El PP de Ceuta y los niños no acompañados
En agosto de 2021, decenas de niños no acompañados fueron devueltos de manera ilegal a Marruecos a través de la frontera de Ceuta. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), siempre ha reivindicado y “asumido toda la responsabilidad” de esta acción por la que, en la actualidad, se encuentran imputadas las dos mujeres que entonces ostentaban la Delegación del Gobierno y la consejería del ramo. Hablamos del mismo Juan Vivas que lleva meses recorriéndose los medios nacionales con gesto y verbo de hombre moderado, razonable y hasta preocupado por el futuro de los menores que migran solos. Y que recibe la comprensión y el apoyo de personalidades progresistas que, a buen seguro, desconocen la gestión que, en este ámbito, ha venido realizando el Partido Popular durante sus más de veinte años al frente de la corporación ceutí. La hipocresía es lacerante y conviene ponerla al descubierto.
El espectáculo al que estamos asistiendo sólo puede ser calificado de lamentable. Vivas no ceja en su empeño de pedir “ayuda y solidaridad” al resto de compatriotas para combatir una situación “sobrevenida” que tiene a Ceuta “saturada” y “colapsada”. Al parecer, unos pocos centenares de niños “asfixian” (verbo que utilizó el actual consejero del área, Alberto Gaitán, en sesión plenaria) a un territorio de más de 80.000 habitantes y con una capacidad presupuestaria de cerca de cuatrocientos millones de euros. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿De verdad es tan “insostenible” esta situación? Si la respuesta es afirmativa, toca preguntarse por qué. Y aquí hay que hablar de la absoluta responsabilidad del presidente de Ceuta y de todos los gobiernos que ha presidido hasta el día de hoy. Gobiernos que siempre han asumido el marco mental del “efecto-llamada”, limitándose, en consecuencia, a “dar lo mínimo exigible” (a veces ni eso, como veremos) a los menores a su cargo. Porque esto último es importante recalcarlo y recordarlo.
La legalidad internacional establece que un niño es un niño por encima de cualquier otra condición administrativa. Es decir, un menor migrante, antes que migrante, es un menor
La Ciudad de Ceuta tiene transferidas las competencias en materia de Menores. Asimismo, la legalidad internacional establece que un niño es un niño por encima de cualquier otra condición administrativa. Es decir, un menor migrante, antes que migrante, es un menor. La condición de menor prima sobre la condición de migrante, lo que implica que el Gobierno de la Ciudad (competente en el área) tiene la obligación legal de procurar el bienestar de todo niño no acompañado que pisa territorio ceutí. ¿Ha sido así? En absoluto.
Al margen de las ya mencionadas devoluciones ilegales reivindicadas por el presidente, hay que señalar que la propia Fiscalía tuvo que intervenir hace unos años para que los menores tutelados por la Ciudad dejasen de estar hacinados y fueran reubicados en un lugar que reuniese las condiciones básicas requeridas por la ley. En la misma línea, la escolarización de estos niños ha sido una batalla histórica protagonizada por diferentes colectivos, actores individuales y formaciones políticas de izquierdas ante un todopoderoso PP siempre reticente a que “el MENA se mezcle con los demás”. Ante un Partido Popular que, en definitiva, no quiere “tener que hacerse cargo” de un solo menor extranjero no acompañado. Esta es la razón por la que, en las intervenciones públicas de Vivas y los miembros de su Gobierno, la condición de migrante predomina, siempre y de una forma u otra, sobre la de menor. Porque la competencia en política de Extranjería corresponde al Gobierno Central.
Resulta vergonzante que una ciudad-frontera como Ceuta, que vive este fenómeno desde hace dos décadas, no disponga de un Centro de Menores acondicionado para proporcionar alojamiento. El proyecto existe desde hace siete años, pero el Partido Popular no ha colocado una sola piedra. Sencillamente, no considera que sea su responsabilidad y por ello insiste en trasladar a la opinión pública (retorciendo la legalidad vigente) que se trata de una cuestión de Extranjería, competencia, por tanto, del Ministerio. Partiendo de esta base, la situación de “colapso” y “saturación” pregonada y denunciada por Juan Vivas sólo puede ser entendida como algo buscado y en absoluto “sobrevenido”, la consecuencia lógica de una evidente, irresponsable y rotunda dejación de funciones del Gobierno de la Ciudad.
Ceuta, un territorio que pierde población y que recibe una cantidad ingente de dinero proveniente de los Presupuestos Generales del Estado, podría acoger perfectamente a cuatrocientos menores. Y a seiscientos. Lo que ocurre es que el Partido Popular no quiere, y su nivel de inversión en este ámbito es absolutamente coherente con una postura xenófoba, cruel e insolidaria y, en el fondo, similar a la de Vox, ya que ambas formaciones señalan y estigmatizan a los niños no acompañados (uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad), calificándolos de “problema para los ceutíes”. La extrema derecha desea deportarlos al país vecino; el PP local, consciente de la imposibilidad legal de hacer lo propio y obligado a buscar alternativas, insiste en “repartirlos” (usando en ocasiones este mismo término, como si hablásemos de mercancía) entre el resto de Comunidades Autónomas, pero no porque considere que desplazarse a la Península sea un derecho que asiste al menor, sino porque entiende —y cuesta imaginar otro ejemplo de dislexia moral tan aberrante— que “librarse” de estos niños es un “derecho” de los y las ceutíes, al igual que el presidente de Andalucía considera que negarse a acogerlos es también un “derecho” del pueblo andaluz. El fondo es el mismo, hablemos de Moreno Bonilla, de Abascal o de Vivas: todos rechazan a los niños.
El Partido Popular entiende el fenómeno migratorio como una amenaza de la que defendernos y una oportunidad económica de la que sacar provecho
En realidad, el problema nunca ha sido numérico, sino de enfoque. El Partido Popular entiende el fenómeno migratorio (hablemos de adultos o de niños), no como algo natural que debe gestionarse desde la racionalidad y la asunción del derecho de los seres humanos a moverse libremente en un mundo globalizado, sino como una amenaza de la que defendernos, por un lado, y una oportunidad económica de la que sacar provecho, por el otro. Así lo han expresado, en declaraciones a medios de comunicación ceutíes, tanto Javier Celaya como Juan Bravo. El primero, diputado por Ceuta en el Congreso, abordando la cuestión en términos securitarios y solicitando “medidas para combatir el efecto-llamada”; el segundo, que anteriormente ocupó el puesto del primero y en la actualidad ejerce de “gurú” económico de Feijóo, hablando de “atender aquellas situaciones que nos puedan interesar como país” y de “tener mano dura para que todo el mundo sepa cuales son las condiciones en las que vivimos en España”. Ambos están donde están gracias a Juan Vivas, el moderado.