hacia un Estado que realmente represente a todos sus pueblos en libertad. La lucha por una financiación justa y equitativa no solo beneficia a Catalunya, sino que plantea un reto al sistema injusto que ha prevalecido en el Estado.
La convergencia de fuerzas progresistas, y aquí pienso en los compañeros de Podemos, quienes hoy parecen los únicos en el Estado dispuestos a establecer un debate de tú a tú con lo que propongo (...) permitirá avanzar hacia una república social verdaderamente unida, donde todos los pueblos tengan sus derechos plenamente garantizados
Si, además, este pacto puede ser el catalizador para abrir un debate más amplio sobre justicia social e igualdad territorial, entonces estamos ante una transición necesaria que debería ser apoyada, no vilipendiada.
En resumen, el futuro del independentismo republicano y su potencial para articular alianzas con las fuerzas progresistas sugiere, en mi interpretación, que estamos en el umbral de una oportunidad histórica.
Si se trabaja en la construcción de una plataforma común, se puede desafiar efectivamente las dinámicas de poder que han dominado el contexto español durante décadas. La convergencia de fuerzas progresistas, y aquí pienso en los compañeros de Podemos, quienes hoy parecen los únicos en el Estado dispuestos a establecer un debate de tú a tú con lo que propongo —un cambio dirigido hacia la ruptura con un régimen que perpetúa desigualdades— permitirá avanzar hacia una república social verdaderamente unida, donde todos los pueblos tengan sus derechos plenamente garantizados. Solo así podremos enfrentar los desafíos del futuro y construir una sociedad más justa y democrática para todos.
Es importante señalar que el congreso de ERC en noviembre será fundamental, así como es crucial que los miembros de Podemos y fuerzas a la izquierda del PSOE y por qué no, a pesar de mi pesimismo en este punto, con un PSOE fiel a los intereses de sus votantes, crean en la potencialidad de sus raíces de izquierda. Sin duda, una alianza estratégica entre las izquierdas soberanistas y la de los diferentes pueblos, unida a una opción republicana sin ambigüedades, tiene un gran futuro.