El desafío
Julio Anguita popularizó la archiconocida expresión “programa, programa, programa”, con la que quería dignificar la política frente a otro tipo de consideraciones. No le faltaba razón, pues la tarea política carece de sentido si no está dirigida a llevar a cabo medidas que mejoren la vida de las personas.
Ahora bien, como ha escrito el escritor mexicano Óscar de la Borbolla: “La realidad no nos enseña nada, pero nos obliga a aprender”.
Hoy, creo, sabemos algunas cosas más. En los últimos ciclos de luchas por la justicia social hemos aprendido que tan importante es el programa como el discurso. Si una formación política incorpora en sus programas medidas democratizadoras, pero su discurso es tibio o contemporizador, la probabilidad de que aplique esas medidas será escasa.
Más aún, hemos aprendido que igual o más importante que el programa es la voluntad de cumplirlo. Las élites económicas, a través de sus brazos mediáticos, suelen realizar todo tipo de campañas para destruir la reputación de las y los dirigentes que tengan la determinación de cumplir un programa democratizador. Y no todo el mundo está dispuesto a sufrir los ataques del poder mediático: la reputación personal puede protegerse con cesiones programáticas.
Claro está que el cieno mediático es el mejor de los escenarios. Más grave aún son el lawfare, la guerra económica y, por supuesto, los clásicos golpes de Estado. El lawfare revela, entre otras cosas, que el poder judicial puede ser un serio obstáculo para cualquier Gobierno progresista.
La guerra económica admite muchas variantes. El desabastecimiento provocado por las élites empresariales es quizá el fenómeno más conocido, pero también los poderes públicos capturados pueden declarar la guerra económica. Es lo que sucedió con la crisis del euro. En España, el presidente Zapatero renunció a la salida social a la crisis y sucumbió ante las presiones de la troika, llegando incluso a modificar el artículo 135 de la Constitución de la mano del Partido Popular. El caso griego nos enseña que un Gobierno transformador también debe contar con planes de emergencia frente al chantaje financiero (Varoufakis los formuló, quizás con retraso). El principal problema de la democracia es la dificultad de llevar a cabo un programa de izquierdas, más aún en el marco de la globalización, incluso en esta globalización desacelerada. Todavía hoy la soberanía está secuestrada por sofisticados mecanismos de gobernanza antidemocrática. También en esta Unión Europea, en la que el Banco Central Europeo forma parte del problema.
Los golpes de Estado tradicionales quizá no sean ya tan frecuentes, pero no hay que descartarlos ni en los países de nuestro entorno. La desmemoria democrática de España tiene mucho que ver con el objetivo inconfesable de que la ciudadanía no sepa que el golpe de 1936 fue una respuesta oligárquica a un programa político de redistribución de la riqueza.
Ciertamente, el principal desafío de la izquierda no es elaborar un programa para avanzar en justicia social, sino cómo llevarlo a cabo frente a la acción reaccionaria de numerosos poderes ilegítimos que golpean a la democracia. Por eso la izquierda debe reforzar las líneas programáticas que se dirigen a democratizar todos los poderes públicos y privados. Democratizar los poderes mediático, tecnológico, financiero, monetario, judicial o burocrático es condición de posibilidad para materializar las luchas laboristas, feministas, pacifistas y ecologistas. Que la experiencia no sea en vano. Vienen tiempos para la organización popular.