Aguirre, la cólera de Dios
Ya perdonará el lector o lectora el equívoco, pero no nos estamos refiriendo con el titular de este editorial a la película de Werner Herzog, protagonizada por Klaus Kinski, en la que un grupo de conquistadores españoles liderados por Lope de Aguirre se ve asediado por las fuerzas de la naturaleza, por el hambre y por los indígenas en su exploración de la selva amazónica y acaban delirando y matándose entre ellos, con un Lope de Aguirre completamente desquiciado en la escena final manifestando que quiere gobernar el nuevo continente con su hija —que acaba de morir— como su esposa. (Perdón por el spoiler.)
Lo que queremos tratar hoy, por el contrario, es el último auto del juez Joaquín Aguirre en el así llamado 'caso Voloh' o 'trama rusa del procés'; una causa de contenido psicotrópico a la que dio inicio el propio Aguirre ordenando a la Policía detener a 30 personas en 2018 y que incluye elementos como un supuesto plan según el cual Vladimir Putin iba a prestar 10.000 soldados rusos para ser desplegados en Catalunya y garantizar así su independencia.
Después de repetidos llamados de atención por parte de sus superiores en la Audiencia de Barcelona y sin que apareciese ningún tipo de indicio nuevo desde 2020 que justificase la investigación, el juez que se inventó el bulo de que Puigdemont escapó "en el maletero de un coche", ha hecho público este viernes un nuevo auto mediante el cual pide al Tribunal Supremo que impute por un presunto delito de traición a Carles Puigdemont y a otras personas relevantes relacionadas con los acontecimientos en torno al punto álgido del proceso independentista en 2017. Obviamente, la motivación política de este último movimiento consiste en que la traición no forma parte de los delitos cubiertos por la recientemente aprobada Ley de Amnistía.
En el auto de Aguirre —quizás escrito rodeado de mosquitos, completamente solo y a la deriva en una balsa de madera en el río Amazonas—, se justifica la decisión mediante un bizarro análisis geopolítico de 56 páginas en el cual el juez habla sobre que "las amenazas híbridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestro tiempo", profundiza también en las ideas de "ciberterrorismo", "hacktivismo", "guerra de nueva generación" o "zona gris" para justificar que los independentistas estaban abriendo la puerta a una posible intervención militar rusa en nuestro país, acusa a Artur Mas de "elegir la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder" cuando realmente sería "el enemigo de la colectividad catalana", explica que "habiendo desaparecido el elemento cohesionador dela religión debido al avance de la ciencia, si se quiere obtener por un grupo político un nuevo relato que cohesione a una comunidad se debe elegir una idea común a la mayoría de los habitantes de una zona geográfica y que sea de la suficiente importancia como para tenerla muy arraigada en su interior, una idea que forme parte de la vivencia habitual de esa mayoría de ciudadanos de un territorio" y establece que la estructura económico-financiera de la operación pasaría por "la obtención de ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España, mediante su influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas".
Es legítimo que, ante la lectura de semejantes párrafos, a cualquiera le entre la hilaridad y bastante vergüenza ajena por los desvaríos de un señor mayor con delirios de grandeza
Es legítimo que, ante la lectura de semejantes párrafos, a cualquiera le entre la hilaridad y bastante vergüenza ajena por los desvaríos de un señor mayor con delirios de grandeza. El problema es que la situación no tiene nada de graciosa. Incluso aunque los cuentos para no dormir del juez Aguirre acaben en nada —algo que debería ocurrir con inmediatez si los magistrados del Tribunal Supremo no quieren perder el poco prestigio que les queda—, hemos podido ver cómo la voluntad enfermiza de un solo hombre, sin ningún tipo de sanción, sin que su puesto de trabajo haya peligrado en ningún momento, de hecho, muy posiblemente garantizándose su ascenso en el futuro si eso depende del PP, ha bastado para mantener abierta durante cuatro años una causa judicial sin pies ni cabeza y para abrir todos los telediarios y las portadas de España con su último auto.
En la misma semana en la que se ha reiniciado el proceso de lawfare que la extrema derecha, con la connivencia de la judicatura y de buena parte de los medios de comunicación, utilizó para destruir políticamente a Mónica Oltra, volvemos a contemplar otro indignante ejemplo más de lo que ya vimos hacer a García Castellón o al juez Escalonilla contra Podemos: la intoxicación espuria de la agenda política y mediática y la subversión del proceso democrático por parte de personas con un poder prácticamente absoluto para retorcer el derecho hasta bordear la prevaricación.
Del mismo modo que está completamente claro que los 10.000 cosacos rusos que iban a proteger militarmente la nueva Catalunya independiente están en el mismo plano de realidad que Lope de Aguirre desposando a su hija muerta para gobernar el nuevo continente, también es absolutamente obvio que, si no somos capaces de articular democráticamente los mecanismos necesarios para impedir que determinados magistrados individuales actúen políticamente con mimbres delincuenciales y con total impunidad, perfectamente puede pasar que, dentro de unos años, no quede ninguna democracia que proteger.
